La tarifa de renta a las empresas bajaría al 30% en una senda de cuatro años. Aun así, quedaría en el nivel más alto de la OCDE. La tarifa del 27% a las pequeñas sustituye el régimen simple que se eliminaría. Este es mejor porque con tarifas entre el 2% y el 4% sobre ingresos brutos se paga renta, IVA e   ICA.   Expertos piden sustraer sectores de profesiones liberales, pero no eliminarlo.

La tasa marginal más alta sobre personas naturales sube al 41%. No obstante que esta no es la mayor de la OCDE, al comparar empresas y personas naturales en conjunto con otros países, quedamos muy gravados.

Este cuadro nos muestra la comparación con otros países.

Mientras Dinamarca tiene 52% para las personas naturales, a las empresas las grava con el 22.

En el resto del cuadro, que incluye Estados Unidos, Canadá, México, España, nuestro gravamen consolidado nos excluye de ser competitivos.

Se aumenta casi al doble el universo de contribuyentes de patrimonio al bajar el piso de 3300 millones de pesos a 1800 millones. También se aumenta la tarifa superior del 1,5% al 2%. Y se extiende el gravamen a patrimonios que califiquen como improductivos en cabeza de sociedades, no obstante que estos generen empleo, paguen a la Seguridad Social y al predial.

Se aumenta la ganancia ocasional al 20%, sin considerar que esa ganancia en alguna forma es una protección contra la inflación.

Y hay otro golpe a la inversión extranjera con la elevación del impuesto presunto al 20%, por encima de la tendencia internacional del 15%.

A lo anterior hay que sumar la elevación desproporcionada de catastros en algunas partes del país.

La suma de estos impuestos lleva a la quiebra inversiones, especialmente en el sector agropecuario, a pesar de que sean de alta productividad.

Hay temas con lógica, pero con discusiones, como el IVA completo a los vehículos híbridos y a las apuestas digitales.

La sustentación ambiental del aumento del impuesto al carbono choca con la proximidad de la crisis de energía y la incertidumbre del precio del gas importado.

Hay temas atractivos como los techos solares con cargo a recursos del subsidio tarifario a las cuentas de energía o que el Estado asumiría la deuda de los usuarios por congelamientos durante la pandemia, conocida como la Opción Tarifaria. El problema es de recursos, pues esta última vale alrededor de 4 billones.

Y el problema de recursos no se resuelve sino con inversión privada, transparencia y austeridad con un tamaño pequeño del Estado. Y es notoria la disminución de la inversión privada, también el aumento de gastos de funcionamiento en un promedio del 20% anual.

La reforma apunta a sostener el burocratismo estatal y no a incentivar el empleo privado, además amenazado por la reforma laboral.

Un cuadro de la exposición de motivos presenta que el impacto marginal de la reforma sería del 20% en la inversión pública y de apenas un 2,2%% en la privada. Creo que esto es equivocado porque la inversión privada es la gran dinamizadora de la economía y la única generadora de recursos para el mejoramiento social.

No puede ignorarse la exclusión del gasto ambiental para el cálculo de la regla fiscal. Tendría toda la lógica con un Estado austero, pero en las actuales circunstancias aumentará el pánico y el costo de financiamiento.

La reforma no cumple con sus objetivos. El recaudo podrá tener algún alivio fiscal solamente en 2025 en búsqueda de efectos electorales.

La reactivación sostenida de la economía se logra al permitir que el sector privado cree riqueza como un medio para financiar los fines sociales.

No se debería aprobar una reforma que agrava la obstrucción al emprendimiento y a la creación de riqueza privada que son los únicos fundamentos que funcionan para superar la pobreza y construir equidad.

* Publicado en su cuenta de X (@AlvaroUribeVel) el 15 de septiembre de 2024.