Recibí con satisfacción el acierto de su elección por sus méritos, calidad humana y por la importancia que representa para La Guajira. En ese mismo sentido, su acto de posesión, más que un acto simbólico, representó una declaración de intenciones.

Como guajiro dolido y esperanzado, le hablo desde la indignación acumulada por décadas de saqueo y abandono. A usted le consta que esta es una tierra rica en recursos, pero empobrecida por la corrupción; un departamento que ha sido testigo de las mil formas en que algunos de sus líderes han convertido el poder en un negocio personal, dejando a su paso hambre, sed y desesperanza.

La Guajira es el rostro más crudo de la corrupción en Colombia. En los últimos diez años, ha tenido 12 gobernadores, algunos sancionados por escándalos que involucran desfalcos multimillonarios, incluyendo sanciones penales por haber cometido delitos en su desempeño.

La sentencia T-302 de 2017 declaró el estado de cosas inconstitucional por la vulneración masiva a los derechos fundamentales de la niñez wayuu. Sin embargo, seis años después, los avances son mínimos y las muertes prevenibles siguen siendo una realidad cotidiana porque los recursos destinados a la alimentación, el agua potable y la salud han sido sistemáticamente robados. Solo nos queda libre el aire y la luz del sol.

De manera respetuosa, le sugiero que aborde con urgencia el seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-302 mediante la designación de una agencia especial que le presente un informe de ejecución para establecer responsabilidades precisas. Es hora de exigirles resultados concretos y transparentes a las entidades responsables porque las medidas adoptadas han sido superficiales y desarticuladas. La Corte Constitucional fue clara: mientras persista la corrupción, cualquier esfuerzo será insuficiente para garantizar los derechos al agua, salud y alimentación. El hambre y la desnutrición infantil no pueden ser tragedias inevitables; son crímenes con responsables claros.

Los contratos para el suministro de alimentos y agua potable se han convertido en botines de políticos y contratistas inescrupulosos que operan bajo la sombra de la impunidad.

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia tiene mucha información relacionada con el departamento de La Guajira; no permita que dicha información se convierta en papel quemado.

¿Cómo se entiende que el 85 % de los contratos financiados con regalías sean adjudicados sin competencia? ¿Cómo se explica que 64 expedientes de corrupción duerman el sueño eterno de la prescripción en los archivos judiciales?

Señor Procurador Gregorio Eljach, los guajiros lo observamos con esperanza. No nos falle. Demuestre que su gestión estará al servicio del pueblo y no de los intereses mezquinos de quienes nos han condenado al atraso.

Que su legado se recuerde como el inicio del fin de la corrupción. No se pueden esperar más promesas incumplidas ni planes postergados. Cada día perdido significa más vidas truncadas y más sueños rotos. En ese contexto, usted tiene el deber constitucional y ético de garantizar que los principios de la función administrativa sean una realidad palpable en nuestra tierra, en el departamento que lo acogió junto con su familia. Tiene ante sí una tarea monumental: devolverles a los guajiros la confianza en las instituciones.

La Procuraduría no puede seguir siendo un espectador pasivo ni un cómplice silencioso. Es imperativo que ejerza un control disciplinario efectivo sobre los servidores públicos que han traicionado su deber. No basta con sancionar a unos pocos; es necesario desmontar las redes clientelistas que han secuestrado la democracia. Sea implacable con quienes han hecho del poder un instrumento para enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno.

Pero más allá del control disciplinario y el seguimiento judicial, su misión debe ser moral. La Guajira necesita un Procurador que no se doblegue ante las élites politiqueras que han frenado el desarrollo durante más de dos décadas. Y una actitud de tal naturaleza no requiere esfuerzo adicional porque ese talante está en la esencia suya.

Por otra parte, decir que todos los guajiros son ladrones es una injuria irreparable; pero nadie duda que hay muchos ladrones en la administración pública de La Guajira que deben ser proscritos para que nunca más puedan ocupar un cargo público en ninguna parte. Piénselo…

Y como dijo el filósofo de La Junta: "Se las dejo ahí...”

@LColmenaresR