No, alcalde. Su desprestigio ha llegado a niveles insospechados y la escasa credibilidad ha quedado por el suelo. Porque es Usted incapaz de dar un paso sin dejar una estela de desastres, para luego esconderse evitando responder por sus actos. Estas son las consecuencias de la permisividad que han mostrado los entes de control y de justicia con el alcalde verde. Se burla descaradamente de la Contraloría, que le acolita sus actos de forma vergonzosa; de la personería, que está sometida a sus designios; de la Fiscalía, donde las denuncias duermen a la espera de algún pronunciamiento; y ahora de la Procuraduría General de la Nación, cuyas decisiones son soslayadas descaradamente por Marín. Porque queda demostrado que una sanción emanada del Ministerio Público, al llegar a las manos del alcalde verde, queda levantada o sencillamente desconocida, y ahí muere el asunto.
Esto es corrupción, alcalde. ¡Y en su máxima expresión! Vivimos en un Estado de derecho y los mandatarios están obligados a dar ejemplo, pues su responsabilidad es absolutamente superior a la de los demás ciudadanos, y el quiebre institucional tiene connotaciones muy diferentes cuando proviene de quien obtiene en las urnas la confianza del pueblo, y a reglón seguido la defrauda. Y eso ha hecho Usted, alcalde. Los 75.000 votos que tanto alardeó en su triunfo y que lo legitimaron sin discusión en el poder, hoy lloran su decepción. Y, con ellos, los otros 400.000 manizaleños que vemos impotentes como se nos destruye la ciudad ante su incapacidad para gobernarla, y su tolerancia o provocación a la corrupción.
¿Cómo responde Carlos Mario por el nombramiento de un inhabilitado para contratar, en la gerencia de la empresa por donde pretende privatizar el presupuesto de la ciudad? Podrán plantearse dos escenarios: uno, que tanto el alcalde como el gerente de Ideas Más tenían conocimiento de la inhabilidad impuesta por la PGN, y aun así decidieron quebrantarla y restituirse espuriamente el poder de contratación que la Procuraduría le había suspendido; o dos, que el gerente le escondió su condición de inhabilitado y se cometió entonces una falta de doble vía: la del gerente que lo sometió a un engaño manifiesto, y la del alcalde que lo nombró y quebrantó el deber objetivo de cuidado, al no verificar los requisitos básicos que se exigen para cualquier contratación pública.
Quien es sancionado con la inhabilidad y pierde su capacidad legal para contratar con el Estado, no puede refugiarse en la representación de una sociedad para hacerlo, pues estaríamos hablando de un esguince jurídico que la ley impide y la decencia condena. Y la posibilidad de que Osorio gerencie una empresa mixta que se rige por el derecho privado, no lo releva de la inhabilidad proferida por el ente nacional, sino que, por el contrario, la extiende a los actos contractuales de la sociedad que representa.
Ahora: ¿cómo sustentar que se paguen unos salarios extraídos del erario a quien no está en capacidad de cumplir las funciones para las que fue contratado? ¿Cómo explicar el detrimento patrimonial que se generará ante la nulidad de contratos y convenios firmados contrariando la inhabilidad? ¿Qué consecuencias penales traerán estos hechos? ¿Qué dirá Bernardo Mejía Prieto, ante la aberración legal que se presenta en la empresa a la que le prestó su concurso para justificar su mixtura y, con ella, la ausencia de control?
Alcalde: su incapacidad administrativa está demostrada; su corrupción es evidente; y el daño que le causa a la ciudad no puede ser mayor. ¡Pobre mi Manizales!
