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El Colombiano (Editorial)                                        

A la hora de revisar las evidencias, se podría decir que hay fuertes indicios de que Gustavo Petro es el gran responsable del descalabro.

El presidente Gustavo Petro ha estado tratando de hacer creer al país, en los dos últimos meses, que en el escándalo de la Unidad de Riesgos (Ungrd) él es una pobre víctima de los corruptos de siempre.

Desde mayo, cuando empezó a oler mal esa olla podrida, Petro dedicó toda una alocución televisada a recordarnos sus debates como congresista contra la corrupción. Y si bien es su legítimo derecho a la defensa, en Colombia eso no necesariamente es argumento contundente, basta con recordar a Javier Cáceres, senador que se hizo famoso con su eslogan de “chuzo pa’ los corruptos” y terminó condenado.

Esta semana que termina, Petro salió a decir que gracias a él que sacó a Olmedo López de la Unidad de Riesgos no hubo más corrupción. “¿Quién salvó eso? Este pechito”, fue la expresión que utilizó. Es decir, el mismo Petro que apareció en foto de campaña pidiendo que votaran por Olmedo, el mismo que lo nombró en la Ungrd, ahora nos viene a decir que le agradezcamos porque le quitó las manos de la masa. ¡Se ven cosas!

Hay que registrar también que ayer, en la instalación del Congreso, Petro cambió de estrategia, en vista de que no podía luchar contra la catarata de pruebas del explosivo escándalo, decidió más bien navegar sobre la ola y comenzó su discurso diciendo: “Vengo a pedir perdón, a ustedes como representantes del pueblo, y al pueblo por lo ocurrido en la Ungrd”. Eso está bien y se recibe como un detalle de humildad –¿o humildad estratégica?– que no ha caracterizado al mandatario.

Pero más allá de lo que el Presidente afirme un día, o cambie de táctica al otro, a la hora de revisar las evidencias se podría decir que hay fuertes indicios de que Gustavo Petro es el gran responsable del descalabro. No solo por ser el jefe de Estado, sino porque de cierta manera ha sido el articulador de todo el engranaje que condujo a que cientos de miles de millones de pesos, y tal vez billones, que debían dedicarse a mitigar riesgos, se hayan gastado en darles a congresistas prebendas para aprobar reformas en el Legislativo.

Y, más grave aún, para dar contratos al ELN en Arauca, según lo reveló el propio Olmedo López ante la Corte Suprema y lo conoció el país gracias a Noticias Caracol.

La plata que –parafraseando a Petro– se debía utilizar para calmar la sed de los niños de la Guajira, se habría destinado a darle contratos a un grupo armado criminal. ¿Así o más escandaloso?

Pero volviendo a la responsabilidad más directa de Petro, una pregunta clave es ¿cómo llegó una dependencia relativamente menor como la Ungrd a manejar una caja billonaria?

No estamos hablando de chichiguas. Atención a este dato: en el presupuesto aprobado en 2022 para 2023 se destinaron 657.000 millones de pesos a la Ungrd, pero el cierre presupuestal de 2023 mostró que en realidad esa unidad de riesgos se gastó 2 billones 263.000 millones de pesos. ¡Casi 4 veces más! ¿De dónde salió tanta plata?

El propio presidente Petro fue el que movió las clavijas de la opinión y del Estado para que llegaran billones de pesos al bolsillo de la Ungrd.

Recordemos que Petro estaba con la idea, que para ese entonces parecía absurda, de decretar una “emergencia económica y social” desde antes incluso de que lo eligieran. En marzo de 2022, dijo que la “catástrofe social del hambre” debía mitigarse decretando la emergencia económica.

Pero lo del hambre no le cuajó. Y ya como presidente, en septiembre de ese mismo 2022, comenzó a sugerir que debía declarar emergencia por la crisis climática que traería muchas lluvias. Pero lo de las lluvias tampoco le cuajó.

Y después, en 2023, sacó de la manga otra carta: el supuesto impacto del fenómeno de El Niño sobre la Guajira. Era la emergencia más extraña que se hubiera decretado en Colombia, porque se ha declarado ante eventos catastróficos como la pandemia del covid o la tragedia de Mocoa. Nunca se había decretado una emergencia con base en un pronóstico como lo hizo Petro: “Es absolutamente pertinente decretar la emergencia porque se avecina una calamidad pública. Porque los modelos climáticos nos anuncian la cercanía de una sequía que nunca antes se había visto en La Guajira”.

Era tan evidente el despropósito que la Corte Constitucional tumbó esa emergencia. Hasta ese momento se pensaba que el embeleco de Petro en declarar una emergencia era para poder hacer decretos sin tener que pasar por el Congreso. Pero la historia nos demostró que tal vez lo que buscaba era poder tener plata contante y sonante para poder gastarla según sus intereses.

En el contexto de la narrativa de la emergencia comenzó a lloverle plata a la Unidad de Riesgos. El senador Juan Diego Echavarría, del equipo de Julián Bedoya, propuso que le adicionaran $200.000 millones a la Ungrd, y dicho y hecho.

El modus operandi al parecer les quedó gustando porque luego el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo dos adiciones presupuestales por $700.000 millones cada una: una el 22 de septiembre de 2023 y otra el 11 de diciembre de 2023.

Y si se cruzan esas adiciones con fechas claves del escándalo encontramos que las coimas a los presidentes de Cámara y Senado se habrían dado en octubre, y la reunión del cónclave denunciado por Olmedo López, en el que decidieron repartir cuotas a congresistas, fue en noviembre. Época esta crítica para la aprobación de las reformas en el Congreso. Y en diciembre vinieron los chats del ministro de Hacienda pidiendo giros a la Ungrd.

El presidente Petro ha salido a defender a Bonilla con el argumento de que no se ha quedado con un peso. Y es posible que sea así. Pero corrupción, Presidente, no es solo quedarse con plata, es también permitir que otros, como los congresistas, se queden con la plata para poder saltarse las reglas de la democracia y satisfacer así los intereses del gobernante.

No sería descabellado pensar que desde el principio Petro había puesto sus ojos en la unidad de riesgos porque esta entidad no tiene que cumplir ley de garantías y puede firmar convenios con gobernaciones y municipios vía contratación directa.

La táctica de escudarse en el discurso de apoyo a los pobres y a los más desvalidos para lograr sus propósitos políticos se puso de nuevo en acción.

21 de julio de 2024.

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Publicado en Editorial

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