El Instituto Nacional de Medicina Legal de Bogotá desmintió esa afirmación: no es cierto que en el aeropuerto de Bogotá hay un hangar lleno de cadáveres sin identificar. Los “expertos” del Comité onusiano contra la Desaparición Forzada lanzaron esa falsa noticia, en el tono más rabioso, en una conferencia de prensa, pero sin presentar la más elemental prueba. Ni una foto, ni nada por el estilo. Ante tal desfachatez, el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia presentó una nota de protesta y le exigió a ese comité “explicaciones claras y precisas”.

Carmen Rosa Villa, ex presidenta del tal comité, no pudo dárselas. Fue ella la que lanzó la falsa información de los “20.000 cadáveres en un hangar del aeropuerto de Bogotá”, el jueves 5 de diciembre. Eso generó una avalancha de protestas. La señora Villa terminó por admitir que su comité, en sus 15 días de visita a Colombia, no había visto los tales cadáveres ni el tal hangar pero que había recibido “información al respecto”. Horas después, Medicina Legal declaró que no ha recibido reportes sobre la supuesta existencia de un hangar con cadáveres. La comisión estaba integrada por Carmen Rosa Villa Quintana, Juan Pablo Albán Alencastro, relator del comité, Albane Prophette-Pallasco, secretaria del comité, y Carla Villarreal López.

El mismo jueves, la Procuraduría General de la Nación envió una delegación a inspeccionar El Dorado y no encontró cuerpo alguno tras revisar 27 hangares del aeropuerto de la capital de Colombia. La Alcaldía mayor de Bogotá se sintió insultada. Declaró que no tiene “conocimiento ni indicios” de que exista ese hangar y pidió explicaciones a Villa. Idéntico desmentido dieron la Fiscalía General y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia enfatizó que lo dicho por ese comité “compromete la rigurosidad y credibilidad” del comité de la ONU. “Esa declaración, carente de sustento, ha generado confusión y controversia en el país”, estimó. Sin embargo, ninguna de esas dependencias oficiales exigió a la ONU que retirara de su página web el artículo que recoge esa aberrante falsa noticia y otras sugerencias no menos tóxicas. Ver ese texto en: https://news.un.org/es/story/2024/12/1534881

El ministro colombiano del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo el viernes: “Es una afirmación muy grave y no verificada que hace mucho daño a Colombia”. Sandra Borda, consejera de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Bogotá, señaló: “los colombianos esperamos que el informe del Comité contra la Desaparición Forzada sea públicamente corregido”.

La reacción de la ONU fue la de lavarse las manos. En una rueda de prensa en Nueva York, dijo que esa comisión no era de la ONU, que sus actos “no reflejan los puntos de vista de las agencias, fondos y programas de la ONU”.  A pesar de que ese comité ha sido creado por la ONU, subrayó que sus miembros actúan “bajo la sombrilla de la ONU”, y que no son más que “expertos independientes” cuya tarea es “supervisar” el cumplimiento de la Convención de Desaparición Forzada. En consecuencia, no respaldó ni amonestó al tal comité: “No estamos en posición de comentar esas conclusiones”, lanzó un vocero de la ONU tras insinuar que el gobierno colombiano “debe dirigir los reclamos a ese comité y no a la ONU”.

Es obvio que esa falsa noticia hace parte de una cadena de propaganda nefasta contra el país. La técnica utilizada se llama “mentira sorprendente”. En este caso tratan de transformar la lucha de 60 o más años de Colombia contra la agresión comunista y los paramilitares y los carteles de la droga en un desfile macabro en el que las Fuerzas Armadas, en lugar de combatir las fuerzas subversivas, masacran a civiles inocentes y los desaparecen para ayudar, o con la ayuda, de todo tipo de organizaciones ilegales. En la propaganda que difunde su página web, la ONU asegura que “las desapariciones forzadas en Colombia comenzaron en la década de 1940” y que éstas “siguen ocurriendo a diario en todo el país en diferentes circunstancias”. Palabrería recalentada.

