El tema de la reforma de la Constitución estuvo desde el comienzo acompañado de la amenaza del uso de la fuerza. El pasado 18 de marzo Petro dijo en una reunión en Cali con indígenas y gente de la primera línea que, si el Congreso no le aprueba su paquete de presuntas “reformas sociales”, el “proceso constituyente comienza ya”. El ocupante de la Casa de Nariño prepararía ese golpe con un puñado escogido de asesores.

La respuesta del país fue la histórica jornada anti-Petro del 21 de abril.  Sin embargo, el mandatario sigue en eso: encontrar la forma de cerrar el Congreso con el objetivo de dotarse de plenos poderes y de instalar una asamblea constituyente. Todo esto respaldado por la creencia de que el país no saldrá a las calles contra este golpe y que él, Gustavo Petro, logrará imponer su plan siniestro con ayuda de miembros del Consejo de Estado, de grupos del Pacto Histórico, de una fracción de militares, de un grupo de políticos del Senado y de la Cámara de Representantes.

Petro teme que los memoriales, pruebas y demandas generados por los delitos cometidos por la campaña electoral Petro presidente, de 2021-22, logren romper la orden de congelar el trámite previsto por el artículo 109 de la Constitución. Teme que la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes decida, en vista de la impresionante movilización popular del 21 de abril, pronunciar la pérdida de investidura del presidente de la República.

Algunos políticos de primer plano, informados de esos preparativos, estarían callados y paralizados. El autor de esta nota intentó entrevistar al ministro Néstor Osuna por teléfono para que expusiera su punto de vista sobre esos asuntos, pero éste no respondió al llamado.

Ante esa situación de silencio construido por el poder, lo ético es ventilar la información disponible y abrir un debate que le permita al país saber más acerca de la naturaleza de los planes sobre una improvisada asamblea constituyente.  La libertad de Colombia está en juego.

En la reciente entrevista con Noticias RCN, el mandatario mostró sus cartas. Las frases que resumen sus argumentos son: “La Constitución establece las vías del poder constituyente”, lo que es cierto. “El poder constituyente no se convoca, es el pueblo el que se convoca él mismo”, lo que es falso.

Petro estima que él puede cambiar la Constitución sin respetar la Constitución. Lo dice así: “Que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto en el que es necesaria su intervención para que el país cambie”.

Cree eso pues, para él, los trámites constitucionales para reformar parcial o totalmente la Constitución valen poco. “Las formas legales y constitucionales son muy importantes, pero sin contenido no hay forma”, es decir son letra muerta. “¿Cuál es el contenido?”, le preguntó José Manuel Acevedo. Petro respondió: “Es la decisión de un pueblo”, es decir él mismo.

Acevedo le preguntó si va a convocar la Constituyente por decreto o en el marco de una emergencia económica. Petro se alejó de nuevo del ordenamiento jurídico y respondió que para llamar a una constituyente no tiene que pasar por el Congreso. Trató de justificar esto con un juego de palabras: “El poder constituyente no se convoca, es el pueblo el que se convoca a él mismo, para decidir sobre aspectos fundamentales del país”.

Error. Sólo la mayoría de las dos cámaras del Congreso puede aprobar que el pueblo, en votación popular, ha decidido convocar una asamblea constituyente. Y esa reforma debe ser aprobada si lo aprueba por lo menos una tercera parte del censo electoral.

No hay la tal creencia de Petro de que “el pueblo se convoca a él mismo”.  En la Constitución actual toda iniciativa popular de reforma constitucional es tramitada por el Congreso (ver el art. 15 de la CN).

Por otra parte, el Congreso, para Petro, es indigno pues “estuvo influenciado por el paramilitarismo”. Ridículo. Petro niega la equivalencia que existe entre dos grupos criminales: “el paramilitarismo” y el comunismo armado, que es también una forma de paramilitarismo. Petro olvida que el paramilitarismo, el comunismo y las Farc influyeron simultáneamente en el Congreso y que los comunistas influyen en él. Petro no entiende, por otra parte, la función esencial del poder legislativo, estructurado para que acoja, gracias al sufragio universal, las diversas corrientes políticas.

El fantasma de Hugo Chávez en el Palacio de Nariño

Como la Carta tiene, según Petro, un valor relativo, la constituyente de bolsillo ordenaría el cierre de las dos cámaras del Congreso y todo trámite de éstas quedaría bloqueado. Las cortes, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, también serían declaradas en receso, así como el mecanismo de la tutela del artículo 86 de la CN. En ese contexto, nada impediría la emergencia de una situación dictatorial de hecho en la que Petro podría tener toda la latitud para dictar una nueva Constitución a su gusto, tal como hizo Hugo Chávez en Venezuela. Ese sería el camino que tomaría Gustavo Petro para consolidar, mediante ese golpe de mano, un poder totalitario de izquierda.

