Una vez más, el pasado septiembre, el presidente Iván Duque, ante la 76.ª Asamblea General de la ONU, mostró su profunda visión de estadista. En su discurso del 21 de septiembre se refirió a las cuestiones más urgentes e inmediatas, como la acción contra la pandemia y sus consecuencias –Respuesta en el ámbito sanitario, Atención a los sectores más vulnerables y Reactivación del aparato productivo de la nación colombiana–, e hizo un cuidado dibujo de algunos asuntos que comprometen el desenvolvimiento presente y futuro de toda la región latinoamericana.
Recordó, marco conceptual de su intervención, que la paz es una construcción global. Los conflictos de nuestro tiempo, como los causados por las narcodictaduras y las narcoguerrillas, no permanecen encapsulados en unas determinadas regiones o países: saltan las fronteras, corrompen las instituciones, impactan a los sistemas financieros y, una de sus secuelas más perniciosas, trastocan o acaban las vidas de personas, familias y comunidades enteras, tal como pasa en las regiones fronterizas entre Colombia y Venezuela.
A contracorriente de quienes guardan silencio ante los grandes asuntos que amenazan a la humanidad, volvió a los objetivos de la Agenda 2030, a los temas primordiales de la transición energética –que tendrán un enorme impacto en las economías exclusivamente petroleras que no diversifiquen sus fuentes productivas– e hizo un anuncio que merece la admiración de cualquier ciudadano del mundo: Colombia se propone alcanzar la neutralidad de carbono en el 2050. Aún más, el presidente Duque hizo una propuesta, una solución contable y financiera de carácter temporal, que evite que los gastos e inversiones a favor de la “acción climática estructural”, se consideren un factor del déficit fiscal. Esta idea, ahora mismo, debería estar en el centro del debate entre los gobiernos del continente, los entes multilaterales y los sistemas legislativos de nuestros países.
En más de una oportunidad, he agradecido al presidente Duque su activa solidaridad con los migrantes venezolanos, y aquí cumplo con mi deber de reiterarlo: el apoyo jurídico y social que ha estructurado, y al que ya se han acogido 1,2 millones de mis compatriotas, no tiene precedentes en América Latina. Lo repito aquí: no habrá nunca las palabras suficientes para agradecer la dimensión humanitaria y ciudadana de su programa para acoger y proteger a quienes han huido de la narco dictadura.
Al concepto de su política de Paz con Legalidad –que significa que los acuerdos firmados en La Habana no son sostenibles si no se combate a los grupos que no renuncian a su activismo criminal– se corresponde su clara posición hacia la narcodictadura encabezada por Nicolás Maduro. Lo dijo en Nueva York con palabras inequívocas, a propósito de las reuniones en México: en el caso de Venezuela, ese objetivo solo se cumplirá con el fin de la dictadura. Cualquier mecanismo que prolongue el poder ilegítimo e ilegal de Nicolás Maduro y de su grupo impide alcanzar la paz, tan anhelada por todos los venezolanos. “El único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial libre, transparente y con una minuciosa observación internacional”.
Todos los aquí señalados no son desafíos del presidente Duque ni son exclusivos de los venezolanos: también lo son de la región, de los gobernantes y ciudadanos demócratas, de todos aquellos que entienden que es urgente e impostergable detener el hundimiento de Venezuela.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 29 de octubre de 2021.
