Por el contrario, el irrespeto a la institucionalidad conduce a la anarquía que vivimos hoy; y la anarquía es violencia y el sometimiento criminal del pueblo inerme al más fuerte.
Hasta el gobierno anterior, la lucha por imponer la ley y el orden en Colombia se percibió hasta el final de su mandato pero ahora al juzgar por los resultados, este gobierno propicia el desorden y la destrucción del Estado de Derecho con un propósito desconocido para la mayoría de nosotros, pero muy claro para el mandatario que siempre ha sido enemigo del Estado colombiano desde su militancia en el grupo terrorista criminal M 19 hasta su elección como Presidente el año pasado después de liderar un paro nacional financiado por las organizaciones terroristas, y hasta ahora que gobierna con plena laxitud con los grupos armados. Uno alcanza a entender el propósito que tienen crímenes como los de la primera línea en ese paro, el del indígena opositor al candidato Petro, Jesús Antonio Montaño durante la campaña presidencial, o el del subintendente de policía Ricardo Arley Monroy por las guardias campesinas elogiadas por el ex ministro del Interior Prada cuando el mismo Presidente Petro impidió al ejército defender a los policías en el Caguán, o el curioso suicidio del Coronel Oscar Dávila dentro del episodio de las escuchas en las oficinas del Presidente relacionadas con dineros y viajes a Venezuela y despechos del ex embajador en ese país y jefe de campaña del Presidente revelando grandes sumas de aportes de no “propiamente empresarios” a su campaña, las revelaciones del hijo del Presidente y su exesposa, y por último, los planes para asesinar al Señor Fiscal, la Senadora Cabal y el excomandante del ejército General Zapateiro por parte del grupo terrorista ELN con quien este gobierno dialoga, además del plan pistola para asesinar policías de ese otro grupo terrorista de las Farc. Debe ser que todos esos crímenes son necesarios para el propósito de gobierno de Petro, y si es así ¿cuántos más tendrán que consumarse para someter a Colombia?
El pueblo colombiano puede escoger entre navegar a la deriva con un timonel perverso hacia el puerto de la barbarie, o imponer la ley y el orden por el camino de la civilización.
Para imponer la ley y el orden hay que empezar con exigir mediante protestas callejeras, como ya se vienen desarrollando, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que proceda con el juicio al Presidente por haber superado los topes de su campaña electoral, según las pruebas documentales aportadas a la demanda por indignidad en el ejercicio del cargo. Aunque hay otras demandas cuyo proceso puede demorar, la prueba documental del exceso sobre los topes basta para destituirlo.
Este asunto crucial para el futuro de las instituciones colombianas, la legitimidad del Estado, la solidez de la República y por consiguiente la convivencia ciudadana en paz, de forma inmediata, no puede de ninguna manera quedar a merced de conceptos apreciativos, interesados y subjetivos de un parlamentario cualquiera designado en esa comisión, sino que tiene que ser tratado mediante la presión ciudadana por un juicio imparcial sujeto a los hechos. Tiene que ser así ante la nula efectividad de esa comisión.
La magnitud de lo que está en juego con el insurgente Presidente al mando, enfrentado a la fiscalía, la procuraduría, al orden jurídico, a las instituciones privadas y al cumplimiento de la ley y el orden por parte de las fuerzas armadas, nos obliga a presionar hasta el límite por la destitución del Presidente conforme a los procedimientos legales.
De esta forma los parlamentarios de esa comisión sabrán a qué atenerse antes de emitir un concepto. Colombia no está dispuesta a un régimen de terror al que nos conducen mediante la burla sistemática de la ley y la Constitución a la par que con crímenes como los mencionados y el consecuente empoderamiento de los grupos terroristas.
