En ese sistema, que Putin también denomina cínicamente “dictadura de la ley”, la democracia es una mala comedia. Allí la independencia de los tres poderes independientes y el sistema de pesos y contrapesos entre ellos --para controlar los actos del poder ejecutivo, uno de los rasgos esenciales de la verdadera democracia--, pasa a mejor vida.

Una “vertical del poder” es lo que Gustavo Petro trata de construir de manera sigilosa. Nadie debe descubrir la naturaleza de ese plan. Pero como el mandatario comete errores a diario e incursiona en graves movidas inconstitucionales, destinadas a concentrar en sus manos todo el poder, comienza a ser visible el modelo de la tétrica “democracia dirigida” inventada por Vladislav Sourkov, un spin doctor del dictador ruso.

La táctica de destruir la democracia por etapas, por asaltos predadores contra las facultades de los otros poderes, y por el uso abusivo de decretos y por la toma de decisiones aun antes de que la ley respectiva sea aprobada en el Congreso, es cada vez más visible. Sin embargo, el ataque central es de otro orden.

En enero de 2023, el presidente Petro intentó avanzar en esa dirección cuando le ordenó a la Fiscalía que pusiera en libertad a peligrosos narcotraficantes, 13 de ellos cabecillas del Clan del Golfo y 9 delincuentes del grupo “Pachenka”, de la Sierra Nevada de Santa Marta. En febrero hizo otro tanto cuando exigió levantar 11 órdenes de captura a jefes de las Farc en armas. También lo hizo al declarar, días después, que como jefe de Estado él es el jefe del fiscal general. Por fortuna, el fiscal Francisco Barbosa lo frenó y lo puso en su lugar: le ofreció una formidable clase de derecho y demostró por qué constitucionalmente esa subordinación no existe. Petro entonces se retractó. Pero siguió en ese afán.

El segundo intento ocurrió cuando Petro elaboró, en agosto de 2023, una terna de candidatas para que la Corte Suprema de Justicia escogiera una de ellas para el cargo de nuevo fiscal general, pues el mandato de Francisco Barbosa llegaba a término.

Esa terna es rarísima, excluyente y no garantista. Por primera vez la integran nombres de mujeres: Ángela Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez. Por primera vez las tres candidatas pertenecen a una misma corriente política: el petrismo. Por primera vez había candidatas que habían firmado varios contratos con el Estado. La ciudadanía concluyó, no sin razón, que Petro exigía tener “una fiscal general de bolsillo”, no una fiscal general independiente. Los medios preguntaron ¿cómo puede haber justicia sin equidad, imparcialidad y transparencia?

Obviamente, los petristas sostuvieron: “¡Es un progreso!”. “Petro quiere destacar las competencias de las juristas para desempeñar ese alto cargo que generalmente usurpan los hombres”. En realidad, esa terna no es feminista ni garantista sino lo contrario: es machista y excluyente. Es un signo de retroceso judicial, un acto de sexismo reaccionario.  

¿El ocupante de la Casa de Nariño calculó que, si había en la terna un hombre, éste sería escogido contra las mujeres por ser la CSJ un cenáculo machista? ¿Por qué dos de las ternadas tienen lazos personales con el actual ministro de Defensa? En sintonía con lo anterior, pudo haber otro cálculo no menos odioso: ¿una mujer fiscal puede ser más dócil ante el jefe de Estado? En el fondo de ese trámite emerge un tríptico detestable: machismo, misoginia y falocracia.

Hay misoginia pues ese acto descansa sobre la creencia de que la mujer es inferior al hombre, o puede resistir menos a las presiones de un autócrata. Ese retroceso político, psicológico y judicial es flagrante, aunque se oculte detrás de un barniz “progresista”. Es de lo más reaccionario que puede haber hecho Petro.

La CSJ fue puesta contra la pared: ustedes no tienen otra salida, no pueden escoger entre candidatos de sexos, orientaciones jurídicas y políticas diferentes. La que escojan será siempre lo mismo: una funcionaria del petrismo militante. ¿Exageración? Las hojas de vida muestran que las tres suelen interpretar la ley a su antojo y con criterios ideológicos. La terna tiene, pues, tres nombres, pero es monolítica, no plural, ni matizada.

Un presidente de la República que, por esa vía, influye o controla a la Fiscalía, entidad que está obligada a adelantar la acción y la persecución penal, puede poner en la cárcel gente inocente y sacar al mismo tiempo de la prisión a los peores criminales. La presión que ejerce así el mandatario sobre la ciudadanía, el electorado y los funcionarios del Estado es excesiva. Sin mencionar a los miembros del Congreso quienes también pueden ser blanco de campañas de diverso calibre. ¿Esa configuración no viene a ser una forma de “vertical del poder”? ¿No es regresar a la baja Edad Media?

Viviane Morales Hoyos, la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal general (2010-2012), corrigió a Petro con mucha razón el 20 de febrero pasado: “Desde el punto de vista constitucional, ni la elección de fiscal es un derecho del presidente, ni mucho menos la terna que presenta el presidente es ‘su’ terna, como si fuera propiedad privada de él. Todo lo contrario, la elección por parte de la Corte Suprema de Justicia de una terna presentada por el presidente es el derecho del pueblo a que la Corte le garantice un fiscal independiente y no de bolsillo del presidente” (1).

