El 26 de marzo pasado vimos una muestra de ello. En un interesante talk show televisivo cuatro importantes oradores abordaron ese tema: dos a favor de ese juicio y dos en contra. Como ya es habitual, la teleaudiencia participó en la discusión: envió un total de 1200 respuestas. Lo más interesante es que de éstas la abrumadora mayoría -- salvo quizás dos (no ví más) --, se mostró a favor de juzgar al presidente Petro. Empero, que yo sepa, ningún medio de información ha comentado este hecho político.
Los invitados al debate fueron el exministro y ex alcalde de Bogotá Jaime Castro, el exsenador petrista Antonio Sanguino, el secretario general de la central sindical CGT, William Millán, y el ex militante del M-19 y predicador Carlos Alonso Lucio. Castro y Lucio impulsan esa idea desde hace meses. También lo hacen el abogado José Manuel Abuchaibe y el empresario opositor Pierre Onzaga Ramírez. Ambos solicitan, desde mayo de 2023, la aplicación del artículo 109 de la Constitución nacional y decretar la pérdida de investidura por la violación de topes electorales de la campaña de Petro en 2021-2022 (1). Pero no fueron llamados a presentar sus argumentos.
Jaime Castro recordó que la Cámara de Representantes tiene facultades para acusar ante el Senado al presidente de la República gracias a los artículos 174 y 175 de la Constitución Nacional. Según él, esa sería la vía para resolver, en principio, los problemas de indignidad y mala conducta del jefe del poder ejecutivo. Jaime Castro agregó que la sanción por indignidad y mala conducta de un presidente consiste en la “suspensión del funcionario por un término breve”.
Antonio Sanguino rechazó violentamente la argumentación de Castro calificándola de “calentura trasnochada”. Insistió en que, en su opinión, “no hay y no habrá juicio político contra el presidente Petro”. Según Sanguino, los delitos en la financiación de las campañas políticos carecen de importancia y son simplemente “problemas crónicos de la sociedad colombiana” (2).
Jaime Castro replicó que no es equiparable el juicio político con las mociones de acusación y las acciones de carácter penal. “El juicio político hoy es la razón de ser de los congresos en América Latina, Europa y otros continentes, pues los parlamentos dejaron de ser el centro del poder legislativo”, añade. “La iniciativa legislativa está ahora en manos del poder ejecutivo”. Y concluyó: “Gracias al control político que le hace el Congreso al gobierno la oposición puede convertirse allí en alternativa de poder”.
Carlos Alonso Lucio confirmó por su parte que el juicio político es una “institución histórica” de la democracia, que defiende el “derecho de las sociedades a juzgar a sus gobernantes, ya que éstos son responsables ante la sociedad”. Ante tal análisis el moderador lo interrumpió: “El juicio político aquí en Colombia no tiene validez”, lanzó Adolfo Beck, extremo errado que Sanguino respaldó inmediatamente.
Sanguino intentó perfeccionar su demostración con una pirueta irracional. Declaró que ni siquiera Belisario Betancur había sido objeto de un juicio político “por lo que él hizo en el palacio de justicia” [en 1985]. El presidente Betancur, según Sanguino, debía haber sido juzgado por haber ordenado al Ejército rescatar a los rehenes y restablecer el orden. El agente petrista fingió olvidar que los que asesinaron a los magistrados y al personal que se encontraba en el edificio, y quienes incendiaron los archivos judiciales, fueron los atacantes, el comando terrorista del M-19, y que ellos eran los que debían haber sido juzgados por tal atrocidad.
William Millán, terció diciendo que la idea del juicio político equivalía a “un golpe [de Estado] blando”. Y remató: “Este no es el momento” para juzgar a Gustavo Petro. “Es el momento de la serenidad suprema”. Lo que hizo reaccionar al moderador: “¿Acaso Lucio y Jaime Castro son golpistas?”. No, retrocedieron Millán y Sanguino.
Sanguino esbozó una teoría discutible: “El régimen presidencialista protege de manera especial la figura presidencial” pues, según él, “el presidente es el corazón del sistema político”. Error. La CN no dice eso. Sanguino confunde la frase del artículo 188 “El presidente de la República simboliza la unidad nacional” con un diagnóstico médico.