La imparcialidad es una palabra poco conocida por los “expertos” wokistas que visitan unas horas a Colombia. El 14 de mayo 2021, difundieron un informe escandaloso donde justifican la sangrienta huelga insurreccional decretada por el bloque opositor que dirigía Gustavo Petro y que intentó derrocar el gobierno de Iván Duque. La débil acción de la fuerza pública para proteger las personas fue calificada por los “expertos” con la acusación rutinaria de “uso excesivo de la fuerza”.  Los “expertos” pidieron el desmantelamiento de la policía antimotines. En ese levantamiento hubo 21 muertos (incluidos 2 bebés), 1.113 civiles heridos, 1.362 policías heridos y 3.425 bloqueos de vías, 160 ambulancias atacadas, 925 bancos y almacenes atacados, e incluyó intentos de quemar vivos varios policías. Los “expertos independientes” estimaron que había sido una “protesta pacífica” contra una reforma fiscal que “supuestamente profundizaría la desigualdad”.

En su informe de ahora, el de los 20.000 cadáveres en un aeropuerto, las palabras “guerrilla”, “terrorismo”, “subversión”, “narcotráfico”, “carteles”, no aparecen ni una sola vez. Esas entidades, según los “expertos”, nunca han tenido que ver con las desapariciones forzadas. Magnífico. En cambio, emplean términos destinados a hacer creer que el problema de las desapariciones es generado por el Estado: “instituciones”, “autoridades” y “represalias de las autoridades”. Según ese comité, las autoridades no escuchan a las víctimas, ni investigan las quejas. Salvo que cuando el exguerrillero Gustavo Petro llegó a la Presidencia ahí sí cambió el diagnóstico. El 31 de agosto de 2022, el organismo onusiano saludó la promesa del nuevo gobierno de “mejorar la protección de las víctimas de desapariciones forzadas”. El resultado fue la rueda de prensa del 5 de diciembre de 2024.

La palabra “reclutamiento forzado” o “forzoso”, también es utilizada de manera acusadora, para crear la imagen de que el Ejército comete ese delito, cuando, en realidad, quien hace eso son, exclusivamente, las guerrillas, los paramilitares y las milicias del narcotráfico.

Durante años, comités y grupos de la ONU han calumniado a Colombia, como un país donde reina, según ellos, la “segregación social”, la “violación de los derechos humanos”, etc. En cambio, toda propuesta de las FARC es saludada como una vía para “alcanzar la paz”. En mayo de 2021, uno de esos comités dijo que en Colombia “hay 185.422 víctimas de desaparición forzada” y que los causantes de eso fueron los “grupos armados organizados al margen de la ley –útil eufemismo--, que contaron con “el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado”. Y que en Colombia hay “más de 24.000 cuerpos inhumados sin identificar en cementerios públicos”. (Ver https://news.un.org/es/story/2021/05/1491912)

No es la primera vez que la ONU se compromete, a través de sus comités y agencias, en operaciones obscuras e incluso ilegales. La ONU despidió a nueve empleados de la UNRWA (la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Medio Oriente) de los 19 que Israel había acusado de estar involucrados en la terrible masacre antijudía del 7 de octubre de 2023 y de ser miembros de la organización terrorista Hamas. La ONU alega que no tiene pruebas suficientes sobre otros 10 acusados. El escándalo es enorme. En julio, el ministerio de Asuntos Exteriores de Israel envió una carta a Philippe Lazzarini, Comisionado General de la UNRWA, que contenía los nombres de más de 100 empleados de la UNRWA a quienes Israel acusa de ser miembros de Hamás, así como las pruebas de esas acusaciones. En junio, la Knesset (el parlamento israelí) recibió un proyecto de ley que pedía designar a la UNRWA como organización terrorista y poner fin a todo contacto entre el gobierno israelí y ese organismo de las Naciones Unidas.

La ONU capituló ante la presión de las dictaduras islamistas y sus aliados cuando ocultó, en la exposición organizada con motivo el Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo, a las víctimas del pogrom del 7 de octubre.

El objetivo de la comisión de la ONU que acusa a Colombia es político: atribuir los peores crímenes al Estado colombiano y evaporar la responsabilidad de sus enemigos. El fanatismo de ese comité onusiano es reflejado por la actitud del “experto” Juan Pablo Albán: él exige que las autoridades sigan buscando el mítico hangar bogotano repleto de cadáveres sin identificar.