Pbro. Mario García* 

Por lo menos dos casos de eutanasia se han dado en Colombia en los últimos días. Por lo menos, digo, pensando en que probablemente hayan ocurrido otros a los que no se ha dado publicidad. Los que han sido objeto de previo anuncio, de posteriores comentarios, de entrevistas, generalmente superficiales, tanto a las dos personas a las que se les dio muerte como a familiares o amigos, son el de don Víctor Escobar y el de la señora Martha Sepúlveda. Uno y otra padecían enfermedades dolorosas, que acarreaban graves sufrimientos, pero que, de acuerdo con el concepto médico, no tenían el carácter de enfermedad terminal. Y en referencia a ambos casos, nuestros irresponsables medios de comunicación y la mayoría de nuestros periodistas de radio, televisión y prensa escrita han dicho, poco más o menos, que “al fin lograron una muerte digna…”

Pbro. Mario García* 

Escribí, hace ya algunos meses, un comentario al que puse este título: “¡Qué jauría!”. Me refería en él a la clamorosa campaña desatada en ese momento por los más poderosos medios de comunicación contra la Iglesia católica, por su postura en defensa de los valores de la ética cristiana y de la ley natural en relación con el matrimonio y la familia.

Pbro. Mario García* 

Se disponen los fulleros togados de la corte constitucional, en su ya habitual arrogación de funciones que no les corresponden, a establecer la despenalización total e incondicional del aborto. Y conociendo el sesgo inocultable de ese cenáculo, ya podemos prever cuál será el sentido de su sentencia. Será la patente de corso con que los  corifeos del infanticidio se sentirán autorizados en sus campañas asesinas; será la credencial otorgada a agencias de muerte como Profamilia para que continúen la perversa masacre de los más débiles entre los débiles; será el “lavado” de los ríos de dinero con que criminales internacionales como George Soros, o la fundación Rockefeller, o las oenegés por ellos financiadas sigan brindando recursos de coacción a la nefanda industria de asesinatos con garantía previa de impunidad.