Pese a sus diferencias ideológicas, seis expresidentes le corrigieron, en tres días, la plana al presidente Gustavo Petro y a su ocasional eminencia gris, el exministro Álvaro Leyva Durán: “Una asamblea constituyente sólo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución. Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el poder legislativo, con el poder judicial, con las fuerzas armadas y con la gran mayoría de los colombianos”, advirtió JM Santos. “No tengo la menor duda de que Petro quiere apoderarse de la Corte Constitucional y que la intención que hay detrás de todo eso es que [Petro] se quede en el poder”.

Otras personalidades políticas, como el exministro Humberto de la Calle Lombana y el ex comisionado de paz Sergio Jaramillo, abundaron en ese sentido. “No es cierto que en lo acordado [en La Habana, entre el gobierno de JM Santos y las FARC, en 2016] esté implícita la utilización para buscar una constituyente y menos aún de que las partes se ponen de acuerdo, por fuera de la legalidad colombiana”, resumió Humberto de la Calle. “El Acuerdo de Paz no tiene absolutamente nada que ver con una constituyente”, ratificó Sergio Jaramillo.

Tal torrente de unanimidad, tan bienvenido como sorprendente, resulta del clima de urgencia que vive el país: las cínicas intenciones del presidente de la República Gustavo Petro de abolir la Constitución y armar, sentado sobre las bayonetas de las FARC y del ELN y de otras facciones narco-subversivas que están haciendo fila detrás de los dos primeros, una falsa asamblea constituyente, está en la agenda más inmediata de Petro. Mediante una constituyente ilegítima y montañas de corrupción e ineficiencias, Petro y sus aliados tratarán de sacar adelante su revolución socialista.

Esa maniobra sería presentada por Petro como salvadora, cuando sería lo contrario: un orden nuevo para imponer los cambios destructivos que Colombia repudia. Si tal maniobra les resulta, Petro y el narcoterrorismo quedarían libres de arrojar sus disfraces y hacer lo que quieran. Así derrotarían el incómodo cedazo del poder legislativo, los poderes judicial y constitucional y, sobre todo, la opinión pública.

Lamentablemente, a pesar de sus valerosas denuncias, la postura de los seis expresidentes está lejos de erigirse en sólida muralla contra esos planes.

Ellos son partidarios de dejar en la Casa de Nariño hasta el término de su mandato al doctor Petro. Duque dijo: “El presidente debe cumplir su mandato hasta el 7 de agosto de 2026, ni un día más ni un día menos. (…) El país unido rechazará cualquier intento de romper con la legalidad”.

Confían en sacar del poder a Petro, o a alguien de su corriente, mediante una elección, como si éste fuera un presidente como los otros, respetuosos de las reglas democráticas. Petro llegó al poder mediante un sofisticado fraude electoral, cuyos contornos han sido descubiertos parcialmente, aunque los organismos de control simulan estar ciegos.  Él fue elegido gracias a una compleja combinación de técnicas e instrumentos: sondeos dudosos, ataques informáticos, operaciones de influencia, desinformación e intoxicación.

La campaña comenzó con el descarte de los verdaderos rivales de Gustavo Petro y terminó con un solo candidato. Hubo en ese periodo compra de votos, intimidaciones y actos de terror de los grupos ilegales para obligar a los electores de varios departamentos a votar por Petro. Hubo 35 000 “testigos electorales” el día electoral crucial al servicio de ese candidato cuya financiación es un misterio. Hubo trasvases rápidos, inexplicados y milagrosos de un millón de votos al candidato Petro el día electoral.

Petro fue elegido no por los colombianos sino contra los colombianos, gracias a la intervención de especialistas y plataformas de alcance internacional. ¿No hubo en ese periodo expulsiones de agentes rusos? Ese mágico dispositivo electoral no fue desmantelado. Subsiste y será utilizado de nuevo en 2026 para aplastar una vez más las aspiraciones democráticas de los colombianos.

Los expresidentes, sin embargo, confían en vencer a Petro sin restablecer el sistema electoral. No proponen soluciones al respecto. No invitan a estudiar científicamente qué ocurrió con el hardware Smartmatic de la Registraduría en las dos vueltas de la elección de 2022. ¿Podemos confiar en tal actitud?

Ninguno de ellos cuenta siquiera con la vía que prevé la Constitución para sancionar las faltas graves de un jefe de Estado y de sus ministros. Ellos ven que el peligro de perder el país es tangible y, sin embargo, insisten darle tiempo a Petro para sofocar la movilización democrática y evadir el respeto de los artículos 109 y 198 de la Constitución. Obran como si ignoraran que la Constitución propone salidas perfectamente legales que las mayorías nacionales pueden apoyar de pleno derecho.

La coyuntura es difícil pues los ocho líderes políticos obran como si hubieran aceptado in pectore la pirueta de Gustavo Petro: cualquier intento de sancionar sus actos ilegales y arbitrarios es, en términos petristas, un “golpe blando”.

Nadie propone un golpe militar, ni un golpe de Estado. La salida de quienes apelan a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (artículos 174 y 175 de la CN) y los que buscan la pérdida de investidura del jefe de Estado por la violación de los topes máximos de financiación de su campaña electoral, no están en la ilegalidad ni deben ser vistos como golpistas: la Constitución dice que su acción es virtuosa.

Por fortuna, hay otro punto interesante en el debate. En términos claros, el expresidente Santos dijo: todo intento de montar una constituyente ilegal deberá hacerle frente a los poderes legislativo y judicial, a la mayoría de los colombianos y “a las Fuerzas Armadas”. Incluir a las Fuerzas Armadas en el campo de los defensores de la democracia es importante. Es una ruptura con la llamada “doctrina Lleras Camargo” de 1958 que, basada más en la historia que en el derecho, le retiró a los militares y policías el derecho al sufragio universal, asimilándolo a un acto de “pronunciamiento” o “deliberación”. Tal doctrina, que contribuyó a la paz en Colombia, tiene un defecto: hacer creer que las fuerzas militares y de policía deben ser indiferentes y neutrales ante las tendencias autocráticas de un gobierno, o sus decisiones contra la economía nacional, o ante las operaciones subversivas de poderes extranjeros dentro del país. Si bien las fuerzas militares no deben intervenir en debates partidarios, no son ni pueden ser el instrumento ciego de un jefe de Estado. Guiada por la Constitución, su misión es, sobre todo, “defender la independencia nacional y las instituciones públicas” (art 216 de la CN).

La defensa de las instituciones públicas exige mantener la vigilancia y la movilización contra las actuaciones y designios autocráticos del gobierno y apoyar públicamente las iniciativas para mantener vivo el espíritu de lucha que afloró en las grandes manifestaciones del pasado 21 de abril.