Ahora la indignación nace de las repugnantes palabras que, sin el más mínimo pudor, el minúsculo César Lorduy, ahora presidente del Consejo Nacional Electoral, le dijo a la congresista Ingrid Aguirre: “tú me puedes pagar con tu cuerpo”. ¡Asco!

Palabras cargadas de machismo, arrogancia y desdén por la dignidad humana, que representan una afrenta a la congresista y a la ciudadanía que aún cree en el respeto y la ética del ejercicio público. Es decir, no solo es un insulto personal hacia Ingrid Aguirre, sino un insulto a la democracia y a los colombianos.

Las palabras de Lorduy son un recordatorio vergonzoso de cómo algunos políticos ven su posición como una plataforma de poder y el terreno apropiado para la manipulación y el abuso.

No se trata simplemente de un comentario inapropiado, sino el reflejo profundo de una cultura institucional donde el respeto por las normas, los principios éticos y la dignidad de las personas parece que fuera secundario frente a la ambición personal y el oportunismo.

Más allá de un vergonzoso incidente, es un patrón inquietante de la forma como algunos altos funcionarios del Estado, en lugar de actuar como servidores públicos, se valen de sus cargos para obtener beneficios personales en todo sentido. No tienen límites.

En el caso de los congresistas, utilizan el poder para exigir favores, manipulan a sus empleados de la Unidad de Trabajo Legislativo para que realicen trabajos que no corresponden con sus funciones, hasta exigen dinero a cambio de beneficios o favores políticos. Una traición a los principios democráticos y un insulto a la ciudadanía que confía en los congresistas para legislar, no para enriquecerse o abusar de su posición. Es imposible construir una democracia funcional cuando quienes ostentan el poder se creen intocables, por encima de las leyes que deben defender.

La corrupción y el abuso de poder no son nuevos en Colombia, pero la frecuencia con la que se denuncian estos actos nos lleva a cuestionar si la ética se ha convertido en un concepto ajeno a muchos de los altos funcionarios del Estado.

Los congresistas deben mirarse al espejo y preguntarse si realmente están cumpliendo con transparencia e integridad el mandato que les entregó la ciudadanía cuando los eligió.

La indignación ante estos actos de abuso no debería quedar en el simple rechazo. Este es un llamado a la acción, un grito colectivo. ¿Cuántos más como Lorduy seguirán pensando que pueden actuar impunemente? ¿Cuántos ciudadanos más soportarán un sistema que parece estar más interesado en su propio beneficio que en resolver los problemas de la gente?

Los congresistas tienen una responsabilidad crucial: legislar en beneficio del país y sus ciudadanos, no utilizar su posición para obtener beneficios personales. Es una cuestión de legalidad y decencia. La ética y la integridad no son una opción, sino los pilares de toda acción dentro del Congreso y en las máximas instancias del poder: rama ejecutiva, judicial, órganos de control y entidades autónomas. El caso de César Lorduy solo es la punta del iceberg.

Si queremos cambiar la realidad del país y restaurar la confianza en las instituciones, es hora de sancionar a los altos funcionarios que actúen de manera indebida y entiendan que no están por encima de la ley ni de los valores que sostienen nuestra sociedad.

No basta con disculpas vacías o promesas de cambio; necesitamos acciones concretas, necesitamos una revisión profunda de los mecanismos de control y, sobre todo, necesitamos líderes que realmente comprendan el significado del servicio público. Queremos líderes con integridad, que trabajen por el bien común, y entiendan que el poder es una responsabilidad, no un derecho a la impunidad. ¿Qué clase de líderes están construyendo el futuro de Colombia?

Este es un llamado a la reflexión para Lorduy y los altos funcionarios del Estado que ven el desempeño de su cargo como una oportunidad de abuso y enriquecimiento personal.

Y como dijo el filósofo de La Junta: "Se las dejo ahí...”

@LColmenaresR