La Constitución Colombiana prevé soluciones para proteger al país de crímenes políticos o no en la cúspide del poder. La Cámara de Representantes puede acusar al jefe de Estado ante el Senado y éste puede fundar una acusación y destituirlo o imponerle una pérdida, temporal o absoluta, de los derechos políticos. Si la infracción cometida merece otra pena, la Corte Suprema de Justicia le abrirá un proceso criminal.
“¿Por qué los amigos del gobierno le tienen tanto miedo al juicio político?”, preguntó Jaime Castro antes de consolarlos: “El juicio político es sólo un debate que no lleva a la destitución del presidente. Lo máximo sería la suspensión por unos días”. Y remató: “Ustedes deberían ir a ese juicio y decir allí que el gobierno de Gustavo Petro es muy bueno, que es el mejor que ha tenido Colombia”. Adolfo Beck trató de poner fin a la ofensiva sarcástica mediante un aforismo: “Cundinamarca no es Dinamarca”.
Este debate muestra, por una parte, que los argumentos de los petristas contra el famoso juicio político no son jurídicos. Pero también deja ver que, lamentablemente, los partidarios de sancionar los intentos del presidente de abolir de hecho la Constitución y derribar las instituciones republicanas e instaurar un sistema autocrático, aún no se han puesto de acuerdo. El porqué de ese retraso radica posiblemente en una interpretación inexacta de la Constitución. Tendré el gusto de discurrir sobre ese punto en un próximo artículo.
(1).- https://www.semana.com/politica/articulo/lideres-del-juicio-politico-en-contra-de-gustavo-petro-dicen-que-cuentan-con-mas-de-8000-apoyos-ciudadanos/202431/
(2).- Antonio Sanguino, miembro en su juventud de una fracción del ELN, y miembro más tarde del partido izquierdista Alianza Verde, es hoy un funcionario del gobierno de Gustavo Petro. Actualmente trabaja como gerente del Fondo Colombia en Paz, un organismo de la presidencia de la República. Laura Sanguino, hija de Antonio Sanguino, fue nombrada por Petro subdirectora del ministerio de Vivienda. Tales detalles fueron omitidos en la presentación que hizo Adolfo Beck de los invitados a su talk show.
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(2)
Los fantasmas del Palacio de Nariño asustan a don Gustavo
Eduardo Mackenzie
Nuevo delirio de Gustavo Petro contra Colombia y la civilización. El exguerrillero y presidente de turno, convertido de la noche a la mañana en insigne arquitecto, ha hecho saber a un auditorio asombrado y silencioso que él quiere demoler la Casa de Nariño.
En uno de sus tristes berrinches, con los que trata de mantener la tensión y la furia en el país, el presidente la emprendió esta vez contra el palacio presidencial. Parece que Petro no se siente bien dentro de esos muros venerables. Afirma que en ese palacio, construido hace “apenas 50 años” --118 años en realidad--, hay gente misteriosa que recorre y se oculta “en la penumbra gris” para “hacer quién sabe qué”.
Hundiendo la cabeza entre sus hombros, y con su cachucha azul de timonel fluvial, Petro resumió así el porqué de su secreto malestar (la lógica y el errado uso del pronombre “se” es de su eminencia): “Este palacio quiere aparentar que la oligarquía colombiana es aristocrática y por eso se hace con este estilo. Se hizo apenas 50 años. Es una mala idea arquitectónica porque trata de reproducir la aristocracia francesa a finales del siglo XX en Colombia que es una república democrática. Por mí lo tumbaba y ya verán cómo salen los titulares [de la prensa] y hacemos una cosa que sea democrática y popular con los patios abiertos y donde la gente fluya y donde puedan ver a los funcionarios sin que se oculten en esta penumbra gris haciendo quién sabe qué”.
Lo que Petro dice con su acostumbrada rusticidad no es una amenaza, es un anuncio. El hombre militó en la banda terrorista que en 1985 asesinó a 32 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado (1), e incendió el Palacio de Justicia de Bogotá. Ahora él avisa que le gustaría “tumbar” la Casa de Nariño y que ya tiene en mente un nuevo edificio “democrático y popular”.
