Imposible poner en duda la cercanía de Iván Cepeda con las Farc, cuyo origen se remonta a su padre, quien –según se ha dicho– era la persona del Partido Comunista con el que ese grupo guerrillero mantenía comunicación. De allí que en las negociaciones de La Habana el senador haya cumplido un papel fundamental, pudiéndoselo calificar como el conciliador oculto, que gozaba de la confianza conjunta de la comandancia fariana y del Palacio de Nariño.

Lo que nadie se explica es por qué Cepeda terminó actuando de facilitador para la entrega del ‘clan del Golfo’, desde finales del 2015. Al punto de que el 15 de noviembre de 2016 obtuvo autorización gubernamental para continuar su tarea. Su misión no solamente la cumplió frente al Gobierno. En su momento se estableció que gestó reuniones clandestinas entre representantes de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ y los comandantes de las Farc y el Eln, en La Habana y en Quito, respectivamente.

Como en esa época no existía un marco legal que facilitara el sometimiento a la justicia de los grupos al margen de la ley, en la segunda versión del acuerdo de paz se dispuso que el Gobierno debía tramitar un proyecto de ley que promoviera el “acogimiento” a la justicia (como llamaban los urabeños al sometimiento), mediante el procedimiento legislativo especial para la paz (punto 3.4.13). Lo curioso es que este tema nunca fue motivo de discordia con los voceros del ‘No’, pero, igual, se incluyó en el texto final del acuerdo, apadrinado por Iván Cepeda, según se conoció.

En el Congreso se tramitó el proyecto que dio lugar a la expedición de la Ley 1908 de 2018. En ella se creó un procedimiento reglado, como se imponía para una situación excepcional, en el que la aproximación de los grupos armados organizados se hacía ante el Gobierno y luego la justicia judicializaba a sus integrantes. Como, según se supo, a los interesados en este proceso se les estaba desinformando sobre el tema de la extradición, en la ley se dispuso expresamente que el sometimiento a la justicia no limitaba su extradición.

Qué curioso, pero por aquellas calendas se había incluido en el proyecto de ley estatutaria de la JEP, sin mayor visibilidad ni discusión en el Congreso, una disposición (art. 153), de origen desconocido, según la cual las personas pedidas por otros países no podían ser extraditadas, mientras “estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. Es decir, la cooperación judicial internacional se veía duramente afectada, bajo el pretexto de que los extraditables contribuyeran a esclarecer, con su testimonio ante la JEP o la Comisión de la Verdad, lo acontecido durante el conflicto armado.

Como lo denuncié en su momento, este articulejo consistía en una nueva embestida contra la extradición, para favorecer particularmente a narcos, quienes en adelante podrían obtener el diferimiento de su extradición, construyendo historias, ciertas o no, sobre la guerra y sus actores, en nombre de la paz de Colombia. Como era de esperarse, el gobierno del presidente Duque objetó esta disposición ante el Congreso, pero lamentablemente sin éxito alguno.

Ahora acaba de aparecer nuevamente en escena Iván Cepeda, con trino en mano, afirmando que “no se puede silenciar” a alias Otoniel, quien –según dice el senador– conoce la responsabilidad en que incurrieron durante la guerra “las organizaciones paramilitares, los altos mandos militares y los políticos de la extrema derecha”. Como se ve, se prepara la inauguración del articulejo, confeccionado a la medida por algún sastre.

Taponazo. ¿Hay conciencia del impacto que tendrá en la economía global y, por supuesto, en la nuestra la grave escasez global de materias primas esenciales para la industria?

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 31 de octubre de 2021.