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César Salas Pérez   

Alarmadas se encuentran las autoridades en salud por la cantidad de solicitudes de personas que reclaman el derecho a la eutanasia, no tanto por padecer penosas enfermedades terminales, sino más bien, por problemas económicos, depresivos y de mala atención médica en sus tratamientos y rehabilitación.

Y no es para menos, ya que desde que se reglamentó el procedimiento para ejercer el derecho a la “muerte digna” a través de la eutanasia, los procedimientos siguen aumentando de manera notoria en el país. Las disposiciones judiciales que enmarcan nuestra normatividad en el tema de la eutanasia están en la sentencia T- 970 de 2014 de la Corte Constitucional y la resolución 971 de 2021, donde se extendió ese derecho a pacientes no terminales que tuvieran “intenso sufrimiento físico o mental por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables”.

Según la definición de la eutanasia, este es un procedimiento médico, consciente, intencional y voluntario para poner fin a la vida de un paciente terminal que no tiene expectativa médica de mejoría, con el fin de evitarle mayores sufrimientos y dolores.

Desde la perspectiva de la fe y del confesionalismo, el procedimiento raya con el suicidio siendo un pecado y un acto reprochable, y por ende la eutanasia como una forma de complicidad médica. Entendidos en la materia califican la eutanasia como un “suicidio asistido” debido a que la muerte voluntaria no deja de ser una muerte y por ende, posee consecuencias morales tanto en el cuerpo médico ejecutante como en la sociedad que lo tolera.

El debate ha estado y seguirá estando abierto ya que está en juego el derecho de derechos, el de la vida. Lo que sí está claro es que la polémica aumenta cuando un colombiano accede al derecho a la eutanasia sin sufrir una enfermedad terminal. Este es el punto de discusión que rompe teorías.

En cuanto al debate jurídico, en el centro de la discusión está la ausencia de regulación y la inseguridad jurídica que argumentan muchísimos prestadores de salud. Le corresponderá al nuevo congreso de la república regular el espinoso tema que evite de una vez por todas el enredo de la maraña legal de la frase “derecho a morir dignamente”.

En cuanto al debate político, los aspirantes al congreso como los presidenciables no debieran callar al respecto ni existir ningún temor a defender el derecho a la vida en su integralidad. De este debate dependerá que la muerte sea el final de la vida o un final a través de derecho de petición.

Es que la libertad suprema de vivir no incluye la libertad suprema de morir dignamente. Desde entonces creemos plenamente en el milagro de la vida.

Tanto daño le hacen a la sociedad “los manifiestos liberales progresistas” permitiendo el todo vale y anulando preceptos superiores como la fe y la creencia en un ser superior que rige nuestros destinos.

Es muy fácil jugar al choque de valores que enfrentan a la sociedad, choques divisorios  para gobernar pareciera ser la máxima de Maquiavelo que mina a la actual sociedad colombiana de parte de las altas cortes progresistas que reivindican el todo vale. Esos falsos predicadores de la empatía y la compasión son elementos nocivos que atacan la ética y la moral del ser humano.

Simplemente cuando a alguien le pregunten si está de acuerdo con la nueva cultura de la muerte progresista tanto en la eutanasia como en la legalización total del aborto, se puede responder en que “el valor de la vida está por encima de las decisiones judiciales”.

Si anhelamos el respeto de las libertades individuales, empecemos por respetar la vida del ser humano en todo su esplendor y no pretendan que nueve cerebros togados decidan que llegó el momento de arrasar con el componente de fe y amor que más de 40 millones de compatriotas profesamos por la vida, por la fe en Dios, por el amor a la familia y por el respeto a la autoridad y el orden.

Ser auténticamente libres, es una decisión, ser libertinos, una evidente degeneración. La eutanasia no puede convertirse en la legalización del suicidio asistido. Debe ser el último paso en el consentimiento del paciente y no la salida express para morirse rápido.

Ciertamente, una cosa es respetar las diferencias, y otra realmente distinta es que las pequeñas diferencias sometan a las mayorías. Unos pocos fulanos con mucho poder nos están imponiendo la legalización del suicidio a la brava, a través de la órbita jurídica y de la política de izquierda extremista. Las minorías tienen licencia para imponerse absurdamente sobre la generalidad, así nos cambian de creencias y nos introducen en su narrativa destructora de la moral.

Reitero que bajo ningún punto de vista es admisible que la sociedad plural y multicultural que goza de todas las ventajas jurídicas, sociales, políticas, económicas y de moda, vayan a cambiar la historia, nieguen el pensamiento conservador y pretendan acabar con lo construido en siglos que nos ha servido desde entonces para vivir plenamente.

Lo que diga un subversivo, un violento revolucionario del terror no puede ser una hoja de ruta al colombiano de bien.

Antes de avanzar en la cultura de la legalización del suicidio por eutanasia hay que trabajar más en el tema legislativo que ponga límites; concientizarse que se requiere un cambio estructural en el sistema de salud, y en la relación del médico y su paciente, al haber galenos que no hablan con su paciente y solo lo ven como una mercancía, un dato estadístico y un diagnóstico.

La deshumanización de la salud es total.

El mejor testimonio lo da el enfermo de cáncer quien es mal atendido, no se le presta el tratamiento que requiere por su alto costo, su dignidad humana es maltratada y se sienten abandonados por el Estado y su sistema de salud.

Más que una eutanasia, miles de pacientes lo que necesitan es apoyo, acompañamiento y mayor sensibilización.

A este paso en unos pocos años habrá un mejor servicio de eutanasia en Colombia y un pésimo servicio de salud.

Publicado en Columnistas Regionales

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