“Si Antioquia cambia, cambia Colombia”, era una frase que se le escuchaba a Gustavo Petro cada vez que se pasaba por nuestro departamento en campaña. Un departamento donde no mostró escrúpulos a la hora de hacer alianzas cuestionables en aras de conseguir aquel propósito.

El cuestionado Alex Flórez, quien era el principal escudero de Daniel Quintero en el concejo, tuvo un puesto privilegiado en la lista al Senado del Pacto Histórico, lo cual fue retribuido por el entonces alcalde con una burda participación en política que culminó con una suspensión por parte de la Procuraduría.

La alianza con Quintero fue solo una de las muchas alianzas que Petro tejió en Antioquia, donde también sumó los apoyos de los barones electorales más cuestionados del departamento: desde Carlos Andrés Trujillo del Partido Conservador a Julián Bedoya y sus bases del Partido Liberal. Sin mencionar a Luis Pérez, a quien Petro pareció perdonarle todo su pasado con tal de que le ayudara con sus chances de triunfar en Antioquia.

Sin embargo, Antioquia no cambió. En primera vuelta, Petro logró sacar menos de un cuarto de la votación en el departamento. Un resultado que no logró mejorar mucho en segunda vuelta, donde el actual Presidente fue superado por casi un millón de votos por su contendor, Rodolfo Hernández. Ese sentimiento no parece haber cambiado con su llegada a la Casa de Nariño: en una encuesta reciente de Atlas Intel, la aprobación de Petro en Medellín llegaba apenas al 16%.

El presidente, en los últimos meses, ha hecho méritos para ese descontento: Antioquia y sus instituciones han recibido una serie de noticias adversas.

El pasado junio, la Superintendencia de Salud anunció de manera sorpresiva la intervención de Savia Salud, la EPS más grande del régimen subsidiado en Antioquia. Esto a pesar de que venía mejorando en todos sus indicadores. En los de la prestación del servicio, por ejemplo, cumplía en 14 de 19 ítems, y en los otros cinco el cumplimiento llegaba al 80%. Ante el fantasma de liquidación que viene con esta intervención, expertos ven con gran preocupación los posibles efectos sistémicos que tendría para la salud de los antioqueños. ¿Acaso la Superintendencia podrá garantizar que el agente interventor que nombró, que es un abogado sin experiencia en administración de salud, podrá lograr mejores indicadores que quienes año a año estaban mejorándolos?

Luego, el 18 de septiembre, el departamento se enteró de la súbita intervención de Comfenalco, la sexta Caja de Compensación más grande del país, cuyos ingresos de más de $600 mil millones de pesos y casi un millón de afiliados la hacen uno de los mayores baluartes de la compensación familiar en el departamento. Asocajas, el gremio que reúne a 42 cajas del país, expresó su consternación con la decisión la Superintendencia de Subsidio Familiar, destacando que los estados financieros de Comfenalco revelaban “la buena salud de la Caja, con indicadores de patrimonio, solvencia, liquidez y endeudamiento en niveles más que satisfactorios” y que “no se advierte como necesaria la medida de intervención total de la Caja”.

¿No es sospechoso que dos superintendencias, entidades en las que la Presidencia tiene injerencia, decidan intervenir arbitrariamente en cuestión de meses dos instituciones de las que dependen millones de antioqueños?

Días antes, Petro había cambiado la junta del Metro para poner a dos contratistas de la Alcaldía de Quintero, haciéndole un guiño al alcalde más impopular en la historia de Medellín para que este pudiera tener mayoría en las decisiones de una de las instituciones a la que más cariño le tienen los antioqueños.

Y para cerrar con broche de oro, la semana pasada, el Ministro de Transporte, William Camargo, afirmó que el Gobierno Nacional no dispone de recursos para completar las obras pendientes en las autopistas 4G de Antioquia, a pesar de que dichas obras tienen un progreso de más del 90% y que los entre $1,2 y $1,5 billones pendientes podrían poner en peligro el funcionamiento completo de corredores que costaron más de $30 billones de pesos para ser construidos.

“No son las 4G, son las 4G nacionales pasando por nuestro departamento”, trinó en medio de la indignación el gobernador, Aníbal Gaviria, ante una decisión que le restaría competitividad al departamento y, de paso, a todo el país. El argumento que utiliza este gobierno, y también hay que decir, lo usó el de Iván Duque, es que a Antioquia ya se le invirtió mucho en vías. Pero hay que tener en cuenta, primero, que las 4G que ya se construyeron son por concesión, y las pagarán los usuarios con sus peajes. Segundo, que no hay peor torpeza que dejar una obra de esta magnitud empezada. Y tercero, que no es una necesidad solo de Antioquia, es miope desconocer que estas vías conectan con otras igualmente claves en el país: se trata nada más y nada menos que de las nuevas venas por las cuales se busca que circule el oxígeno del desarrollo de toda Colombia.

No sobra recordar que para hablar de progreso es crucial que el motor de la producción funcione. Antioquia es la región del país que más exporta, el 25,61%, aporta el 14,1% de empleo formal, y el 15,1 por ciento del Producto Interno Bruto. De manera que un gesto de Bogotá, para remediar los parches que han quedado en las vías 4G, se le multiplicaría en beneficios para el país.

El gobierno de Gustavo Petro necesita el apoyo de todos para salir adelante. Y, sin duda, no es con estas movidas arbitrarias, que golpean a Antioquia en lo más profundo de su ser, como lo va a lograr. Presidente, no es por el bien de Antioquia, es por el bien de todos.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 08 de octubre de 2023.