La frase más reveladora de Petro es: “Yo quiero un Congreso que le obedezca la mayoría del pueblo”. Petro cree que como ganó, o dice haber ganado, la elección presidencial en 2022 él representa a la “mayoría del pueblo”, y quiere que el Congreso no sea deliberante, sino que lo obedezca a él. En nuestra Constitución, el presidente no es el “representante de la mayoría”. Es el garante “de los derechos y libertades de todos los colombianos”.

Petro y sus asesores tratan de introducir ese y otros deslices semánticos para hacerle decir a la Constitución colombiana lo que ella no dice. 

Cuando Petro afirma “Yo quiero un Congreso que le obedezca a la mayoría del pueblo” él muestra que su modelo político no es democrático. En el modelo del Estado totalitario –comunista, nazi, fascista-- la relación es entre un líder y un pueblo, sin poderes limitantes entre ellos, sin cuerpos intermedios, deliberantes: solo el líder y la masa. Es lo que Hannah Arendt describe como “la alianza provisoria entre el populacho y la élite”. Ese esquema es el armazón de lo que Petro exhibió ante RCN sin provocar una réplica del entrevistador.

Horror: constituyente sin sufragio universal

La justificación para convocar una constituyente sin el concurso de las cámaras del Congreso tiene raíces en las nociones que Hugo Chávez utilizó en 1999: el poder constituyente es una “fuerza creadora permanente del pueblo, que se impone, a la vez, al poder constituido”. Es decir, que el “poder constituyente del pueblo” debe pasar por encima de las instituciones. Petro dice lo mismo: “El poder constituyente no se convoca, es el pueblo el que se convoca él mismo”.

Esa teoría contradice los valores que ilustran la Constitución de Colombia: la asamblea nacional constituyente de 1990 fue “convocada por el pueblo soberano en los comicios del 9 de diciembre de 1990”, recuerda el jurista Javier Henao Hidrón. Los electores escogieron los 70 miembros de la asamblea que redactó la Constitución de 1991.

Si bien Chávez engañó a los venezolanos diciendo que el llamado “proceso popular constituyente”, sería la fuerza principal del cambio, el protagonismo excesivo de Chávez eclipsó ese poder “de la base”. Al mismo tiempo, Chávez vendió la idea de que un poder constituyente “desde abajo”  --“constituyentes municipales”,  “consejos locales”, “consejos comunales”, etc.--, perfeccionaría las estructuras representativas. Lo que ocurrió fue lo inverso: la asamblea nacional constituyente jugó el papel protagónico en las coyunturas importantes que consolidaron el poder personal de Chávez, y no el poder constituido.

Hugo Chávez no es el autor de esa superchería: el italiano Antonio Negri, ex miembro de las Brigadas Rojas que secuestraron y asesinaron al ex primer ministro italiano Aldo Moro en mayo de 1978, es el inventor de eso. En su panfleto El poder constituyente, Negri transforma ese concepto en palanca subversiva de toma del poder. Antonio Negri buscaba aplastar la democracia y la república liberal. El expresidente italiano Francesco Cossiga describió a Negri como “un psicópata” que “envenenó las mentes de toda una generación de jóvenes italianos”.

Petro trata de seguir la senda de Chávez: utilizar grupos indígenas radicales y bandas armadas empleadas en la insurrección del 2021, así como las organizaciones narco-terroristas convocadas a la “paz total” (1), para convertirlas en “comités municipales” y embriones de poder popular para que ejerzan, como dijo en Cali, “el poder constituyente”. 

Desde ya es indispensable abrir en Colombia un combate político firme contra esos planes y las ideas perniciosas acerca del “poder constituyente continuo”, como fuerza “creadora del pueblo” que, en teoría, debería imponer su hegemonía sobre los poderes constituidos. Esa basura totalitaria llevó a la confusión popular y a la ruina moral y jurídica de Venezuela y contribuyó de manera decisiva a la destrucción económica de ese país.

(1).- Los pactos Santos-Farc, rechazados por el pueblo en el referendo del 26 de septiembre de 2016, pero firmados ilegalmente en noviembre de 2016, tiene una vigencia de ocho años. Las Farc buscan que ese pacto sea permanente para no quedar a merced de la justicia ordinaria. Por eso piden otra Constitución. Las víctimas y la ciudadanía quedarían así sin defensa ante el nuevo Estado petrista.

@eduardomackenz1