En los estertores de la legislatura y a pupitrazo limpio, los padres de la patria aprobaron la reforma pensional. Y lo hicieron de la peor y más burda manera, acogiendo la Cámara el texto aprobado en el Senado sin ningún debate, sin permitir que se discutieran y votaran modificaciones, violando, una vez más, el reglamento del Congreso y desconociendo numerosas sentencias de la Corte Constitucional. Si querían evitarse la conciliación de los textos de ambas cámaras, lo consiguieron, pero dejaron moribunda la reforma.
Cómo será de penoso este proceder que hasta el propio ministro del Interior advierte que será indispensable presentar una nueva reforma para ajustar, léase subsanar, el cúmulo de disposiciones que quedaron mal redactadas y los vacíos ya identificados.
A mí particularmente me sorprende que la infinidad de preocupaciones que se expusieron durante más de un año por los propios parlamentarios, por expertos y por los fondos de pensiones hayan quedado sin ser discutidas y debatidas como el país esperaba. En especial temas como la fecha de entrada en vigor de la reforma, el régimen de transición o el umbral de los 2,3 s. m. l. m. v., que no tuvo ningún sustento técnico y más bien fue el producto de sacar un promedio entre el 1,5 s. m. l. m. v. de la propuesta de ‘la U’ y los 3 s. m. l. m. v. que proponía el Gobierno. Insólito.
Muy irresponsable el Gobierno y también el Parlamento al no haber aprovechado este proyecto para discutir la edad de pensión o para modificar la tasa de reemplazo o para ocuparse de los regímenes especiales, que quedaron cubriendo a más de un 30 % de la población con costos que sabemos enormes, pero que el Gobierno ni siquiera quiso cuantificar. Ni hablar de la irresponsabilidad fiscal que imperó en todo el trámite de la reforma.
Pero al parecer, todos quedaron satisfechos con el resultado. Del Gobierno y sus bancadas lo entiendo, de los partidos que se opusieron en un principio y luego se doblegaron, solo ellos resolverán sus problemas de conciencia, pero tengo que decir con toda franqueza que mi mayor sorpresa provino del silencio cómplice y, diría yo, complaciente de Asofondos, del doctor Montenegro y de los fondos de pensiones allí agrupados.
¿Qué tipo de negociación habrá tenido lugar entre ellos y el Gobierno de la que no nos enteramos? Debió ser alrededor de las nuevas comisiones acordadas por administración, calculadas sobre la totalidad de los activos por ellos gestionados. Un nada despreciable 0,7 % que mal contado representa utilidades por más de 2,1 billones para ellos y que, además, les permitirá seguir administrando 400 billones en una primera fase hasta que se consoliden las pensiones de vejez y pasen a Colpensiones. Ni qué decir de la exención de IVA por los servicios prestados por las AFP. Muchas otras disposiciones nos confirman que los fondos recibirán por menor gestión y responsabilidad una mayor rentabilidad. Exactamente el mismo modelo que se aplicó en la reforma de la salud a las EPS.
Con esta reforma vino, además, el gravamen sobre las pensiones. Una tributaria dentro de la pensional, con lo cual no solo quedó gravado el ahorro con la reforma de Ocampo, sino ahora la pensión con un impuesto de renta hasta el 39 %. Este no es nada distinto a una confiscatoria doble tributación.
También influyó el componente político, pues quedaron para reglamentación aspectos que serán utilizados en la campaña de las próximas elecciones. Me refiero a los subsidios a la gente mayor, que pasaron de 82.000 a 217.000, pudiendo ser un monto mayor y que podrían beneficiar a más de 3 millones de personas. Copiado de Amlo en México, en donde este segmento de la población fue determinante en el resultado final.
Queda, por supuesto, la leve esperanza de que la Corte Constitucional no cambie la jurisprudencia que por años ha sostenido sobre el trámite de leyes y actos legislativos en cuanto a la exigencia de los debates y la publicidad. Baste con recordar las sentencias C-668 de 2004; C-084 de 2019, de la cual fui accionante, y la C-047 de 2021, entre muchas otras. Empiezo a compartir la opinión de algunos analistas y, tal como lo insinuó María Isabel Rueda a propósito del fallo sobre el Ministerio de la Igualdad y varios otros, que la Corte haya empezado a actuar con temor o cálculos políticos. De ser así, como me temo, habremos perdido la última trinchera de la institucionalidad.
22 de junio 2024.
