El problema del terrorismo global encarna hoy la eterna batalla entre el bien y el mal. Pero el caso colombiano resulta mucho más complejo, pues las recurrentes negociaciones con la narcoguerrilla son una burla al ciudadano que, bajo la falsa doctrina de paz del Nobel de alquiler y de Petro, sólo representan una concesión de impunidad total y de nociva participación política a toda suerte de criminales.
Colombia entera clama un liderazgo sin cobardía ni engaño que de una vez por todas haga respetar la legalidad. Llegó el momento de ser agradecidos con los intereses de la patria y con un pueblo indefenso. De que quienes quieran ser líderes se decidan a cuál bando pertenecen, si al de los delincuentes y sus cómplices, o al bando lícito de los que trabajan honestamente.
Colombia ha sido una nación libre e independiente llena de oportunidades. Nacimos en democracia, pero de nuestros líderes depende que podamos conservarla, pues fue nuestra clase política la que, por vivir enfrentada por el poder estatal, olvidó la nación, la inversión en educación y en desarrollo socioeconómico, y auspició la subversión consintiendo la proliferación de organizaciones criminales conducidas por personas de mala condición humana que se valen de terrorismo, narcotráfico y corrupción, para poder mantener su negocio.
El país nunca se va a transformar positivamente mientras la superficialidad y el individualismo vanidoso de nuestros líderes no les permita comprender que con bandidos y con corruptos no se puede negociar; lo cual los convierte en cómplices por omisión, falta de valor patriótico y honradez.
Para que el sistema democrático, político y económico vuelva a funcionar, se tiene que eliminar todo lo que perjudica los derechos de la mayoría compuesta por las personas de bien que cumplen sus obligaciones cívicas, respetan la ley y pagan impuestos, y el líder político, gremial, asociativo y todo empleado público, debe ser un profesional competente, ético y transparente, no debe suscribirse a lo “políticamente correcto”, al cabildeo de intereses personales y tiene la obligación de cumplir la ley y de no venderse ni consentir la corrupción estatal.
Un buen gobernante debe darse con valor y sacrificio al rescate del secuestro histórico de la verdad, a la eliminación de los acuerdos espurios con los cabecillas de las organizaciones criminales, a la reivindicación de una justicia equilibrada, ciega e implacable, a la eliminación de las justicias transicionales y paralelas, y a la recuperación de la transparencia en que debe estribar la independencia de poderes. Necesitamos líderes que entiendan la importancia del balance país, y que comprendan que todo eso de implementar la paz, fue, es y será siempre una utopía ilegítima.
Si tenemos una elección transparente en 2026 que, a juzgar por lo ocurrido aquí en 2016 y en 2022 y por la complicidad de este gobierno con la dictadura venezolana resulta cuestionable, los candidatos no pueden seguir siendo los mismos de siempre que entregaron el país, ni los terroristas narcoguerrilleros, ni criminales disfrazados de progresistas. Todo aquel que aspire a ser candidato debe tener claro: Qué es lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer y con quién lo puede hacer.
Hoy la pregunta de todos es: ¿Para dónde va Colombia? - A mi modo de ver, eso depende de varios asuntos pendientes de resolver.
Es necesario entender que el incendio de la casa vecina ya pasó por el lindero, salir del embobamiento generalizado y la negación en que vivimos, impedir que quienes están en el poder continúen dinamitando la institucionalidad nacional y la economía. Eso sólo se logra exigiéndole a los políticos que cumplan la ley y que saquen al tirano del cargo ya mismo. Es necesario entender que la gran mayoría del país se mamó y no respeta la política partidista ni a los actores políticos, los tienen por ladrones o personas indeseables y que el país no resiste más marionetas políticas de nadie, no podemos seguir en manos de estafetas de ningún “ismo” mucho menos de aquellos que según conveniencia militan por todo el espectro político nacional.
Por lo tanto, hay que cambiar la cultura mafiosa del narco que invadió todas las instancias sociales, hacer respetar la ley, hacer un relevo en el liderazgo del país, en lo político, en la representación gremial y de la sociedad civil, de modo que todo el país trabaje unido por la salvación del sistema de libertades democráticas. Hay que montar un nuevo sistema de selección de gente que se salga de la lucha ideológica y se transporte al plano del profesionalismo y la idoneidad para desempeñarse en los cargos que tienen como funciones cumplir la ley y la formación, administración y evaluación de políticas públicas.
Colombia se merece que sus líderes en lugar de ser serviles con el narcoterrorismo y el crimen organizado, sean agradecidos y cumplan su deber en función del interés general y el bien común. Los grandes empresarios, en representación del sector trabajador productivo y contributivo, tienen la obligación ética y la responsabilidad de conducir los gremios con entereza y exigirles a sus presidentes, por igual que a los políticos.
