Columnistas Nacionales
Paloma Valencia
La línea del metro elevado contratada por la alcaldía de Peñalosa en Bogotá está en ejecución. En el 2028 estaría lista. El costo es de 12,9 billones de pesos donde el 70% de los recursos los aporta el Gobierno Nacional. Ahora Petro quiere cambiar el contrato para volverla subterránea, lo que equivaldría a parar la construcción actual, sumarle hasta 10 años más a su construcción y un sobrecosto de hasta 17 billones de pesos.
José Félix Lafaurie
Fue esa la pregunta central del Foro Colombia 2023 de la Revista Semana sobre el tema de la paz. En principio, quiero acotar el concepto y por esa vía, también la respuesta sobre algo que se parezca a la “paz total”.
Luis Guillermo Vélez Álvarez*
Finalmente, Gustavo Francisco Petro Urrego decidió intervenir en el sector de los servicios públicos y, en particular, en el sector eléctrico, valiéndose para ello del artículo 370 de la Constitución y el 68 de la ley 142 de 1994, de acuerdo con los cuales el Presidente de la República puede asumir directamente las funciones delegadas a las comisiones de regulación. Afirma que lo hará “temporalmente en defensa del usuario”. Naturalmente, sea por las comisiones o directamente por el presidente, esas funciones deben ejercerse “con sujeción a la ley”, como bien indica el mentado artículo 370.
Rafael Nieto Loaiza
En la columna pasada se mostró no solo que Colombia no produce hoy suficiente energía para exportar (menos aún “energías limpias”) sino que incluso hay riesgo de que haya racionamientos. No será por ahí que se pueda "sustituir la matriz de exportaciones” basada en hidrocarburos y carbón.
Paola Holguín
Sin ninguna duda, el de Petro va en camino a convertirse en el peor de los gobiernos que hayamos tenido, dada la tóxica combinación de autoritarismo, improvisación e ignorancia del modo en que ha de conducirse el Estado.
John Marulanda*
Desde Davos, en donde asistieron los presidentes de Colombia, Ecuador y Costa Rica, el primer mandatario colombiano se comunicó con sus subalternos sobre la grave crisis del suroccidente del país, en el municipio de Rosas, que obligó a que el gobierno colombiano utilizara al Ecuador para abastecer a Nariño. El próximo 5 de febrero, los ecuatorianos elegirán juntas parroquiales, alcaldías y consejos provinciales y decidirán en las urnas si aprueban o no la extradición a Estados Unidos de sus paisanos acusados por narcotráfico. Con una producción de unas 1500 toneladas métricas de cocaína en Colombia, más del 70% saliendo por el andén pacífico colombo-ecuatoriano y con el dólar como la única moneda oficial en Suramérica, el Ecuador se ha convertido en el paraíso de los narcotraficantes.
