Por supuesto que es una buena noticia que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) haya decidido cesar el procedimiento que ese tribunal internacional desplegó durante 17 años ante las dudas de que en Colombia se impartiera justicia de verdad frente a los crímenes relacionados con el conflicto armado colombiano.
Eso nos saca de una triste lista en la que estábamos al lado de países africanos o de la propia Venezuela, en los que el funcionamiento de las instituciones es un auténtico sainete. Las cosas no son así en Colombia, y aunque la justicia nos deba mucho todavía a los ciudadanos, instituciones como la Fiscalía General han hecho un trabajo importante en las últimas décadas que no se puede desconocer.
Ahora bien, tratándose de la JEP conviene decir que el espaldarazo de la CPI no es un cheque en blanco. El fiscal Karim Khan insistió una y otra vez en que, si llegara a determinar que los procesos en curso son una farsa, no dudaría en intervenir desde el tribunal internacional, con lo cual el voto de confianza viene condicionado.
Aunque la CPI lanza un fuerte mensaje a quienes quieren borrar de un plumazo a la JEP e insisten en proyectos de reforma constitucional o referendo para desaparecerla y les hace prácticamente imposible ese camino, el apoyo del tribunal internacional no puede volver intocable a esa institución de justicia transicional.
La JEP no puede creer que lo ha hecho todo bien. Sus magistrados no fueron capaces nunca de hacer un ‘mea culpa’ frente a la demora en la expulsión de personajes siniestros como ‘Iván Márquez’ y el ‘Paisa’, y esta es la hora en que ni la Corte Suprema ni la Jurisdicción Especial para la Paz le han puesto la cara al país para explicar por qué su excesivo garantismo permitió la fuga e impunidad del criminal ‘Jesús Santrich’.
Pero además de conceder libertades condicionales a diestra y siniestra, la JEP todavía está en mora con las víctimas de establecer las primeras sanciones contra los victimarios y no es claro que la reparación material vaya a ser un hecho, cuando las Farc no han entregado ni una mínima parte de lo que se comprometieron y no se vislumbra con mucha claridad el procedimiento para hacerlos cumplir.
Los mismos magistrados de esa jurisdicción deberían tomar el apoyo de la CPI como un motivo para meterles el acelerador a los procesos que ya tienen abiertos y concluir al menos uno con una sentencia que nos permita creer a los colombianos que sanciones efectivas sí son posibles en este marco jurídico.
También deberían promover reformas puntuales tendientes a establecer un mínimo de simetría entre las garantías que les ofrecen a los comparecientes y el apoyo que les dan a los que han padecido sus vejámenes. El dinero invertido en la defensa de los ex-Farc no es proporcional al asignado a las más de 270.000 víctimas que tienen alguna participación en los procesos.
Está claro que a la JEP hay que dejarla actuar y que debe hacerlo con plena independencia, pero si el respaldo de la CPI va a hacer de los magistrados seres intocables y de la JEP una institución supraconstitucional, apague y vámonos. Lo deberían recibir con humildad y compromiso; y frente a las preguntas incisivas que surjan de algunos periodistas, la salida no debe consistir en preguntar de qué medio vienen los reporteros para luego dejarlos con el micrófono en la mano diciendo que “desinforman”. Los voceros de esa institución sabrán a qué me refiero.
En Twitter: @JoseMAcevedo
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 01 de noviembre de 2021.
