Si señores, aunque suene descabellado, y existan tantas órdenes de captura vigentes en su contra por varios delitos, tantas condenas, tanto dolor ocasionado a las víctimas y que exista solicitud de extradición del gobierno americano por narcotráfico, es una posibilidad muy seria que, en estos tiempos de primacía de la impunidad, no es descartable.
“Alias Otoniel” puede fácilmente ser considerado como uno de esos agentes del Estado de facto al que su escenario natural en el que debe contar su verdad es la cuestionada Justicia Especial para la Paz.
Para nada sería difícil encasillar al narco capturado como un guerrillero o como miembro de las fuerzas del orden, o por qué no, como un tercero que haya participado activamente en el conflicto armado.
Aún, en el caso de los paramilitares, recordemos que presentarse a la JEP es viable cuando éstos puedan demostrar su calidad de terceros civiles colaboradores.
Y es que más de 30 años de vida delictiva darían para todo, en un país como el nuestro dónde hoy los victimarios son las víctimas del conflicto armado, y dolorosamente, las víctimas han sido revictimizadas por el mismo Acuerdo de Paz y su implementación.
Incluso, el éxtasis de la Paz ha afectado tanto a nuestro estado de derecho que podríamos, incluso, pensar que Otoniel podría aspirar a una de las 16 curules para la paz que están acéfalas y esperando dolientes quienes las ocupen.
Recuerdo que, a finales del 2018, un grueso grupillo de extraditables recluidos en la Penitenciaría La Picota de Bogotá, se atrevieron a presentar ante la JEP una propuesta “para la construcción de una paz estable y duradera”, cuyo objetivo central era que fueran incluidos en la Justicia Especial partiendo del hecho de que el narcotráfico fue declarado como delito conexo de la rebelión y principal financiador del aparato delincuencial que azotó por décadas a Colombia.
El trasfondo de semejante esperpento no era otro distinto que la búsqueda de una amnistía para la extradición, segunda instancia para procesos de extradición no sólo por el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, y finalmente, su inclusión en la JEP. Todo esto suena burlesco y atrevido, pero en un día no muy lejano y con un gobierno extremista de izquierda que patrocine de frente el narcotráfico, puede ser una realidad.
Dentro de mi humilde conocimiento tengo entendido que quien desee acceder a la JEP, en calidad de víctima, debe hacerlo inicialmente, mediante los informes colectivos correspondientes, presentados a la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los Hechos y conductas, de conformidad con la Ley 1922 de 2018 que señala las reglas de procedimiento de esa jurisdicción.
Y que tal que la defensa de Otoniel constate graves afectaciones a sus derechos humanos fundamentales, los de su familia y los del “clan del Golfo” que dirigió por años y se active su calidad de víctima y por ende, la competencia de la JEP. Hecho lo primero, no sería complicado pasar al siguiente nivel y es el de argumentar un estricto informe colectivo de una organización de la sociedad civil a la que la ostentosa vida del narcotraficante haya beneficiado por tal o cual motivo. Es que gente agradecida en este mundo aún existe.
Otro punto que podría sustentar su defensa es que como la JEP pasados 4 años no muestra celeridad en los resultados por ejemplo en delitos como el reclutamiento de menores o la violación sistemática de mujeres que fueron reclutadas y por el esclarecimiento de otros graves delitos cometidos en el marco del conflicto armado, peor aún, que no existe ningún tipo de impedimento de que quienes sean juzgados por delitos de lesa humanidad puedan aspirar a cargos de elección popular, pues Otoniel que por años escogió el peor camino de un ser humano, el de matar, violar, narcotraficar, extorsionar, cometer genocidios, reclutamientos, violaciones etc., pues sería justo y necesario que tuviera una segunda oportunidad y se le pueda permitir contar su verdad, como un primer paso de justicia efectiva para Otoniel quien trístemente acudió a las formas más brutales de aniquilamiento y persecución frente a otros miles de seres humanos.
Plata habría en cuantiosas cantidades para reparar a las víctimas y esto ya no constituye en sí mismo, una violación flagrante de los principios a los cuales se puede hacer acreedor en la JEP.
Tras bambalinas y trabajándole duro al tema 24/7 y antes de que los gringos lleguen por él en un charter para llevárselo a pasar sus próximos 40 años en una tenebrosa prisión tipo “Alcatraz”, pero más moderna y más segura, lo que buscaría su defensa y con toda suerte de presiones, es encontrar una legitimación de su anhelo de entrar a la justicia transicional para gozar de beneficios de excarcelación, gozar de principios de no extradición bajo la farsa de entrega de verdad, reparación y garantía de no repetición, como soportes estructurales de esta debil justicia caracterizada por la asepsia de prontuarios criminales tipo Farc.
Lo mejor y más hermoso de todo esto es el compromiso y el amor por Colombia de nuestros militares y Policías, a ellos, nuestras más sinceras felicitaciones por el deber cumplido.
