Petro acudió a la violencia de la Primera Línea contra la ciudadanía y el gobierno de Duque para causar caos y crear condiciones para su elección; luego, el presidente y la vicepresidente han declarado que son de ese grupo, pero ahora con la capacidad que otorga el ejercicio del poder.
Adicionalmente, estigmatiza y amenaza a millones de ciudadanos que se atreven a protestar, llamando a su última y multitudinaria movilización, “marcha de la muerte” y señalando a la gente de Manizales de tener como símbolo la esvástica, la misma que representaba el horror de los nazis, todo para aclimatar la represión contra la oposición, con el fin de destruir nuestra democracia e imponer sus nefastas razones.
No olviden la imagen subliminal que nos enviaron los organizadores de la marcha petrista -que, de paso, irrespetó la independencia de los trabajadores, muchos de los cuales insistían que no era una movilización en apoyo al presidente- de centenares de miembros de las guardias indígenas del Cauca, traídas para que los filmaran cuando desfilaban en orden militar y los bastones de mando cargados a la manera como lo hacen los militares con los fusiles. Ni pasen por alto la ruptura de relaciones con Israel, que deja a nuestras fuerzas militares heridas, conscientemente por Petro, de muerte por la carencia inminente de armas y asesoría en inteligencia para derrotar los grupos armados ilegales, que se fortalecen, con la complacencia del gobierno, y ahora atacan a nuestros soldados y policías con sofisticados drones, mientras hemos perdido la superioridad aérea y el abastecimiento de fusiles, otras armas, y municiones.
En su andanada, todo vale, en una cadena de acciones que conducen al propósito de acabar nuestra institucionalidad. Es así como a través de su ministra de educación, hace lo imposible por echar para atrás la elección del rector de la UN, que se hizo según los reglamentos, porque el elegido no es una de sus fichas, para entronizar su propio rector, que fue derrotado. Y para hacerlo, no tienen empacho en desconocer la autonomía universitaria, entendida como la capacidad de las universidades de darse su propios reglamentos académicos y administrativos, dentro del marco de la Constitución y ley.
Es que esa gente entiende como “autonomía universitaria” todo lo contrario de lo que universalmente significa. En el caso de las universidades públicas, es su el manejo por parte de élites de profesores y estudiantes que, mediante una retórica ideologizada se autoproclaman como los verdaderos representantes de la ciudadanía y la nación en esos claustros, y reclaman su manejo y control. Por supuesto, esa interpretación es espuria. La universidad pública es propiedad de todos los ciudadanos y de la nación colombianas, y, en consecuencia, no les pertenece a grupos como el Pacto Histórico ni a ningún otro, que quieren manejarla al ritmo de sus intereses privados, personales y partidistas, para manejar sus importantes recursos e imponer un discurso único, excluyente y de cancelación académica a quien no lo comparte.
Y en el caso de la UN -y ya se verá también en las otras universidades públicas- el objetivo central actual de esos grupos es convertirla en trinchera que catapulte una atrabiliaria constituyente que imponga su visión privatizadora de la universidad pública, claro está, manejada por ellos, y para que, y es lo más importante, marque la ruta para el asalto del poder, pasándose por encima a millones de colombianos para imponer la voluntad de los áulicos que hablan -sin representarlas- a las inmensas mayorías de las comunidades étnicas, a los campesinos y a los trabajadores, para promulgar una constitución corporativa de grupos privilegiados que tendrían mayor peso y representación, pasando por encima el principio universal de la democracia: una persona, un voto.
En estos días, la corrupción también ha sido protagonista. Los escándalos para llegar a la presidencia, protagonizados por su hijo Nicolas Petro y asociados; por Laura Sarabia y asociados; por Fecode y la USO y asociados, palidecen -aunque como se dice popularmente, faltan datos de otros municipios- ante lo que en estos días se viene destapando: que la compra de congresistas clave para las reformas petristas se financió con el presupuesto nacional mediante el saqueo de las entidades públicas, como la de cuatro mil millones de pesos (por ahora), de la UNGRD, del dinero que el gobierno había destinado dizque a satisfacer la sed de los guajiros. Y no vale que ahora Petro se rasgue las vestiduras y sacrifique un par de funcionarios, alguno de los cuales dice que las órdenes venían de arriba. Y ya se verá, es la punta del iceberg.
