Muchas veces si no se arma un lío grande, entonces las cosas no se arreglan y los problemas se vuelven recurrentes sin que haya voluntad para encontrar soluciones de fondo de manera civilizada, lógica, ordenada y libre.
Dejemos de lado los temores propios de los indefensos y los egos de líderes que no lideran. Llegó el momento de hablar seriamente de un gran paro nacional sin violencia. De un cese indefinido de toda actividad en el país para que la sociedad pueda lograr una posición sólida, frente a un gobierno que nació y continúa operando en contravía de la legalidad.
Es este el momento en que, sin violencia, quienes confirieron el mandato a los elegidos se paren en la raya y les planten duro a quienes recibieron y traicionaron su confianza.
El país entero debe parar en seco, como lo hizo en la pandemia, como ocurrió en los años 50 para derrocar la dictadura o cuando el paro contra López Michelsen en 1974 después de que su gobierno, que empezó lleno de posibilidades e ilusiones, se torciera cascando la economía y la sociedad anónima, y que, advertido por la ANDI, permitiera la instauración de lo que se llamó “la bonanza marimbera”, una plaga que aún azota la nación a partir de sus múltiples mutaciones criminales.
Llegó el momento de que todas las actividades lícitas cierren, de que paren las empresas y los trabajadores no laboren, los carros no circulen, no abran consultorios ni tiendas, que no se paguen los impuestos para subsidiar al vago y al delincuente, que la gente no acuda a los aeropuertos, que los operadores de los puertos no funcionen, en fin, que toda la actividad económica frene en seco, a ver cómo se les ponen las cosas a los del desgobierno, a ver cómo va a hacer el populista y sus ministros, a ver cuál economía van a manejar y que más reformas criminales van a implementar por las vías de hecho.
Sólo así, con el país parado, tal vez los políticos y los militares entiendan cuál es su deber, cuál su compromiso y su responsabilidad con la nación y con la patria que tanto les ha dado y con lo que juraron defender empezando por la legalidad.
Un presidente no es el pueblo. Nadie eligió a ningún político para cambiar la constitución sino para cumplirla y hacerla cumplir. Nadie puede reclamar derechos sin cumplir obligaciones.
A nadie lo elijen para dedicarse al clientelismo, al nepotismo y al raterismo. Su misión es administrar el Estado correcta y eficientemente en materia de bienestar como función del crecimiento económico que requiere confianza, inversión, empleo y seguridad en todas sus denominaciones: salud, convivencia, soberanía, estabilidad jurídica, reglas claras que permitan que de la producción y el comercio se derive un mejor ingreso para todos.
El debate ideológico no puede confundirse con el ejercicio ideológico del poder. El país y su democracia no aguantan más la conducción de un falso redentor que cree que la libertad y los derechos de los demás dependen tan solo de lo que al presidente se le dé la santa gana.
Es sano que políticos y partidos compitan con ideas en campaña, pero cuando las personas son electas están obligadas a administrar el Estado de manera ecuánime bajo las reglas que juraron cumplir y hacer cumplir. De lo contrario tenemos un problema grave y hay que solucionarlo como sea, pero con el firme propósito de que prevalezca la legalidad y el sistema de libertades democráticas.
Llegó el momento de que quienes administran justicia y tienen a su cargo hacer cumplir las normas y las leyes, asuman su responsabilidad en función de que en el país se mantenga el Estado de derecho. De lo contrario, pronto no se necesitarán cortes, jueces ni abogados para solucionar nuestros conflictos y muchos se verán obligados a tomar la justicia por su propia mano.
Llegó ya el momento de que entendamos que son los ciudadanos que trabajan, empleados y empleadores, quienes mueven la economía y quienes más importan en la estructura de una nación que se rija por un Estado de derecho y un sistema de libertades democráticas.
Entendamos que la función de los políticos en la democracia es sólo un mandato temporal o de alquiler. Que nadie les confirió poderes absolutos y que están supeditados a la constitución y las leyes existentes. Nadie los contrató para nada diferente a que cumplan las normas que juraron defender.
Si la destrucción de valor no para, sólo nos queda sumirnos en la desesperanza, y eso no representa el espíritu libre del pueblo colombiano. Actuemos, paremos en seco, o verán lo pronto que aquí a nadie que trabaje y cumpla con la ley le va a quedar nada de nada.
