En virtud de la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sobre el proyecto Mina de Cobre Quebradona, es probable que también Colombia se pierda los beneficios de la transición energética que aumentará el consumo de metales, entre ellos el cobre, de manera colosal. En los próximos 25 años la humanidad consumirá 550 millones de toneladas de cobre, la misma cantidad que ha consumido durante toda su existencia en la tierra [2]. Es dudoso que, después de 18 años esfuerzos y enormes gastos, la Anglo Gold Ashanti no desista de sus vanos esfuerzos por invertir y traer desarrollo a un país de locos. Muy seguramente esto desalentará a cualquier otro inversionista potencial y el cobre colombiano permanecerá enterrado por cien años o más. Por eso es difícil entender el regocijo de los ambientalistas, periodistas, políticos y personas de la más diversa condición que hoy celebran el archivo de la solicitud de licencia del proyecto. En verdad ¿de qué se ríen?
Resulta también difícil entender que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), -después de 23 meses de revisión de un Estudio de Impacto Ambiental gigantesco, consultas a 211 terceros intervinientes interesados y de 174 requerimientos de información adicional al solicitante- salga con el cuentazo de que “no es posible emitir una decisión de fondo sobre la solicitud de licencia” y disponga, en consecuencia, el archivo del proyecto entre otras razones porque no le pareció bien delimitada el área de influencia, ni adecuada las medidas propuestas para el manejo de depósitos ni las acciones previstas para evitar o mitigar la subsidencia.
De las tres decisiones posibles – otorgamiento de la licencia, rechazo de la solicitud o archivo del trámite – la única que no podía adoptar la ANLA era la tercera. No puede alegarse que no se tuviera suficiente información para decir de fondo. De hecho, las “razones técnicas” invocadas contradicen la decisión que supuestamente apoyan. Lo del área de influencia es una tontería: si además de Jericó había que meter a Támesis y algún otro pueblecillo, es algo intrascendente pues las regalías se habrían distribuido entre más convidados. En cuanto al problema de los depósitos y de la subsidencia, no hay sino dos opciones: o las medidas contempladas en el plan de manejo ambiental (PMA) eran insuficientes, pero podían mejorarse o, siendo insuficientes, ya no admitían mejora incremental alguna. En el primer caso, la Autoridad Ambiental habría podido exigir al solicitante la inclusión de más acciones en su PMA, en el segundo tenía que negar la licencia.
La de archivo es pues una decisión pusilánime que, sin asumir la responsabilidad de hundir un proyecto de gran importancia para el País [3], busca agradar al fundamentalismo ambientalista – y a los intereses creados que se arropan en él- que ha trasladado su odio hacia los metales y que, si no lo detenemos, nos devolverá a la Edad de Piedra.
