Una vez más, se medirá el pulso entre el poder ejecutivo y el judicial para ver quien se queda con este gigante aparato burocrático, de no menos de cuatro mil personas, con salarios jugosos, un presupuesto envidiable pero que enfrenta varios problemas en el correcto ejercicio de sus funciones como por ejemplo, de una justa modernización en sus devaluados sistemas de prevención, intervención y función disciplinaria; en dejar de ser un ente reactivo más que activo; en que debiera enfocarse más en el riesgo y no en el daño; en declararle la guerra frontal a los corruptos con resultados, aunque desgraciadamente, muchos de esos y sus círculos cercanos con sus casas políticas son los que eligen al Procurador (a) desde el desdibujado parlamento; una institución que como otras, no le está generando al ciudadano común la suficiente confianza y seguridad en que sus quejas disciplinarias contra funcionarios, mostrarán resultados efectivos en yn tiempo justo, entre otros temas que merecen mayor crítica y atención para abrir el debate.
Petro, que se ha tomado muy en serio la frase apòcrifa de Luis XIV: “ El Estado soy yo”, tendría como objetivo poner Procurador de bolsillo, así como su actual Fiscal General, y no es para menos ya que su delirio de poder no respeta méritos ni independencia, solo le sirve alguien adiestrado, manso y útil para arrinconar desde lo disciplinario a aquel que estando en ejercicio de funciones públicas, se atreva a investigarlo. Así es que se flexibilizan estas normas, con un amigo (a) ideológico presto a perseguir, amenazar e iniciarle su disciplinario si es miembro activo de la oposición o desde la independencia.
Hay unos temas bastante polémicos que seria importante ser aclarados a la opinión por quien resulte elegido, empecemos por el de la aplicación de los fallos disciplinarios a personas electas en cargos de elección popular y aforadas. Esto, refiriéndome al tema de medida cautelar de suspensión y la decisión fundada de destitución a alcaldes, gobernadores o como sucedió con el excanciller Leiva , en el actual gobierno que se ha caracterizado por burlar las decisiones del Ministerio público, dilatarlas en el tiempo, crear un ambiente polarizador, y sobre todo, un presidente que no ha leído el pronunciamiento de la Corte Constitucional a este respecto queindica que el Procurador General sí tiene competencia para suspender o inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular, sanción que como es natural, pasará por un control judicial que seria el Consejo de Estado.
Es urgente que el país sepa que, si la persona ternada por Petro gana, va a hacer cumplir lo expresado por la Corte Constitucional como órgano máximo que determina la legalidad y el Estado de derecho de nuestro país.
Otro tema no menos importante que también debe ser discutido es el de las solicitudes de Procurador Ad Hoc por parte de los agentes disciplinados con miras a ganar tiempo, reacomodarse en el cargo y dilatar la decisión. Si bien no tiene nada de malo el acudir a esta figura, si genera suspicacia cuando la decisión recae sobre un personaje popular y muy poderoso que busca un nuevo aire acudiendo a esta segunda instancia para que se resuelva si se revoca o se mantiene en firme, específicamente, en una destitución. Algo muy parecido resulta de las solicitudes de impedimentos utilizados más como instrumentos políticos en busca de un guiño.
Así mismo, ciudadanos acuciosos se preguntan algo muy obvio ¿Qué hacer con aquellos funcionarios que les encanta la figuración y que rayan con el abuso de poder? Debería redefinirse las facultades y procedimientos para tomar ‘el toro por los cuernos’ e impedir desde el derecho disciplinario que este tipo de funcionarios vendan mensajes equivocados y poco transparentes a la opinión como sucedió en el reciente pasado con el exalcalde de Medellín al que apodan ‘pinturita’ que aparte de saquear el erario paisa se dedicaba a una serie de prácticas y mensajes indignos en redes sociales. Al final una tibia sanción que con sobrados méritos pudo haber significado su destitución.
Igualmente, qué hacer para frenar el excesivo nombramiento en la Procuraduría de familiares y amigos de congresistas, magistrados, embajadores, políticos y activistas ideológicos. Acabar con esa pagadera de favores y evitar la repartija de ese poder seria lo más consecuente. Y ni hablar de aquellos próximos a conseguir su pensión por vejez que convirtieron a esta institución en el mejor ‘pensionadero’ de este país. Lastimosamente, el “yo te elijo, tú me eliges” “ y la puerta giratoria” viven sabroso allí.
Estos y otros temas polémicos son los que deberían ser atendidos y no seguir escuchando las mismas respuestas de cada cuatro años de los aspirantes al cargo por ejemplo que se van a acercar a la gente, que serán tremendamente preventivos e implacables contra los corruptos, que van a trabajar de la mano con la institucionalidad, que los DDHH, que el cumplimiento de la ley, que defender los intereses de la sociedad, velar por los fines del Estado… que esto y que aquello pero al final de cuentas, llegue quien llegue, seguirá siendo un paquidérmico órgano sin dientes, un ente burocrático y mediocre a más no poder, tremendamente politizado, poco resultadista, con una lamentable estadística en cuanto a fallos sancionatorios, con funcionarios que les gusta el show, la prensa y el trampolín político. Para finalizar, una pregunta muy seria ¿Pondrá Petro Procurador (a) de bolsillo?
