La preocupación, sin embargo, se mantiene por los lados del desempleo. Lo usual es que el empleo vaya rezagado en relación con el crecimiento económico y hay una duda de si durante la crisis algunos empresarios aprendieron a producir igual o más con menos empleados.

Sin embargo, el dato de desempleo a septiembre, 12,1%, es muy positivo. Queda aún un trecho para llegar al 10,5% que teníamos para empezar el 2020, pero vamos por el camino correcto, en particular si se considera que el año empezó con una espantosa tasa de desempleo del 15,9%.

La pobreza no se resuelve a través de los subsidios. La red de asistencia social del Estado es vital para impedir que los más vulnerables y aquellos que no pueden competir en el mercado laboral se descuelguen a la miseria. Pero debemos entender que lo estamos haciendo bien no cuando se amplía el número de beneficiarios de la red de asistencia social, o cuando los programas de emergencia se vuelven permanentes, sino cuando son menos los ciudadanos que dependen de esa red asistencial estatal.

No dudo ni un instante, y lo compruebo cada día a lo largo y ancho del territorio nacional, que los ciudadanos en general, y los jóvenes en especial, no quieren depender de un auxilio, de un subsidio controlado por un burócrata, sino que prefieren mil veces depender de sí mismos, de sus oficios, de sus empleos, de sus emprendimientos. El trabajo dignifica, ennoblece. Empleo, empleo, empleo, debe ser la consigna y el foco.

La pregunta, por tanto, es cómo podemos acelerar el proceso de recuperación económica y crear aún más empleo. Son necesarias acciones en tres áreas. Por un lado, reducir los gastos de funcionamiento del Estado, que crecieron un 700% en los últimos veinte años, y redirigir los recursos al desarrollo de proyectos de infraestructura, vivienda y agropecuarios, sectores todos que resuelven necesidades básicas insatisfechas y que son de uso intensivo de mano de obra no calificada, precisamente la más perjudicada durante la pandemia. Estos proyectos, además, pueden ser licitados de manera rápida, muchos con pliegos tipo que reducen los riesgos de corrupción, que pueden ser ejecutados por empresas medianas y pequeñas y que irrigarán recursos por todo el territorio nacional.

Por el otro, hay que reconocer que el nuestro es un país de regiones y que unas son muy diferentes a las otras y que, por tanto, hay que procurar mecanismos para que las soluciones a los problemas regionales sean regionales. Parece una obviedad, pero no lo es. Seguimos teniendo un estado muy centralista, con una visión y un control excesivo desde Bogotá. Hay que profundizar la descentralización y dotar a los departamentos y municipios de los recursos para responder mejor a las necesidades de sus habitantes.

En esa dirección, hay que hacer tres reformas institucionales y normativas. Una, entregarles a los departamentos y municipios un porcentaje del IVA, empezando en el 20%. Hoy todo el IVA va al presupuesto nacional. Dos, hacer progresivo el sistema general de participaciones. Hoy reparte lo mismo por cabeza. Debe dársele más a los departamentos y municipios más pobres para ir cerrando la brecha entre los más ricos y los más necesitados. Y hay que permitir a esos departamentos y municipios contratar universidades para que preparen proyectos que puedan ser aprobados en el sistema general de regalías. Para este bueno 21-22, solo se habían ejecutado 2,3 billones de los 22 que hay para ser ejecutados, apenas el 10%. Si se pudieran ejecutar esos recursos nos habríamos ahorrado la última reforma tributaria que busca 15 billones de recaudo.

Finalmente, en Colombia hacemos fiesta cuando crecemos a por encima del 4%. En China, antes de la pandemia, el peor año en tres décadas fue el 2019 y crecieron un 6,1%. No podemos conformarnos con crecimientos mediocres. Hay que ser ambiciosos y ponernos la meta de crecer sostenidamente a tasas de más del 6%. Para eso hay que resolver los cuellos de productividad que impiden que crezcamos, que seamos competitivos. Hay que bajar los impuestos porque la tasa de tributación es más de un 50% mayor que el promedio mundial; hay que bajar los costos de generación de empleo, en particular los costos laborales no salariales y costos ocultos como la estabilidad laboral reforzada y la extensión de las licencias remuneradas; la infraestructura, en especial la falta de vías terciarias y una red de trenes que conecte todo el país; la inseguridad jurídica y la necesidad de una profunda reforma a la administración de justicia; la educación de calidad, sin la cual no hay futuro; y autoridad, orden y seguridad, sin los cuales no hay sociedad civilizada.