El magistrado Gerardo Botero, vicepresidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, asimismo considera que “la homogeneidad de género” de la terna de Petro plantea un serio problema y pidió que ésta fuera devuelta (2). Desde que lo hizo saber, Botero comenzó a ser agredido. Alguien entró a su domicilio y le robó tres computadores que contenían informes reservados, fallos, pruebas y memoriales de la CSJ. La prensa informó que un hecho similar afectó a uno de sus hijos. Otros magistrados temen ser objeto de seguimientos extraños, de intercepciones telefónicas, etc. El magistrado Botero elevó entonces una denuncia ante la oficina de Margaret Satterthwaite que vela en la ONU por la independencia de los magistrados y abogados.

¿Adelantará ella investigaciones en Colombia? Debería hacerlo cuanto antes. La página web de su despacho dice: “La tendencia mundial es hacia una mayor autonomía y autogobierno [del poder judicial]. (…) Los nombramientos, ascensos y medidas disciplinarias, para que sean la mejor protección para la seguridad en el cargo, deben ser transparentes, predecibles y objetivos.” Otro texto insiste: “De acuerdo con el derecho internacional, el poder judicial debe ser imparcial, políticamente independiente y funcionar sin temor a represalias.”

¿La terna acata esas recomendaciones? La CSJ lo dirá o no lo dirá. Por ahora, lo cierto es que las tres candidatas son personas que mostraron marcadas preferencias de extrema izquierda en sus actuaciones (3). Otro detalle elocuente: Gregorio Oviedo, el marido de una de las candidatas, insulta y pide “cárcel exclusiva” para los periodistas que critican al gobierno de Gustavo Petro. ¿Puede haber democracia con periodistas en la cárcel, sin libertad de prensa, sin libertad de expresión? ¿Puede Amelia Pérez garantizar equilibrio y objetividad en el caso de que sea ascendida a esa función? El malestar entre los periodistas y en el gremio de abogados es visible.

La fiscalía general de la Nación en esas manos podría ser transformada en arma contra las libertades. Como el país constató que la confección de la terna --irregular, anómala y artera--, no encaja con el espíritu y la letra de la Constitución nacional, Petro lanzó una turba enardecida contra el Palacio de Justicia de Bogotá el 8 de febrero pasado, para exigirle a la CSJ que escoja inmediatamente y cobrarle el hecho de que ninguna de las candidatas, en los escrutinios anteriores, había obtenido los 16 votos necesarios para acceder al cargo de fiscal general.

Ekaterina Schulmann, politóloga especialista en regímenes híbridos y opositora en Rusia, dice: “La personalización del poder permite concentrar gran número de prerrogativas, de tomar rápidamente decisiones, incluso muy malas decisiones y aplicarlas sin encontrar resistencia”. Y agrega algo que ilustra lo que vivimos en Colombia: “Esas autocracias viven en una especie de universo paralelo donde la mentira se transforma en realidad. A causa de esa percepción falsa ellas terminan acumulando tantos errores que explotan”.

(1).- https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/viviane-morales-hoyos/la-terna-de-petro-no-es-su-derecho-columna-de-viviane-morales-856540

(2).- https://www.infobae.com/colombia/2023/10/25/consejo-de-estado-admitio-tutela-sobre-terna-para-fiscal-pero-nego-suspender-la-eleccion/

(3).- Los perfiles de las ternadas. Ángela María Buitrago: En septiembre de 2010, el fiscal general Guillermo Mendoza Diago, la retiró del cargo por negligencia en la atención de sus obligaciones por haber abandonado decenas de procesos. Ella protagonizó el mayor escándalo judicial de Colombia: en 2007, privó de libertad al coronel Alfonso Plazas durante ocho años y seis meses, mediante la utilización contra él de pruebas y testimonios falsos. En 1985, tras 28 horas de combate, Plazas logró rescatar el palacio de justicia de Bogotá tomado por terroristas del M-19 (estos asesinaron 26 magistrados, 7 empleados y 14 miembros de la fuerza pública). La Corte Suprema de Justicia declaró en 2015 la inocencia del coronel Plazas. La condena en primera instancia del coronel Plazas había sido arbitraria. Entre los varios delitos cometidos por la fiscal Buitrago está la declaración de “desaparición forzada” de Norma Constanza Esguerra, atribuida por ella al coronel Plazas. Sin embargo, en 2015, gracias a las pruebas de ADN, los legistas establecieron que la señora Esguerra no había sido desaparecida pues había muerto en el Palacio de Justicia y su cadáver había sido mal repertoriado por Medicina Legal.

Luz Adriana Camargo: Hizo parte del equipo de Iván Velásquez, exmagistrado auxiliar de la CSJ y hoy ministro de Defensa. En Guatemala, ella participó con Velásquez en una comisión internacional (2013- 2019), que terminó expulsada de ese país por una serie de abusos, encarcelamientos y persecuciones contra personas inocentes. El activismo de ella al servicio de Iván Velásquez y de varias ONGs de orientación marxista es conocido.

Amelia Pérez Parra: Cuenta también con el respaldo del actual ministro de Defensa, Iván Velásquez. Como miembro de la Fiscalía obró para que ésta desvinculara, contra todas las pruebas, a las FARC de la matanza de 36 civiles y 200 heridos en el Club El Nogal de Bogotá en 2003. Durante esa investigación abandonó el cargo y se refugió en Canadá. Dejó de ejercer el derecho durante 10 años. Su militancia de izquierda es conocida. Nada se sabe de sus actividades en el exterior.

La eventual nueva fiscal deberá continuar la instrucción de casos ultrasensibles como el del presunto robo de dineros calientes por Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Petro, como la investigación por presunta violación de los topes electorales de la campaña “Petro presidente”, como los escándalos de corrupción de Odebrecht y las denuncias presentadas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsas acusaciones de sus adversarios políticos.