En febrero de 2017 (trece años después), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARI), en respuesta a un derecho de petición donde solicita se le indique cuándo se le hará entrega de la “Ayuda Humanitaria”, y cuándo se le reconocerá y ordenará el pago de la “Indemnización Administrativa” por Desplazamiento Forzado, le informa que la “Ayuda Humanitaria” se le hará en un “único giro el cual tiene por objeto atenuar la situación actual de su hogar,  teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Entidad”. Esta “atención”, cuyo monto ascendía a $ 50.000 (cincuenta mil pesos), nunca fue reclamada por ser humillante para la víctima. Y sobre la “Indemnización” respondieron que “…no se podrá priorizar por vía administrativa.”.

En febrero de 2018 (catorce años después), la UARI, en respuesta a otro derecho de petición donde solicita se le indique cuándo se le reconocerá y ordenará el pago de la Indemnización Administrativa, le informa que “…a partir de enero de 2018, lo invitamos a acercarse a los puntos de atención o centros regionales ubicados a lo largo del territorio nacional, donde se le informará del trámite que deberá surtir” y que “… dependerá de la existencia de presupuesto…”

El 22 de abril de 2021 (diecisiete años después) se expide la resolución “Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnización administrativa” que en este caso asciende a 27 SMLMV, dejando claro que “…La entrega de la indemnización se realizará siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal…”. O sea que, por tercera vez, se le reconoce mediante un acto administrativo que tiene un derecho, pero se le condiciona a la existencia de presupuesto y a una priorización legal que le permite a la entidad aplazar sus obligaciones por tiempo indefinido e incontrolable.

Al día de hoy, después de diecinueve años, esta víctima no ha recibido un solo peso del gobierno y lo único que encuentra son evasivas y humillaciones… Y este es solo un caso entre cientos de miles que se viven en Colombia.

Ahora bien: hoy el gobierno Petro instaura el “Programa Nacional Jóvenes en Paz” con el que entregará a los jóvenes que son miembros de bandas criminales un incentivo económico de $ 1.000.000 mensuales para que dejen de delinquir. Es la inversión de los valores en Colombia, donde la delincuencia victimaria es premiada constantemente con impunidad, privilegios, curules, protección y prebendas, mientras las víctimas son humilladas, maltratadas, ignoradas e irrespetadas y sus derechos son vulnerados por el propio Estado de manera indignante.

No se entiende como el gobierno Petro se dispone a pagarle millonarias sumas a los victimarios, cuando tiene una inmensa deuda con las víctimas. Es la revictimización de millones de colombianos, ya no solo por los grupos terroristas en conflicto, sino por el mismo Estado. Tampoco se entiende que cuando el fondo filosófico de la Paz Total gira supuestamente alrededor de las víctimas, estas sean permanentemente ignoradas; y que para el cumplimiento de sus derechos económicos legalmente adquiridos y reconocidos, siempre exista una disculpa y una dilación, mientras para los victimarios sí se disponga de presupuesto, voluntad y cumplimiento. ¿Podrá haber paz en un país con estas iniquidades? ¿Se podrá hablar de justicia cuando el propio Estado viola los derechos de las víctimas, y todos sus esfuerzos se orientan en premiar a los victimarios?