El diagnóstico fue equivocado. Negociar por igual a todos los violentos no solo es contrario a la Constitución y a la ley que, nos guste o no, da un tratamiento político al grueso de los delitos cometidos por los grupos guerrilleros, sino que enreda innecesariamente el camino judicial, como quedó comprobado con el galimatías de la suspensión de órdenes de captura, y genera tensiones tanto con los grupos comunes, que pretenden que sus delitos se traten como los de los guerrilleros, como con estos, que se ofenden al ser considerados iguales a los otros violentos.

Los ceses del fuego echaron por la borda lecciones aprendidas de procesos previos, entre ellas que la presión militar sobre los violentos es fundamental para asegurar que asuman seriamente la negociación como un mecanismo real de salida de la confrontación y que los ceses sirven, pero al final de las negociaciones, para prepararse para la desmovilización y el desarme. Firmados para empezar y sin exigirle a los violentos que paren su accionar criminal, solo sirvieron, como advertimos algunos que ocurriría, para paralizar a la Fuerza Pública y, en paralelo, fortalecer a los violentos.

El resultado a la vista: según Human Rights Watch, “para junio de 2024, el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios; el ELN, en 232; y los grupos disidentes de las Farc, en 299. Estas cifras representan un aumento de aproximadamente el 55%, el 23% y el 30%, respectivamente, en comparación con 2022”. Según un informe que se filtró del MinDefensa, que ha ocultado sistemáticamente las cifras, para el primer semestre del 2023, entre el Eln, las disidencias y las reincidencias de las Farc y el Clan del Golfo, tenían en total 16.770 en armas, un 11% más en comparación con el 2022. Ese número debió crecer aún más para fines del 2024.

Renunciar a la erradicación solo generó más cultivos de coca, más cocaína, las peores cifras de incautación de la historia y el fortalecimiento de las finanzas de los grupos violentos. Sin informe para 2024, los cultivos de coca aumentaron un 10% en 2023 para llegar a las 253.000 h, la producción de cocaína creció un 53% hasta las 2.664 ton, la erradicación cayó 66%, la cocaína producida aumentó 8,5 veces más que las incautaciones y estas son proporcionalmente las menores en muchos años. Como para septiembre del año pasado 2024 la erradicación era apenas de 4.504 h, menos del 2% de las cultivadas a diciembre del 23, es de prever que para fin de año los cultivos de coca y la producción de cocaína debieron haber aumentado sustantivamente y, por tanto, los ingresos de los grupos violentos han debido ser enormes. Si se considera que el secuestro y la extorsión se dispararon, son aún más grandes.

Para fines del 2022, Tibú, en el Catatumbo, era el municipio con más hectáreas de coca del mundo, con cerca de 22.000 h, y en toda la región llegaban a 28.000. El control de tanta coca, además en la frontera con Venezuela, explica en mayor parte la dinámica de violencia.

Para rematar, la Fuerza Pública, por decisión del gobierno y por incapacidad, se replegó a los cuarteles y dejó de combatir a los violentos. Una semana después de que empezara la ola homicida, aún no se ha producido ni siquiera el primer combate con el Eln en la zona.

Por ahora, el Catatumbo, como Cauca y Putumayo, donde la violencia también está disparada pero no en el foco de los medios, demuestran que en cualquier esfuerzo para poner fin a la violencia pasa por atacar a fondo la coca y la cocaína, por desatar la manos a la Fuerza Pública y mejorar sustantivamente su inteligencia (las advertencia de lo que se venía en el Catatumbo las hizo la Defensoría) y su capacidad operacional, y por ejercer control militar del área y control territorial general por el Estado. 

La otra parte de la violencia en el Catatumbo se explica por razones geopolíticas. Las informaciones muestran que el Eln se convirtió en un grupo paramilitar en Venezuela y en un instrumento del régimen chavista para asegurar mejor su frontera y, al mismo tiempo, debilitar a Colombia. Estas alianzas, que en sí mismas constituyen una grave violación al derecho internacional, sí deberían estar en el centro del relacionamiento con Caracas. Colombia debe garantizar a Venezuela que no interferirá en sus procesos internos, pero desde allá tiene que cesar todo relacionamiento con los criminales colombianos que, además, deben ser expulsados. Porque, no dejaría de ser paradójico, si se mantiene la alianza ahí sí quedaría justificada cualquier acción para que el chavismo deje el poder.

No se conseguirá terminar la violencia a punta de verborrea, voluntarismo y sin método. De hecho, me atrevo de nuevo a sostener que ya no hay espacio ni legitimidad para negociaciones con los bandidos. La paz pasa por la justicia y la aplicación de la ley a los criminales, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y el control del territorio por el Estado, y la generación de condiciones de seguridad que permitan crecimiento sustantivo y, para empezar, eliminar la pobreza extrema.