Una sociedad que no pone la dignidad humana, es decir, la defensa de los derechos humanos, por encima de sus demás intereses, no prosperará jamás.

Admito que mi paso por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos me ha ayudado a decantar mejor esta verdad. Ya había trabajado con esta causa como ministra del Interior, como congresista y alcaldesa de Agua de Dios, Cundinamarca, pero hoy esta verdad se apoderó de mí.

Me duele profundamente que Colombia, o los gobiernos, de manera sucesiva sigan siendo señalados como los principales responsables de violación de los derechos humanos, cuando aquí quienes pisotean estos derechos sagrados son los criminales. Claro que los Estados, y Colombia entre ellos, se convierten en los garantes al suscribir los tratados sobre la materia. Protegerlos es un compromiso ineludible por el que los Estados deben responder.

El gobierno del presidente Duque, por ejemplo, ha dado lo mejor por la protección de los líderes sociales, por evitar que estructuras criminales recluten y usen a los menores; ha comprometido los más grandes presupuestos en programas sociales y ha adoptado políticas públicas de DD. HH. que se implementan de manera rigurosa, pero esto no cuenta para unos sectores.

Hay quienes, con propósitos político-electorales sesgados, les caen a las autoridades del Estado, les pasan cuenta de cobro, pero callan ante los criminales.

El Plan de Acción oportuna (PAO), expedido en 2018, demuestra su efectividad con la disminución de homicidios de defensores de derechos. El fortalecimiento de las capacidades del Estado: Fuerza Pública, Fiscalía, justicia, usadas de forma articulada contra los responsables, ha dado sus frutos.

La política de equidad de la mujer, bajo el liderazgo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, cimentada en la protección de la violencia con enfoque de género y en la formación para el trabajo, son garantía de vida digna. La protección de los derechos humanos de la población migrante fue objeto de reconocimiento de la Casa Blanca y del Vaticano, y ahora de IOM-UN Migration.

La protección de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, en este gobierno, es una asignatura aprobada con mensaje de felicitación.

Estamos dejando en firme el proyecto de Fortalecimiento del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Quedará instalado en las aulas de escuelas y colegios de todo el país el concepto del respeto por los derechos humanos, como parte integral de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes desde edad temprana. Los derechos humanos y el DIH son hoy cátedra obligada en todos los cuarteles de la Policía y de las Fuerzas Militares, con enfoque diferencial sobre personas especialmente protegidas.

También entregamos los lineamientos y las acciones del Gobierno Nacional para la garantía de los derechos humanos, trabajo que hemos venido construyendo con organizaciones sociales de todo el país, apoyados por la academia y la comunidad internacional.

La vinculación de las empresas al llamado de respeto de los DD. HH., que recomienda Naciones Unidas, es garantía para la recuperación económica, social y ambiental. Por lo demás, la defensa de los derechos humanos es un compromiso de las naciones, de todas las culturas, razas, credos e ideologías.

Nadie, ningún sector político o ideológico se puede atribuir como patrimonio exclusivo suyo la defensa de la dignidad humana que encarnan los derechos humanos, ni usarlos a su conveniencia, de manera sesgada.

Hay dos orillas y un vacío: en una, los DD. HH. se agitan como bandera electoral; en la otra, se avergüenzan de ellos y dejan el camino libre, con un gran costo para la causa misma y para la sociedad en general. No. Ese vacío que los extremos dejan hay que llenarlo.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 12 de septiembre de 2021.