Estoy seguro de que dicha decisión no es arbitraria ni caprichosa, sino que debe responder a una evaluación objetiva de las condiciones socioeconómicas, logísticas y de infraestructura.

Lamentablemente, estas condiciones ponen a Riohacha en una desventaja que no surge de la nada, sino que es el resultado de gestión pública deficiente durante décadas, promesas incumplidas y una indiferencia generalizada hacia las necesidades de la comunidad. Es oportuno hacer un alto en el camino para reflexionar.

La falta de infraestructura adecuada y los problemas crónicos en los servicios públicos son tan evidentes que han limitado el desarrollo de la ciudad y desalentado la llegada de empresas porque no pueden operar de manera eficiente en una tierra donde lo básico es un lujo que mantiene un rezago en inversiones sociales. A esto se suma el mal estado de las calles que dificulta la movilidad de materiales y personas por falta de mantenimiento.

La inseguridad, como consecuencia de atracos, robos y actos de violencia, crea un ambiente hostil que afecta a residentes y potenciales inversionistas. No se trata solo de aumentar la presencia policial, sino también de garantizar que sea eficaz y con los recursos necesarios para cumplir su función. La seguridad debe ser una prioridad absoluta, porque ninguna empresa asumirá los riesgos de operar en un lugar donde sus empleados y bienes estén constantemente amenazados.

Comprendo y respeto las protestas sociales por mejores condiciones de vida para mis paisanos, pero los bloqueos recurrentes interrumpen la logística y el transporte. La Guajira seguirá siendo considerada un lugar poco confiable para las inversiones por no buscar maneras más efectivas de protestar.

Por eso, aunque duela reconocerlo, Santa Marta representa una opción más viable y atractiva para la sede de cualquier operación logística y, aunque dolorosos, son hechos que obligan a enfrentar una realidad que preferimos ignorar.

Pero quizá el problema más grave sea la gestión pública. La corrupción y la ineficiencia han sido constantes en los gobiernos local y departamental. Proyectos mal ejecutados, recursos desperdiciados y falta de visión a largo plazo han impedido que Riohacha y La Guajira avancen hacia el progreso. Esta situación no solo afecta a los ciudadanos, sino que también genera desconfianza entre los inversionistas que buscan ambientes más transparentes y estables para desarrollar sus proyectos.

Aquí es donde hago un llamado a la clase dirigente —incluidos congresistas, gobernador, alcaldes, concejales, diputados, líderes sociales y empresariales— para que asuman su cuota de responsabilidad. Durante mucho tiempo hemos sido cómplices pasivos de la situación actual: acostumbrados a criticar sin actuar; a señalar culpables sin hacer un examen de conciencia. No podemos seguir así. Es momento de exigir, hacer control social y realizar un seguimiento riguroso a las decisiones administrativas en La Guajira. Debemos dejar de lado los intereses personales y trabajar en conjunto por el bien común.

Esto implica denunciar la corrupción y apoyar iniciativas que promuevan el desarrollo. No podemos seguir permitiendo que nuestros problemas sean ignorados o aplazados. La clase dirigente tiene la obligación moral y política de liderar el cambio que Riohacha y La Guajira necesitan.

Por mi parte, reconozco que también he sido parte del problema al criticar las fallas sin involucrarme activamente proponiendo soluciones. Pero ya no más. Este es un llamado a todos —incluyéndome— para que pasemos de las palabras a los hechos. Riohacha tiene un potencial inmenso que no se materializará hasta que todos asumamos nuestra parte en el esfuerzo por construir una ciudad mejor.

PUNTOAPARTE. Con esta columna cierro el ciclo del presente año y aprovecho para expresar mi gratitud a los medios que me dieron la oportunidad de publicar mis opiniones y a los lectores que estuvieron tanto de acuerdo como en desacuerdo con ellas. ¡Feliz Navidad 2024 y Feliz Año 2025!

Y como dijo el filósofo de La Junta: "Se las dejo ahí...”

@LColmenaresR