Antes de que un nuevo incendio o unos buldóceres echen a tierra ese ilustre edificio, recordemos algunas verdades: no fue construido hace 50 años. Fue diseñado en 1906 por dos arquitectos: el francés Gaston Eugène Lelarge y el colombiano Julián Lombana, sobre el lugar donde había nacido en 1765 don Antonio Nariño, precursor de la independencia de Colombia y traductor al español de la Declaración de los Derechos del Hombre. El palacio fue inaugurado el 20 de julio de 1908 por el presidente Rafael Reyes.
Gustavo Petro debería tratar con más respeto a Gaston Lelarge. Bogotá le debe a él, fuera del Palacio de Nariño, otros bellos e importantes edificios públicos como el Capitolio Nacional en la Plaza de Bolívar, el Palacio Liévano, sede de la alcaldía mayor, el Palacio de San Francisco, antiguo edificio de la Gobernación de Cundinamarca, y el Palacio Echeverri, edificado en terrenos del antiguo convento de Santa Clara. Lelarge instaló allí vitrales de G.P. Dragant de Burdeos. Hoy es la sede del ministerio de Cultura.
Eugène Lelarge era arquitecto y escritor. Nació cerca de París, en Bouray-sur-Juine (Essonne), el 12 de octubre de 1861. Llegó a Colombia en 1890. Fue también arquitecto-jefe del ministerio de Obras Públicas de Colombia, de 1911 a 1919. Falleció en Cartagena de Indias en 1934.
La Casa de Nariño y el Capitolio Nacional no hacen parte de la arquitectura “aristocrática”, como cree Petro. Es una arquitectura neoclásica típicamente republicana con elementos greco-romanos (columnas, frontones, pórticos, proporciones armoniosas) y con esculturas y vitrales de la Belle Epoque. Es una arquitectura que tuvo gran éxito en Occidente, sobre todo en Francia, Italia, Reino Unido y Norteamérica. ¿Colombia tenía que quedarse al margen de la arquitectura neoclásica?
¿La bronca de Petro contra el Palacio de Nariño va más allá de eso? ¿Las otras obras de Gaston Eugène Lelarge en Bogotá también están amenazadas? ¿Por qué a Petro le parecen de corte “aristocrático”?
La parcela y la casa donde ahora viven los presidentes de Colombia, y que Gustavo Petro describe como “gris” y no democrática, fueron adquiridas en 1754 por el padre del Precursor, don Vicente Nariño. Fue restaurada, por fortuna, en 1979, durante el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala. En su jardín se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, fundado por José Celestino Mutis en 1803.
¿Por qué Petro detesta esos lugares tan cargados de historia patria? Hipótesis: Porque hay un viejo, aunque poco conocido, rencor irracional y anti-civilización en la extrema izquierda, y la colombiana no es la excepción, que toma a veces formas anti-arquitectura y anti-edificios públicos.
¿No pidieron en 2020 algunos de ellos, por ejemplo, expulsar de Bogotá las sedes de los ministerios con el pretexto de “buscar descentralizar el funcionamiento del Estado”? Otros exigen que el ministerio de transporte esté cerca de los puertos. ¿En Buenaventura? Que el ministerio de Agricultura esté “cerca del campo”. ¿En Caquetá? Que el ministerio del Comercio Exterior esté cerca “de donde se desarrollan esas operaciones”. ¿En Nueva York?
Lo peor es la obsesión por la demolición para “democratizar” las ciudades o reutilizar los ladrillos. En eso los bolcheviques fueron peores que Atila. La catedral de Cristo Salvador de Moscú fue dinamitada en 1931 por orden de Stalin. Cientos de iglesias fueron arrasadas o abandonadas por esa dictadura. La catedral de la Dormición de la Virgen, de estilo barroco, construida en Moscú entre 1696 y 1699, fue derribada pues la dictadura decidió ampliar una calle. Era la iglesia favorita de Fiodor Dostoievski.
Alto ahí don Gustavo. La Casa de Nariño y sus jardines y todo el centro histórico de Bogotá son patrimonio nacional colombiano y son más “democráticos y populares” de lo que usted cree. Si no puede dormir tranquilo en la Casa de Nariño es mejor que busque otro domicilio, en sentido figurado y no figurado.
(1).- Dato del Diario Oficial, Bogotá, 17 de junio de 1986.
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(3)
¿Para qué sirve Otty Patiño?
