En los últimos días hemos oído afirmar que en Colombia las Fuerzas Militares ejecutan la doctrina del enemigo interno, la cual debe ser modificada. Lo primero es explicar que esa doctrina rotula a ciertos sectores de la población como enemigos, razón por la cual hay estigmatización y pone en peligro los derechos humanos.

Esa descripción es totalmente diferente a la estrategia de seguridad que marca el accionar de las Fuerzas Militares en Colombia, que en la actualidad se rige por la política de defensa y seguridad y se basa en la desarticulación de las principales amenazas armadas ilegales contra la existencia, la independencia y la integridad territorial del país, en aras de defender los intereses nacionales y el respeto de los derechos humanos.

La seguridad será eje de controversia en el nuevo gobierno, pues por mandato constitucional es el Presidente de la República quien dirige la fuerza pública y dispone de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, para lo cual se hace indispensable la estrategia de seguridad nacional que determina la acción del Estado frente a riesgos derivados en factores externos e internos.

En el ‘Análisis de la estrategia de seguridad en Colombia’, publicado por la Escuela Superior de Guerra, se da cuenta cómo en el periodo 1964-2000 la ausencia de una estrategia de seguridad nacional por parte del Estado llevó al país a ser catalogado como “casi fallido”.

El avance logrado en el periodo 2000-2014 con el inicio de un planeamiento estratégico para la seguridad nacional, consolidado a partir del 2002, se dio porque la seguridad se concibió como una necesidad funcional para controlar o eliminar los riesgos que los ilegales ocasionaban en el cumplimiento de los fines del Estado.

Entre el 2014 y el 2018, como consecuencia del proceso de paz con la Farc, se vio un cambio sustancial en la estrategia, pasando a ser marginal y dejando de lado su concepto de fundamento para la paz; se desató una nueva ola de factores y actores de criminalidad que de la mano con el incremento de cultivos ilícitos, la reducción de presupuesto de la fuerza pública, la disminución del pie de fuerza y la asignación de tareas diferentes a las de seguridad en las unidades militares, llevaron a un ambiente de incertidumbre y aumento de inseguridad.

El grave daño causado por los ‘falsos positivos’ y la relación individualizada de algunos miembros con grupos ilegales no puede seguir siendo eje de duda sobre una institución que ha sido, en palabras de la General Paulina Leguizamón, directora de derechos humanos de las Fuerzas Militares, “constructora de las bases civilistas de la República y arquitecta del constitucionalismo colombiano”. Permanentemente se incorporan estándares de organismos internacionales de derechos humanos y recomendaciones orientadas a garantizar la aplicación del DIH. Siendo también contundente la claridad que tienen las diferentes fuerzas sobre la responsabilidad penal y disciplinaria que se aplica a quienes infrinjan la ley.

La coyuntura política y de seguridad llevará a una nueva estrategia que define el rumbo de la Fuerza Pública, siendo el Congreso el primer llamado a revisarla, con la asignación presupuestal, con los ascensos y con las reformas anunciadas.

El diseño de las políticas de seguridad y defensa derivan de los intereses nacionales consignados en la Constitución Política. Cualquier modificación implica necesariamente un consenso político derivado de una discusión en la que se garantice una amplia participación de la sociedad.

No en vano nos quedó el reciente ejemplo de la profunda división que se mantiene en la nación, por causa del desconocimiento del resultado del plebiscito de 2016 y de reformas constitucionales que involucraron intereses nacionales y que aunque formalmente contaron con aprobación en el Congreso y el examen de la Corte Constitucional, no recogieron la suficiente legitimidad en el respaldo popular.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 24 de julio de 2022.