Rafael Nieto Loaiza

La Comisión de la Verdad está plagada de pecados. Uno, de origen, como que es resultado del acuerdo de Santos con las Farc, pacto rechazado por los ciudadanos en el plebiscito. Otro, de conformación, con sus miembros escogidos arbitrariamente por un grupúsculo de mayoría extranjera y con una evidente tendencia de izquierda entre casi todos ellos. Uno tercero, en sus fines. Más allá de que es cuestionable la idea misma de que hay una “verdad” oculta sobre lo ocurrido en el conflicto que deba ser esclarecida, probable por ejemplo en dictaduras pero no en Colombia donde ha habido prensa libre y un aparato judicial autónomo, es evidente que el propósito de esta Comisión fue crear una nueva versión de lo sucedido y establecer otras responsabilidades, una metaverdad de acuerdo con la cual se diluyeran las culpas de las guerrillas y se ampliaran las de los empresarios, la Fuerza Pública y el Estado, convirtiendo en políticas institucionales las que fueron conductas individuales, invirtiendo los papeles de víctimas y victimarios y culpando a la “sociedad" como “responsable de la tragedia". Y, de esa manera, establecer un nuevo relato de lo ocurrido, uno favorable y benigno a las guerrillas y a sus dirigentes y apoyos políticos, y contribuir a los propósitos de la izquierda colombiana.