El simple anuncio de la presencia militar y su inmediata implementación tiene un efecto disuasivo en el mundo del hampa, pues algunos delitos responden a un análisis costo- beneficio que hace el delincuente, consciente o inconscientemente; la presencia militar eleva el riesgo (costo) de ser capturado, por lo que muchos prefieren aguardar a que los soldados regresen a los cuarteles. Es una medida de efectividad limitada, mas no inocua.

La inseguridad en las ciudades obedece a múltiples causas, incluidas las de índole social. Pero hay factores más determinantes que otros en cada ciudad, modalidades delictivas de mayor ocurrencia, y lugares o situaciones en los que la criminalidad se desborda. Y el delito no es estático, se acondiciona y muta. Lo que no cambia es la premisa universal sobre quienes cometen delitos: suelen ser unos pocos que lo hacen de manera reiterada.

En Cali predomina el hurto en las intersecciones viales y desde la pandemia se puso de moda la suplantación de identidad de los domiciliarios. En Bogotá, el principal foco ha sido Transmilenio, pero se han incrementado el hurto a residencias, el asalto masivo en sitios nocturnos y el robo desde motos a transeúntes y a vehículos. En Medellín, desde hace cinco años se ha incrementado el homicidio y el hurto a personas se ha disparado.

Ante este panorama sombrío, ¿qué hacer? Primero, foco (en delitos de mayor impacto); segundo, inteligencia (para identificar las principales organizaciones criminales y su modus operandi); tercero, flexibilidad (el cuadrante cumple una función valiosa, pero amarra a la Policía al territorio y tiene una capacidad de reacción limitada. Las ciudades necesitan grupos móviles y especializados para contrarrestar los principales delitos).

Pero hay un factor fundamental: la Justicia. Mientras los jueces sigan soltando a cuanto delincuente la Policía captura o siendo condescendientes al aplicar la ley, no hay nada que hacer. A veces pareciera que los jueces de Garantía y los de Conocimiento viviesen en otro país. La colaboración armónica entre las ramas del poder queda en letra muerta, y desanima la labor de las autoridades; les hace perder confianza frente a la ciudadanía.

¿De qué vale la acción policial, de la Fiscalía o el incremento de penas, si no hay sanción? Es cierto que nuestro derecho penal es de acto y no de autor; las normas se dirigen “a lo que la persona hace y no a lo que es”. Pero cuando un individuo delinque una y otra vez, estamos frente a un profesional y no hay opción a meterlo varios años tras las rejas. De ahí la pertinencia de la iniciativa de castigar con mayor severidad la reincidencia.

“En Colombia hay mucho derecho y poca justicia”, me dijo un Fiscal de la Corte Penal Internacional. Mientras el sistema de Justicia no entienda que es un actor fundamental en la lucha contra la inseguridad, el crimen prevalecerá. En conclusión, la militarización ayuda a la tranquilidad y disuade temporalmente algunos delitos, pero no los erradica. Para mejorar la seguridad se requiere foco, inteligencia y flexibilidad, ser implacables con los reincidentes, y que los jueces asuman su rol en la lucha contra la inseguridad.

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https://www.elpais.com.co/, Cali, 19 de septiembre de 2021.