La prospectiva política se ha convertido en el paso previo a cualquier decisión en Colombia. Los análisis de riesgo y la debida diligencia en cualquier inversión –no solo productiva sino hasta de satisfacción de necesidades como comprar una vivienda, un carro o tomar un crédito– exigen entender para dónde vamos. Las respuestas no son claras, porque no hay determinantes identificables ni visión compartida del porvenir del país.
Con tanta incertidumbre desatada en propuestas que vienen y van sin ruta clara, lo que queda es retomar el rumbo en el 2026, desde la posibilidad de escoger el próximo año gobernantes locales íntegros, serios, comprometidos con sus regiones, que no se presten a las negociaciones políticas que solo buscan mantener el poder territorial para conservar intereses.
Mantener la expresión democrática requiere actividad permanente. La oposición política, la protesta pacífica, la participación en las decisiones locales deben ir más allá de los partidos, máxime cuando la anunciada reforma política no propone nada distinto a autorizar retroactivamente el transfuguismo para salvarles la curul a unos pocos que cambiaron de partido y se hicieron elegir por quienes iban ganando, permitir que uno o dos congresistas puedan ser nombrados ministros, buscar como discusión para la galería el voto obligatorio en las dos siguientes elecciones y convertir en partido político al Pacto Histórico.
Poco o nada planteó el actual gobierno en materia de cambio del diseño político electoral, pues ha sido argumento de los sectores de izquierda la necesidad de atomizar la política, en desmedro de la fortaleza de los partidos, éxito que se apuntaron no solo con el triunfo de Gustavo Petro, sino con la fácil armada de la coalición en el Congreso.
Muchos analistas argumentaban que propuestas como poner en riesgo la economía, debilitar al sector minero-energético, sin importar que es el mayor contribuyente del presupuesto nacional, negociar con los narcotraficantes, debilitar a la Fuerza Pública, decidir unilateralmente suspender la lucha contra las drogas, permitir la invasión de tierras, atentar contra el sistema de salud y el ahorro privado que garantiza la pensión de los trabajadores sería imposible porque el Congreso no lo permitiría.
Esta ilusión de fortaleza de la democracia se vino al piso porque, de años atrás, los partidos políticos perdieron su razón de ser. No se volvió a la discusión programática, se rompió la conexión con los grupos poblacionales, pues las elecciones regionales y las del Congreso, bajo las figuras del voto preferente y la negociación de avales para cargos uninominales, privilegian la corrupción, la violación de topes de gastos y la conducción de los electores a escoger a quien más reparta beneficios o promesas de sueños irrealizables.
¿Qué alternativa nos queda? Desde ya, sin esperar a que los partidos o los congresistas lideren la inconformidad, hay que hacer pedagogía. Ha llegado la hora de decidir desde la base ciudadana que alcaldías y gobernaciones no sigan siendo el cuarto de atrás, establecidos para constituir comandos regionales desde donde se negocian las siguientes elecciones presidenciales.
Mientras los unos aplican la máxima de divide y reinarás, los sectores de centroderecha deben buscar uno o dos propósitos comunes que permitan volver a sintonizar con la gente. Uno de ellos puede ser encontrar candidatos comunes para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, en general para alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, que se comprometan a alejarse de la corrupción y a construir una visión conjunta territorial con inclusión, en la que haya ejercicio de derechos, seguridad física y jurídica y respeto, que es la base de la convivencia pacífica.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 25 de septiembre de 2022.
