El presidente Petro, envuelto en graves acusaciones por el escándalo de las maletas con dinero en que se vieron envueltos dos de sus principales alfiles, Laura Sarabia y Armando Benedetti, y en el que se produjo, presuntamente, el suicidio del coronel Dávila, a falta de un contrincante al que pudiera inculpar de estar detrás de todo lo malo que le estaban descubriendo, no encontró a alguien más apropiado para reverdecer sus iras que el expresidente Uribe. Recurso ideal para desviar la atención, en lo que es muy hábil Petro.

Previo concurso de la JEP, fue interrogado con toda la parafernalia del caso, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso que, como de la nada y sin pruebas distintas a su palabra, acusó al expresidente Uribe de ser copartícipe en la creación del paramilitarismo y corresponsable de horribles crímenes. Después, el convocado fue el otrora jefe del Bloque Bolívar, alias “Macaco” quien habló en la misma línea. Como quiera que el efecto buscado no se dio en la medida pretendida, Petro, presuntamente, sacó un as de su manga, nombrarlos asesores de paz invocando su falsa “paz total” y con el compromiso, presunto, de enlodar al expresidente Uribe.

En la medida en que los escándalos del presidente Petro se incrementan y adquieren tanta gravedad como que podría iniciarse un juicio político en el Congreso, creció la necesidad de hallar un personaje en quien descargar el peso de las tragedias del país, y como en sus viejos tiempos, su brújula le señaló que había que retrotraer a Uribe como sparring.

Recordemos que Uribe visitó a Petro una vez electo, para manifestarle que él haría con su partido, el Centro Democrático, una oposición basada en argumentos y que no apelaría a la confrontación personal. Uribe ha sido fiel a ese compromiso, hasta el punto de sufrir, en principio, el beneficio de la duda y hasta críticas fuertes de personas que lo han apoyado.

Pero Uribe no es un líder que se quede quieto y sea ajeno al acontecer político. Con motivo de las elecciones regionales y locales en octubre, se echó sobre sus hombros la campaña de su partido y sus candidatos a alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y hasta ediles. Ha recorrido el país por todos sus costados, incansable, con discursos ajenos al odio sin apelar a la demagogia, proponiendo, incluso, llegar a acuerdos en algunos temas con el gobierno Petro. El resultado de esta gran faena democrática ha sido tal, que Uribe ha resurgido del ostracismo, ha recuperado su antiguo lugar como gran referente de la política nacional.

De modo que estamos en presencia de un fenómeno en el que la imagen de un Uribe recargado crece en la misma proporción en que decae la del presidente Petro por motivos de amplio dominio.

Y es en este punto, precisamente, en el que, contra toda lógica jurídica y a contrapelo de la no comprobación de las pruebas en su contra y del reconocimiento del Tribunal Superior de Bogotá de tal insuficiencia, que el expresidente Uribe es llamado a juicio en el caso que lo enfrenta a uno de sus más enconados enemigos y verdugos, el reconocido vengador de la izquierda, senador Iván Cepeda.

Detener el avance de la campaña que con gran éxito adelanta el expresidente y distraer a la opinión pública de los escándalos que comprometen al presidente es lo que se puede deducir del conjunto de maniobras y decisiones que coinciden en la misma meta. Provocaciones, como las del intelectual progre Uprinmy quien cree tener el derecho de insinuar responsabilidades criminales al expresidente y estar a salvo de que le respondan.

Y  mirando en una amplia perspectiva temporal, no podemos dejar de constatar que la extrema izquierda, las Farc-ep, el exM-19, los elenos y hasta líderes progre y ONGs de izquierda, desde décadas atrás, se han coligado con el objetivo de eliminar de una forma u otra a Álvaro Uribe Vélez, y que la inclemente persecución se remonta a su mandato como gobernador de Antioquia.

Tal parece que en nuestra Colombia no existiera la presunción de inocencia para Uribe, y si en cambio la presunción de culpa. Se nota en las consideraciones de magistrados que han invertido el principio de que quien debe demostrar la culpabilidad, en primer lugar, es el acusador-demandante y no su inocencia, el acusado. No es casual que en días recientes el gobierno y otros de sus detractores hayan aprovechado el tema de los falsos positivos para cerrar el cerco contra el expresidente y eliminarlo políticamente por vía de montaje judicial.

A Uribe lo trataron de asesinar varias veces, y no pudieron. Lo quisieron sacar del juego político a punta de groseros debates en su contra propiciados entre otros por Petro y Cepeda, le organizaban mítines insultantes en todas las ciudades de países que visitaba como presidente, pero, no lo doblegaron. Un magistrado lo hizo encarcelar como si Uribe no hubiera atendido todos los llamados de los jueces. Ha sido y es objeto del odio más enardecido en las redes mamerto-comunistas, petristes y progre, en ambientes intelectuales de marxistas de todos los colores. Sus enemigos predican el amor al prójimo, a la vez que desencadenan furiosos ataques y amenazas de guerra contra él y sus seguidores.

A Uribe lo quieren eliminar enviándolo a la cárcel ya que no pudieron asesinarlo ni fulminarlo políticamente. Lo necesitan como la encarnación del enemigo absoluto, porque el odio contra él es lo que une a las siempre divididas izquierdas y por haber liderado la desmovilización de los grupos paramilitares y la derrota estratégica de las guerrillas.

Darío Acevedo Carmona, 8 de octubre de 2023