Miles de páginas han sido escritas, y muchas más se escribirán, documentando los estragos generados por las acciones y omisiones del actual gobierno en diversas esferas: económica, social y política. Entre esas líneas, un espacio considerable ha sido dedicado a exponer el colapso de la seguridad en todos los niveles y el crecimiento incontrolado de la violencia en el territorio nacional, que se manifiesta en múltiples formas criminales.

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No obstante, hay un tema que trasciende los problemas cotidianos y que terminará ocupando los capítulos más críticos de nuestra historia republicana: la amenaza latente sobre la supervivencia institucional del Estado. Esta alarma deriva de las decisiones y, aún más preocupante, de los constantes anuncios de Gustavo Petro, quien pone en peligro, de manera flagrante, la integridad de nuestra Constitución.

Desde sugerir la convocatoria de una asamblea constituyente sin la intervención del Congreso –una intención completamente fuera del marco legal– hasta proponer un ambiguo "proceso constituyente", igualmente al margen de la Carta Magna, sin brindar una explicación coherente sobre su implementación, Petro ha mostrado un patrón inquietante. Más aún, habló de un "referendo popular" que, nuevamente, pretendía convocar sin la mediación del Legislativo. Todos estos mecanismos comparten un denominador común: el desconocimiento deliberado y alarmante de la institucionalidad.

Luego, Petro optó por una estrategia aún más peligrosa: victimizarse. Comenzó a presentarse como perseguido por un supuesto "golpe blando", que rápidamente transformó en "golpe de Estado", intensificando el tono de su discurso. Estas expresiones, fruto de su desbordada imaginación, no han tenido otro fin que profundizar la polarización en la nación, poniendo en entredicho la estabilidad del Estado.

Hoy, más que nunca, los colombianos enfrentamos el desafío de sobrevivir a Petro, pues en ello radica el futuro de nuestra nación.

A esta táctica se suma su constante desafío a la justicia y a los organismos de control. En su empeño por eludir las investigaciones sobre la financiación de su campaña, Petro ha arremetido contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo irónico es que, mientras en su rol de congresista exigía investigaciones a las campañas presidenciales, ahora, como presidente, no permite que se investigue la suya.

En su propósito de entorpecer la investigación hay hechos de incoherencia que hacen la situación más inquietante. Primero, el CNE investiga su campaña con base en una norma (Ley 996 de 2005) que el propio Petro aprobó como representante a la Cámara, pero que ahora intenta deslegitimar. Segundo, ha lanzado un ataque feroz contra el presidente del CNE, César Lorduy, a quien él mismo impulsó para que sus aliados lo eligieran magistrado con el voto unánime de sus bancadas.

No satisfecho con estos desafíos al orden institucional, Petro ha sumado una nueva afrenta: el anuncio de comprar la cosecha de coca en el corregimiento El Plateado, de Argelia, Cauca. Esta propuesta, sin lugar a dudas, es abiertamente ilegal, pues implica la comercialización de un producto prohibido cuya erradicación está en cabeza del propio Estado.

Además de su ilegalidad, esta idea acarrea múltiples implicaciones. En primer lugar, los cocaleros de todo el país exigirán el mismo trato, invocando el principio de igualdad. Segundo, las 400.000 familias que, durante el gobierno anterior, recibieron incentivos para sustituir cultivos de coca protestarán ante este atropello. En tercer lugar, el 80 % de esos cultivos no pertenece a los campesinos, sino a organizaciones criminales. Cuarto, los contribuyentes no permitirán que sus impuestos financien un negocio ilícito. Y, finalmente, esta medida sería el mayor incentivo y la oportunidad para la expansión de los cultivos de uso ilícito.

Es profundamente alarmante que Colombia esté perdiendo el rumbo bajo las ocurrencias de Gustavo Petro, quien continuamente camina por la cornisa, desafiando los límites de la legalidad. Su proceder ha erosionado el respeto por la institución presidencial y ha puesto en grave peligro la seguridad del Estado. Hoy, más que nunca, los colombianos enfrentamos el desafío de sobrevivir a Petro, pues en ello radica el futuro de nuestra nación.

22 de octubre 2024