Eduardo Mackenzie
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El fraude electoral del 13 de marzo no ha sido analizado, ni investigado, ni sancionado.
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La opinión pública quizás olvidó que Piedad Córdoba, en 2005, tras un proceso judicial de dos años, perdió su mandato de senadora tras ser condenada por fraude electoral (por suplantación de electores, suplantación de jurados en mesas de votación y desaparición ilegal de votos). Los condenados fueron Piedad Córdoba, Gabriel Acosta Bendeck y José Renán Trujillo (Ver El Tiempo, 11 de julio de 2005).
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La primera tarea que le puso el candidato Gustavo Petro a su nuevo jefe de debate, el abogado Alfonso Prada Gil (1), fue tratar de darle un lustre a su deteriorada imagen. Sin tardar, Prada dio los primeros pasos. Logró que Semana TV le hiciera una entrevista complaciente (2), es decir sin preguntas verdaderas y sin aportar la contradicción a las exageraciones, a los silencios y a los elementos de lenguaje asombrosos de Alfonso Prada. Una nueva Operación Candor fue así puesta en marcha. Todo muy bien ilustrado con abundantes videos y fotos de propaganda de la campaña de Petro.
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El abogado Juan Manuel Charry Urueña no es partidario de que el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, sea objeto de una investigación y/o de una destitución eventual por los graves hechos que ocurrieron durante las votaciones del pasado 13 de marzo.
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El Registrador Nacional Alexander Vega Rocha tuvo la oportunidad de explicar qué había ocurrido el 13 de marzo pasado. La revista Semana lo entrevistó el lunes pasado durante una hora. La argumentación de Vega es simple: “No hubo fraude, sólo hubo algunos errores humanos en el preconteo de Senado por cuenta de unos jurados de votación”. El más grande ensayo general de fraude electoral de los últimos años en Colombia fue trasformado así por Alexander Vega en un incidente sin importancia.
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Están fracasando los acercamientos entre el Partido Liberal y el Pacto Histórico. Y la angustia de Gustavo Petro aumenta pues esa era su última carta para tratar de ganar la elección presidencial. El vocabulario ultra agresivo que utiliza ahora el jefe extremista, admirador de Putin, quien no baja de “nazi” a todo aquel que se le opone, y a toda la prensa que no le rinde pleitesía, refleja esa enorme desazón.
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Un video con las declaraciones de Natalia, una joven que iba a ser jurado en una mesa de votación de Pereira, el 13 de marzo, circula desde hace unos días en WhatsApp. Aunque la joven dice ser simpatizante del Pacto Histórico lo que cuenta parece importante. Ella dice haber sido contratada por Disproel, o por una empresa llamada ASD, lo que puede ser AS Disproel, o Disproel S A, una empresa a quien la Registraduría Nacional le adjudicó, el 10 de septiembre de 2021, un contrato enorme de $1.8 billones de pesos y por el cual le anticipó, según Blu Radio, cerca de $200.000 millones para que se haga cargo de los procesos electorales de 2022.
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Es innegable que el Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, está bajo la influencia directa de Gustavo Petro. Esa influencia obliga al Registrador Nacional a obrar en consonancia con los intereses de Petro y de su coalición de grupos extremistas.