Eduardo Mackenzie
El comisionado “de paz” da la bienvenida a la conformación de nuevos bloques de las Farc y proclama: tranquilos, eso mejorará los diálogos con ese grupo. ¿Alias Mordisco, jefe de las Farc en armas, tiene un cómplice en la Casa de Nariño?
El gobierno de Gustavo Petro ha dado un nuevo paso hacia la reorganización de las guerrillas narco-comunistas para que éstas ataquen en mejores condiciones a las fuerzas armadas de la República. Petro hace eso de manera cínica y falsamente transparente para que la clase política y la opinión pública entiendan de manera inversa lo que él está haciendo.
Otty Patiño, un ex guerrillero no arrepentido, planificador de atentados del M-19 desde 1974 hasta 1990, convertido en noviembre pasado por Gustavo Petro en “alto comisionado para la paz”, aseguró, desde la Casa de Nariño, este 1 de abril, que la decisión de las Farc de crear un “nuevo bloque Isaías Pardo” para enfrentar al Ejército Nacional en cinco departamentos, es sólo una “reorganización interna de ellos”, una cosa “bienvenida”, favorable para la paz y que las Farc tienen, además, “todo el derecho para hacer eso”.
Otty Patiño sostiene que esa maniobra entre reductos de las Farc “podría traer beneficios a los ya resquebrajados diálogos que se adelantan con ese grupo”. “Creo que se están conformando en bloques, creo que están agrupando frentes”, declaró.
Algunas voces aisladas de parlamentarios de oposición (Miguel Uribe, Christian Garcés, David Luna y Andrés Forero) se elevaron contra la escandalosa actitud de Petro-Patiño, pero ni la opinión pública en general, ni los medios de información parecen haber comprendido lo que está en juego. La ayuda de Petro y Patiño a la restauración del desaparecido “bloque central” de las Farc, que dirigía en una época del sangriento “Mono Jojoy”, es presentado como un gesto favorable a la paz y a la seguridad de los colombianos y no una movida para golpear y desorganizar aún más a las Fuerzas Armadas.
En realidad, el anuncio hecho el 1 de abril por alias Marlon Velázquez de que conformará un “nuevo bloque central Isaías Pardo”, también denominado “Bloque 57”, es la respuesta vengativa de las Farc contra el Ejército nacional luego de que éste le infligiera una fuerte derrota el pasado 28 de marzo en combates en Chaparral, Tolima, y en Cauca, luego de que los uniformados fueran atacados por destacamentos de las Farc que violaron un acuerdo de cese al fuego con el gobierno de Gustavo Petro. Alias Marlon Velázquez es el jefe del “bloque Isaías Pardo” que delinque en el Valle, Tolima, Huila y Quindío.
El 28 de marzo, en efecto, tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional fueron atacadas por el grupo “Ismael Ruiz”, del llamado “estado mayor central de las Farc”. Los militares respondieron y dejaron un saldo negativo para los narcoguerrilleros (capturaron al cabecilla principal, alias Pacho, dieron muerte en combate a alias Capotillo, su segundo, y capturaron a un tercero, alias Ramiro). En total, 12 guerrilleros fueron capturados con su armamento y equipos, y cuatro menores de edad, que alias Pacho había secuestrado para usarlos como combatientes, fueron entregados a Bienestar Familiar.
Casi simultáneamente, tropas del Ejército chocaron con integrantes de la “Segunda Marquetalia”, en Argelia, Cauca. Resultado: cinco guerrilleros muertos y una menor herida. En otras acciones, fuerzas especiales del Ejército y de la Policía lograron dislocar varios grupos de la misma organización que devastan municipios en Meta, Tolima, Caquetá y Huila.
El plan de Marlon Velázquez es de vastas proporciones. El señaló que el nuevo “bloque” es una respuesta solidaria “con el bloque occidental Jacobo Arenas” y que tienen previsto realizar pronto “una gran ofensiva militar”. La gobernación del Valle del Cauca calcula que el bloque Isaías Pardo podría tener ya, antes de la maniobra organizativa anunciada, 80 individuos armados en las periferias de Palmira, Guacarí, Buga, Pradera, entre otras localidades. Algunos observadores creen saber que la misma ciudad de Cali podría ser objeto de un ataque subversivo considerable de las Farc para ganar puntos en una mesa futura de negociación.
