El historiador mexicano Enrique Krauze escribió: “Desde los griegos hasta el siglo XXI, pasando por el aterrador siglo XX, la lección es clara: el inevitable efecto de la demagogia es “subvertir la democracia”. Estas palabras hoy están más vigentes que nunca en Colombia.

El viernes 15 de marzo, desde el monumento a la Resistencia en la ciudad de Cali —lugar que conmemora el ‘estallido social’ de 2021, haciendo apología a la violencia, el vandalismo y el terrorismo, y a la instrumentalización de los jóvenes cuya manifestación fue infiltrada y financiada por estructuras criminales con fines políticos—, el presidente Petro pronunció un discurso que tensionó aún más la institucionalidad.

El mensaje central fue la intención de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, según él, para superar la rigidez institucional y resolver seis puntos: la implementación del Acuerdo de La Habana; los sistemas de salud, pensión y el acceso a agua; la reforma a la justicia y verdad; el reordenamiento territorial; el cambio climático, y el fin de la violencia y la reconciliación.

Este mecanismo para reformar la Constitución contemplado en la propia Carta en los artículos 374 y 376, tiene un largo proceso reglado, que pasa por el Congreso y la aprobación popular. Pero al parecer, Petro está pensando en otra vía, pues afirmó que “no es un problema de mayorías (en el Congreso), es un problema de fuerza popular... si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar, no lo puede desconocer”. Y sentencia que fustigará y promoverá la movilización social para presionar el cambio de la Constitución y, con ella, el rediseño de la institucionalidad que le ha resultado incómoda.

Tras el revuelo suscitado por su discurso, las posteriores claridades que han ofrecido él, su bancada y el ministro del Interior, han oscurecido aún más la propuesta; pues si bien afirmó que no pretende desconocer la Constitución de 1991, insiste en que sería la oportunidad para cambiar gran parte de nuestro actual sistema, además de incorporar el Acuerdo de La Habana a la Carta Magna, a pesar de que la Corte Constitucional en sentencia C-630 de 2017, determinó que el Acuerdo no hace parte del bloque de constitucionalidad.

La preocupación ante la inviabilidad jurídica y política de la Asamblea Constituyente en esta coyuntura, es que el Gobierno Petro ha demostrado que no acepta un no como respuesta; lo estamos viendo en las presiones y amenazas a los firmantes de la ponencia de archivo de la reforma a la salud y con los esfuerzos para eliminar por asfixia financiera a las EPS; en el permanente enfrentamiento con la institucionalidad y los medios, y en el desconocimiento de marcos jurídicos a la hora de expedir decretos y leyes. Y ni qué hablar de sus posiciones con el proyecto del Metro de Bogotá.

Nuestro reto es defender el sistema democrático y la institucionalidad, teniendo claro que estamos enfrentando un régimen populista en los términos de Krauze en el ‘Decálogo del populismo’, donde entre otras, se fabrica la verdad y detesta la libertad de expresión; se utilizan de modo discrecional los fondos públicos; no se comprenden los temas económicos; se reparte directamente la riqueza y la cobra en obediencia; se alienta el odio de clases; se moviliza permanentemente a los grupos sociales; se desprecia el orden legal, y se cancelan las instituciones de la democracia liberal..

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 20 de marzo de 2024.