Tal decisión marca un éxito del derecho colombiano sobre la arbitrariedad comunista y a la vez aparece como un respaldo efectivo de la Procuraduría General a la vigencia de las libertades públicas en Colombia. La decisión de la Procuraduría constituye, al mismo tiempo, un revés importante para los congresistas de extrema izquierda Iván Cepeda Castro, Antonio Sanguino Páez, Feliciano Valencia Medina y María José Pizarro quienes habían tratado de utilizar la Procuraduría General como instrumento punitivo para vengarse del profesor Acevedo Carmona por no haber éste cedido, durante su actuación como director general del Centro Nacional de Memoria Histórica (febrero de 2019 a julio de 2022) a la maliciosa versión que esas personas impulsan sobre los orígenes y desarrollos sangrientos, durante varias décadas, del llamado “conflicto armado” desatado en Colombia desde los años 1950 por el Partido Comunista de Colombia y su brazo armado de ese entonces las FARC.
Los citados acusadores pretendían obligar al director general del CNMH a aceptar el embuste de que existe en Colombia una “memoria del Estado” no plural ni libre y que ésta debe ser acatada como un “deber” de todo colombiano y, en especial, por el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Los citados políticos habían acusado al profesor Darío Acevedo de cometer unas irregularidades imaginarias como “no responder satisfactoriamente” a las preguntas de ellos en materia de historia de Colombia, o “alterar y censurar” las exposiciones gráficas Voces para Transformar a Colombia y Artes, migración y exilio, realizadas en Cali y Cúcuta por el CNMH en 2019. También fue acusado de haber participado en reuniones del Foro Atenas, uno de los 40 think tank que existen en Colombia.
El Foro Atenas es un centro de pensamiento que lucha contra el llamado “socialismo del siglo XXI”, la ideología totalitaria que orienta la actuación de las dictaduras de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba dentro de esos países y a nivel continental.
Con esas obscuras motivaciones, que pretendían sentar un precedente judicial nefasto contra el ejercicio efectivo de los preceptos constitucionales de libertad de conciencia, de expresión, de aprendizaje, de investigación y de cátedra, los citados activistas, miembros a su vez de varios grupos y think tanks marxistas, le pidieron, en noviembre de 2019, a la Procuraduría General que sancionara al director del CNMH.
Días antes, los acusadores habían intentado montar una especie de tribunal revolucionario contra el profesor Acevedo en una sala del Capitolio Nacional. En ese tinglado, el director del CNMH debía hacer, según ellos, la humillante autocrítica habitual de los procesos estalinistas. Sin embargo, no lo lograron. Los organizadores de la sesión impidieron que el profesor Acevedo pronunciara debidamente su defensa, mediante el ardid de la interrupción súbita de la reunión. Pensaron que lo mejor era proseguir la venganza, pero a través de la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría, por fortuna, no se dejó manipular y, por el contrario, sentenció que no había encontrado mérito alguno en los razonamientos de los acusadores contra el profesor Darío Acevedo Carmona, como director general del CNMH. La Procuraduría decidió entonces, el 31 de julio de 2024, “archivar las diligencias ante la inexistencia de una conducta constitutiva de falta disciplinaría imputable” al profesor Acevedo.
Este episodio judicial que duró cinco años muestra, sobre todo, que los enemigos de la libertad y de la democracia están acudiendo al método de instrumentalizar órganos judiciales para tratar de destruir civilmente a sus adversarios ideológicos e instaurar una verdadera policía política del pensamiento y una violenta censura en Colombia.