Sin embargo, Otty Patiño se niega a ver que la reorganización de las “disidencias” es una amenaza contra el Ejército de Colombia y contra la población civil. Se niega a admitir que Marlon Velázquez anuncia, en consecuencia, un alejamiento de las negociaciones para concentrarse en una ola de ataques de envergadura gracias a un refuerzo de hombres y material bélico en cinco departamentos.
Tal actitud del funcionario petrista abre una disyuntiva: o el “comisionado de paz” favorece conscientemente la reestructuración de la banda armada Farc que no ha dejado de arrollar a la población y al Estado colombiano, o carece de la mínima competencia y perspicacia política y del valor civil indispensable para continuar al frente de esa Comisión.
En ese teatro de sombras y mentiras aparece un elemento adicional de desmotivación tanto para la opinión pública como para las mismas fuerzas militares y de policía: la duda. Sin que Otty Patiño haga nada para describir la situación real del orden público, rumores corren en el sentido de que los anuncios de los cabecillas de las Farc-disidencias serían solo deseos y chantajes en el aire. Nada mejor que eso para hacer que las fuerzas del Estado, en lugar de reforzar sus posiciones, bajen la guardia en los departamentos más afectados por la violencia.
Hace dos semanas, el presidente colombiano insultó al jefe de las Farc-disidencias, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, tras un ataque de esa gente contra un grupo indígena en el Cauca, base del electorado petrista. Gregorio Vera, miembro de las Farc desde 1995, respondió que cuando las disidencias apoyaron a Petro en campaña electoral “ahí sí no eran traquetos”. La prensa dijo que Petro había ordenado la suspensión, a partir del 20 de marzo, del cese al fuego con las “disidencias” en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
El juego de Petro es obscuro: calificar a Mordisco de “traqueto vestido de revolucionario” y respaldar enseguida, por medio de Otty Patiño, los intentos de reconstrucción de las fuerzas de Mordisco. Petro insulta a un narco-cabecilla, pero no hace nada para reforzar las Fuerzas Armadas ni da la orden de actuar en todo el territorio contra esas huestes subversivas. Alimenta así un clima de confusión para ocultar los objetivos de su política no ante la fallida “negociación política” sino ante el destino de la Fuerza Pública.
Durante sus 20 meses de gobierno, Petro ha ordenado la desmovilización y logrado la reducción enorme de la Fuerza Pública en todos sus componentes, sin que la prensa haya revelado esa situación. Por fortuna, la senadora Paloma Valencia denunció, con cifras irrecusables, esa nefasta orientación, en un reciente debate en el Congreso: el Ejército nacional perdió, por recortes presupuestales, 35.435 de sus combatientes respecto de 2021; perdió por retiros exigidos el 17% de sus generales, el 20 % de sus coroneles, el 45% de su pie de fuerza. La Fuerza Aérea perdió 17 de sus generales y 1.064 de sus operadores militares. La Armada nacional perdió el 58% de sus oficiales, el 18% de sus capitanes y el 23% de sus operadores militares. La Policía Nacional ha perdido el 54% de sus generales, el 32% de sus coroneles, el 13% de sus auxiliares. Consecuencia: sus capturas bajaron a 187.544, cuando estas eran, en tiempos de la pandemia, 248.566.
Petro canceló las negociaciones con países extranjeros para remozar la flota de aviones de combate. No hay helicópteros para entrenar la Fuerza Aérea de Colombia. Hay 11 helicópteros de combate rusos en tierra, inservibles pues el ministerio de Defensa no tiene interés en pagar la reparación de esos equipos. El gobierno de Petro está convirtiendo al Ejército Nacional “en una mera agencia de vigilancia privada”, lanzó la senadora Valencia.
Mientras eso ocurre, las organizaciones armadas ilegales se refuerzan: hoy tienen 16.767 efectivos y podrían alcanzar los 26.000 en 2026. Durante los 20 meses de gobierno petrista esas bandas ganaron 3.587 hombres más, mientras que durante los cuatro años de gobierno de Iván Duque 2.845 fueron sumados a esos grupos.
Analizadas en el contexto de la dramática degradación de las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia, las declaraciones de Otty Patiño sobre la reconfiguración de las Farc deben convertirse en un llamado de alerta sobre el peligro que está corriendo Colombia. Ese estado aberrante de cosas no puede continuar.
