El Acuerdo ilegítimo, entre el Gobierno y la Farc, no es Tratado Internacional ni Acuerdo Especial salvo la interpretación puntual que pudiera darse a la JEP.

Este Acuerdo, rechazado en el Plebiscito, lo firmó el Gobierno de la época, pero tuvo el trámite de Acto Jurídico Complejo, en el cual intervinieron órganos diferentes del Estado. El Congreso como Constituyente aprobó el Fast Track, y como órgano político aprobó la proposición, nunca ley, que ratificó el Acuerdo derrotado en el plebiscito popular. Esta proposición fue avalada por la Corte Constitucional como sucedió con otras piezas del Acuerdo. Muchos seguimos sin entender cómo una proposición política del Congreso, sometida al Ejecutivo, enmendó una decisión popular de plebiscito.

El carácter de Acto Jurídico Complejo niega que el Ejecutivo pueda adjudicarse la facultad de citar, por fuera del ordenamiento jurídico vigente, una Constituyente o tomar cualquier clase de decisión contra la Constitución, como sería la prórroga del periodo presidencial. Allí donde han participado el pueblo, aunque engañado, y diferentes ramas del poder público, el Ejecutivo no puede ignorar estos órganos, menos justificar la violación de la Constitución con la imaginación de poderes extraordinarios que no ha recibido del Acuerdo espurio.

No podemos aceptar que con la apelación al Acuerdo con FARC se impongan unas reformas que avanzan en la dirección  de  empobrecer  a  todos  los ciudadanos.          

El Gobierno tiene ofrecidas más de 600 mil hectáreas de tierra, el riesgo no es que no se las vendan, el riesgo es que, por temor, inseguridad o impuestos, le quieran vender todo el país y dejar la seguridad alimentaria sin empresariado rural.

Los avalúas catastrales en muchas regiones avanzan en niveles expropiatorios.

El saneamiento del territorio y la variable ambiental dependen de gobiernos que acierten y no del Acuerdo con FARC.

El reporte de la Comisión de la Verdad es un juicio al Estado y una justificación de la acción criminal de FARC.

La JEP ha cumplido la tarea de humillar a las Fuerzas Armadas. Además, ha consolidado la impunidad absoluta de FARC, con congresistas responsables de delitos atroces como el reclutamiento y la violación de niños. Estos congresistas ni siquiera han recibido las sentencias risibles del Acuerdo.

El tema de la JEP, por la naturaleza de delitos de lesa humanidad que debe examinar, deriva en obligaciones del Derecho lnternacional. Estas obligaciones las tiene que cumplir Colombia con o sin el Acuerdo, con o sin JEP. Eliminar a la JEP o crear la Sala Especial para los militares, no releva a nuestro Estado de cumplir los compromisos internacionales.

Las destructoras reformas, laboral, de salud y pensiones, que caminan hacia instancias desuetas del neo comunismo, en ninguna forma se pueden aceptar, menos por la tesis de que son implementación del Acuerdo.

La política de autoridad que se necesita frente al narcotráfico, no excluye soluciones sociales a los cultivadores, ni el diálogo con ellos.

Los acuerdos nacionales sobre lo que habla el texto de La Habana, que permitirían construir la trampa argumental de la Constituyente por decreto, quedaron anulados por el desconocimiento del resultado del Plebiscito.

Inadmisible que el Pacto Nacional sea la imposición de la ideología neo comunista de la ruina colectiva.

Aparece como arquitecto y jurista del Gobierno el mismo fabricante de la acusación a mi hermano, de la mano de Daniel Prado Albarracín, abogado del Presidente de la República. También el arquitecto de la infame acusación contra mí, para la cual se ha valido de un fiscal que nombró y promovió. El diseñador, supuesta víctima mía, que ha logrado que el senador lván Cepeda, cerebro más importante del régimen, después de recorrer cárceles en el país y en el extranjero, de ofrecer beneficios para que me acusaran de paramilitar, sea ahora víctima mía.

Y que no me halaguen con impunidades. Lo único que he hecho es pedir verificaciones en defensa de mi honra.”

* Publicado en su cuenta de X (@AlvaroUribeVel) en junio 2 de 2024.