El régimen está mostrando su cara real. El país exige justicia ante estos actos de corrupción y muchos clamamos que se llegue hasta las últimas consecuencias, es decir, que, si ha lugar, se investigue y castigue como fija la ley y la constitución a los responsables, entre ellos, al presidente. Porque un estado decente no podría sobrevivir a una casta corrupta de este tipo. Por eso, es extremadamente grave que esté en riesgo la investigación de todos los entuertos pre y en el gobierno: ya el abogado de Petro pide que el CNE se declare impedido frente a las investigaciones del CNE a la campaña de aquel porque no es competente y se las entreguen a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que preside un representante del Pacto Histórico y en la que ese grupo hace mayoría. Y ante los llamados a que la Fiscalía avance en las investigaciones sobre corrupción que le están llegando, de la campaña y en ejercicio del gobierno, ya comienza a sentirse que algo podría no estar bien: hay expertos que hablan de dilación.
Amanecerá y veremos. Si los colombianos no nos ponemos de pie a exigir y vigilar que se aplique la ley, estamos perdidos. He hablado de un pacto nacional, de organizar ampliamente y sin exclusiones la resistencia civil y pacífica ante este gobierno. Ahora propongo que sería pertinente una veeduría internacional sobre esos procesos por parte de organismos competentes de ese nivel y ONG que se ocupen de la justicia.
Post scriptum
La blandura de los empresarios ante las maniobras de Petro para apoderarse del sistema de salud, es preocupante, pero no me sorprende: el capital no es por definición democrático. De hecho, hay países con de capitalismo de estado, con la participación de empresarios privados, que son una dictadura, como China.
El liberalismo surgió, históricamente, en Occidente, contra la autocracia política. El estado democrático es una conjugación de dos fenómenos que han luchado desde la Modernidad; el poder del estado y la democracia que lo limita.
La historia de la filosofía política así lo atestigua. Los dueños del capital reclamaban soló la libertad económica y la concomitante propiedad privada, que es la que protege su capital y sus inversiones. El estado según Hobbes debería garantizar la propiedad privada y la vida de los ciudadanos, a cambio de un poder total del estado sobre estos; en eso consistía el contrato social.
A partir de Locke, comienzan a aparecer otras libertades, como las civiles y políticas y la necesidad de que el estado las garantice; pero no son dádivas, es la lucha de la gente, por ejemplo, por el derecho de huelga, la que los conquista e incorpora al cuerpo político que rige su nación. Y posteriormente, aparecen los derechos sociales y económicos. Ese conjunto se va universalizando, incluyendo a los trabajadores (no propietarios), a la mujer, a las a las minorías culturales y sexuales. Este conjunto de libertades defiende al ciudadano de la opresión, lo va liberando de la explotación absoluta y le permite participar en política en un estado democrático.
A un empresario le interesa preservar y aumentar su propiedad; y muchos lo hacen adaptándose a las condiciones políticas en las que se mueve. Si para sobrevivir, mantener o aumentar sus empresas debe negociar con el diablo, negocia con él. Creen que, al hacerlo, saldrán bien librados. Lo que no tienen en cuenta es que, en ocasiones, se equivocan pensando que van a salvarse cuando lo que ocurrirá es que están asegurando su muy dolorosa pérdida. Esto ocurre cuando transigen y sirven a regímenes que quieren extinguir la propiedad privada o traspasarla a una nueva élite y, para ello, los utiliza mientras les son funcionales. Esto ha sido documentado históricamente, en Rusia, China, Cuba, Venezuela, etc. Y es lo que ocurrirá aquí en Colombia. Ser quedarán sin el pan y sin el queso.
