Estamos muy cerca de romper la regla fiscal, pues varias decisiones la han afectado: el aumento del gasto en burocracia, la aprobación de la reforma pensional, el cambio en el Sistema General de Participaciones y el aumento del cupo de deuda. A ello hay que sumarle la caída del recaudo y los bajos ingresos provenientes de Ecopetrol, afectado también por el capricho de no permitir los hidrocarburos.

La reforma tributaria del 2022 incluyó un impuesto saludable que llegará al 20% en enero. Es un exabrupto que ha afectado a los ciudadanos más pobres y a los pequeños negocios. El 70% de los productos de las tiendas de barrio están gravados, y las ventas, consecuentemente, se han desplomado. Muchos negocios han vuelto a la informalidad pese a las sanciones de la DIAN. La reforma también impuso una sobretasa de renta al sector petrolero, lo que afectó los ingresos tributarios del país.

A finales del 2023, el gobierno presentó el proyecto de presupuesto general para 2024 y sostuvo que tendría unos ingresos tributarios por 315 billones. En febrero del 2024, dos meses después de ser expedido el presupuesto, bajó la proyección a 290,3 billones (25,6 billones menos) y, en junio, en el marco fiscal, bajó a 258,6 billones. Los estudiosos del tema sostienen que los ingresos tributarios totales del año serán 248 billones, una diferencia de 68 billones.

Por supuesto, el bajo recaudo afecta el presupuesto de 2024. De los 350 billones aprobados para gasto, en junio, con el marco fiscal, se recortaron 30,8 billones. El mes pasado, el gobierno hizo un recorte adicional de 8,4 billones. Y pese a estos recortes, será necesario recortar más. Se necesita una reducción adicional de 21 billones si se pretende cumplir con la regla fiscal.

El presupuesto del año 2025 también está desfinanciado. Según la CARF, se debería hacer un recorte por 39,1 billones de pesos. El monto del presupuesto no fue aprobado por el Congreso y será emitido por decreto. La posición del gobierno es no reducir el monto, sino aprobar una ley de financiamiento que significaría nuevos impuestos para los colombianos.

Los nuevos impuestos serían altamente inconvenientes, no solo porque ya Colombia tiene la tasa de tributación más alta de la OCDE, sino por el impacto que podrían generar.

Eliminar el régimen simple es un error craso. Afectaría el proceso de formalización y gravaría con altos impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Impuestos de esa naturaleza pueden destruir los emergentes negocios. Por otro lado, está el impuesto al carbono, cuyas consecuencias serían terribles para el ya elevado precio de la gasolina y de los tiquetes aéreos, sin contar el impacto que podría tener sobre el precio de los alimentos.

Otra de las pretensiones de la ley de financiamiento es modificar la regla fiscal, con un procedimiento que le permitiría gastar más el próximo año. Sin embargo, ese mensaje puede ser altamente complejo para los mercados internacionales, ya preocupados por el bajo recaudo y los crecientes gastos inflexibles, en especial el SGP. Con una falsa promesa de descentralización, comprometió a la nación a pagar más de 50 billones en los próximos años, donde es evidente que no habrá cómo hacerlo. Este nuevo Sistema General de Participaciones aumentará la deuda neta del gobierno en el año 2030 al 68,9% del PIB (rompiendo definitivamente la regla fiscal). Hoy, la deuda neta del gobierno se encuentra en 57,8% del PIB.

A esto hay que sumarle que la reforma pensional aumentará el pasivo pensional del país. A 2100, pasará del 106% del PIB a más del 160% del PIB en los escenarios más conservadores. Esto sin contar con la reducción del ahorro pensional, que hoy es de más de 500 billones, donde el 70% es el resultado de inversiones.

Tenemos un escenario fiscal complejo, y conviene que el gobierno entienda que las finanzas públicas no se manejan pensando en las siguientes elecciones, sino en la estabilidad del país en el mediano y largo plazo. Vamos mal, hay que mejorar.