No es sólo en Colombia. Se puede decir que es una queja generalizada entre los gobernantes de ayer y de ahora: Es otra dimensión de la desconexión que caracteriza la crisis de la democracia liberal. Entonces, no es difícil entender la crisis de representatividad, y es fácil comprender el porqué de la pérdida de credibilidad en las instituciones y en las autoridades, y la precaria confianza con respecto a la política y a las políticas públicas.

El paro nacional y los absurdos bloqueos dieron lugar a una sensación contradictoria en la ciudadanía que al tiempo exigía el respeto a la protesta social y deploraba la impotencia para asegurar el orden público.

Ni hablar del impacto negativo que una administración de justicia lenta o inexistente crea en la percepción de los ciudadanos sobre el poder estatal. Y así del tema insoportable de la megacorrupción que se replica en los mismos asuntos (alimentación de los escolares o de los más necesitados) o en la más significativa contratación.

No hay para qué aludir a los factores globales (la pandemia) o regionales (las migraciones) o nacionales (el crimen organizado dedicado a las drogas ilícitas o a la minería ilegal, etc.).

Y ni hablar de las consecuencias de la polarización que afecta a tantos países o de la ruptura del consenso en cuestiones fundamentales.

Un reciente informe del Washington Post nos revela el formidable impacto que representa la lentitud o la postergación indefinida de nombramientos claves, por ejemplo, en los Estados Unidos. El tema era conocido, pero según esta investigación, ahora se trata de una estrategia de obstrucción de gran alcance. Estos son los datos: el Senado tiene que aprobar 1237 nombramientos hechos por el Presidente. El Post investigó qué ha pasado con 799 de estas posiciones y encontró que el presidente Biden sólo ha podido llenar 112. En la Administración de Reagan el promedio de demora fue de 56 días; en las de Obama y Trump pasó a 112 y 117 días, respectivamente. El informe se pregunta, ¿por qué los contribuyentes tienen que aceptar una práctica que sería inaceptable en una empresa privada?

Estas y otras situaciones aconsejan una reflexión muy seria y pragmática sobre el arte de gobernar y de sintonizarse con los gobernados. Hay lecciones negativas y positivas que deben ser examinadas para propiciar lo que, sin duda, es una urgencia aquí y en otras partes: asegurar una gobernabilidad democrática responsable pero oportuna y eficaz.

Vivimos en otro mundo bien diferente de los siglos anteriores y es incongruente, por lo menos, mantener unas prácticas de administración pública evidentemente innecesarias o inconvenientes o que requieren un tratamiento diferente, respetuoso de los derechos fundamentales, pero en armonía con los derechos de los demás y con las expectativas de los gobernados por un mayor bienestar.

https://www.elpais.com.co/, Cali, 20 de agosto de 2021.