Y lo era, por el simple hecho de que, en una sana lógica, la ley no puede permitir que se burlen sus decisiones y mucho menos sus sanciones, que era en la práctica lo que se estaba haciendo en la administración municipal. Porque la “sanción disciplinaria tiene finalidad preventiva y correctiva, para garatizar la efectividad de los principios y fines previstos en la constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública”, y mal haría la propia ley en permitir que quien sea acreedor de una sanción, la burle constituyendo una sociedad en la cual funja de gerente y permanezca, como tercera persona, ejerciendo lo que le está prohibido taxativamente en la decisión administrativa.
Pero con esta renuncia no termina todo. Por el contrario, este es el comienzo de una serie de consecuencias gravísimas que tendrán que afrontar quienes se han sentido por encima de la ley y han violado todos los cánones de la formalidad y la decencia. El artículo 408 del Código Penal hace relación a la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, y dice: El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de 66.66 a 300 SMMLV, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses.
¿Qué podrá pasar entonces con aquellos funcionarios que intervinieron en la celebración del contrato de gerenciamiento de la línea tres del cable aéreo cuando, sabiendo de la inhabilidad del gerente de Ideas Más, Jaime Antonio Osorio, lo suscribieron obviando lo contemplado en nuestra legislación? ¿Cuál será el futuro de este contrato, si desde la licitación misma y las demás actuaciones previas y definitivas, fue el citado gerente inhabilitado quien lo suscribió a pesar de su inhabilidad? ¿Las demás firmas que participaron en la licitación, no podrán reclamar por habérsele adjudicado a un proponente por quien firma un individuo carente de uno de los principales requisitos, como es el de la capacidad jurídica? ¿Qué pasa con los recursos que se han dilapidado en una sociedad en la que la inhabilidad reconocida del representante legal, hace inviable cualquier operación con entidades públicas, que es el principal objeto de su existencia? ¿Cómo justificar lo pagado en salarios a un gerente que se encontraba inhabilitado para ejercer una de sus principales funciones?
Definitivamente lo que mal empieza mal acaba. Y todo lo relacionado con la empresa ideas Más, cuyo origen está cuestionado, demandado, señalado y en duda desde lo jurídico hasta lo ético, tiende a fracasar y a enredarse en el mar de corrupción e improvisación que la caracteriza. Porque una compañía cuyo sustento fundacional parece violar los mandatos constitucionales, y en la cual se han presentado los mayores atropellos a la decencia y la transparencia, no puede tener un futuro promisorio. Y no puede recaer sobre ella ninguna designación de responsabilidades que impliquen recursos públicos, pues el detrimento patrimonial siempre será inminente, y el fracaso de sus operaciones será constante.
Repito: con esta renuncia no termina todo. Por el contrario, los “hechos están hablando” y demostrando que la improvisación de un alcalde que no sabe donde está parado, está llevando a la ciudad al caos que ya no solo se limita a lo físico, que es imperdonable, sino a lo estructural y administrativo, que es impresentable. Y así nos quieren imponer una réplica de Carlos Mario en la Cámara de Representantes. ¡Mamola!
