En paralelo, en plenas conversaciones con el Gobierno, las reincidencias y las disidencias de las Farc ponen carros-bomba, trafican sin descanso, asesinan civiles. Todo ello mientras que hay certeza, por cuenta de las declaraciones de Juan Fernando Petro, de que él y Danilo Rueda negociaron apoyos electorales de los bandidos en campaña y en las cárceles. Para rematar, Petro rompió otro límite: negocia con las bandas de narcos puros como si fueran guerrillas, busca para ellos los mismos beneficios e incluso, un paso más, les ofrece quedarse con parte de su fortuna.
Dirán que negociar con los violentos es ya una práctica tradicional en nuestro país. Es cierto, aunque habría que advertir que no hay antecedentes de ceses del fuego que no hayan ordenado también parar todas las actividades delictivas. Hay que seguir insistiendo en que impedirle a la Fuerza Pública operar contra los violentos mientras ellos siguen delinquiendo es abiertamente inconstitucional porque, por un lado, no permite que militares y policías cumplan con sus funciones y, por el otro, deja en indefensión a los civiles.
Pero además de cierto también es un error y un problema. Es un error porque los hechos han demostrado que las negociaciones con los violentos no alcanzan la meta, la paz, que se supone las justifican. Desde mediados de los ochenta han tenido lugar negociaciones, una tras otra, sin que haya terminado el conflicto armado ni haya disminuido la tasa de homicidios. Por el contrario, la caída de esa tasa, cuando la hubo, se debió a la acción efectiva de militares y policías contra los violentos y contra el narcotráfico. En este siglo ese descenso se frenó tras la firma del acuerdo entre Santos y las Farc.
También es un error porque las negociaciones se han normalizado en la mentalidad colectiva. La sociedad ha terminado por asumir que lo usual, lo normal y lo correcto no solo es dialogar y pactar con los bandidos sino romper el principio de igualdad frente a la ley para darles mejor trato que a los ciudadanos que sí respetan la ley. En Colombia ya no solo no se rechaza la idea de no sancionar a los asesinos, de dejarlos impunes, sino, peor, tampoco repugna darles beneficios jurídicos, políticos y económicos que quien siempre ha respetado la ley, quien jamás ha delinquido, no tiene y no puede aspirar a tener.
Y todo ello es un problema porque las negociaciones, los pactos y la impunidad de los criminales son un incentivo perverso para nuevas violencias, enseñan que delinquir no solo no tiene castigo sino que además trae beneficios que no se tendrían si se cumple la ley. Peor es el mensaje, además, cuando las negociaciones se hacen con quienes ya han tenido la oportunidad de aprovechar la “generosidad" del Estado y se negaron a hacerlo, las disidencias, o con quienes traicionaron lo que en su momento pactaron, las reincidencias. Los violentos saben que no importa que delito cometan ni cuando lo cometan, tarde o temprano de nuevo el Estado se arrodillará frente a ellos.
Por otro lado, es un problema porque hay otra enseñanza perversa, otra macabra lección: si se ha de delinquir, que sea mucho y en grupo. Lo poquito de justicia que hay en Colombia para un delincuente que opera solo o con un pequeño grupo desaparece del todo cuando los criminales son muchos. Lo que asegura impunidad total y beneficios es hacer parte de una banda grande, matar mucho y por mucho tiempo.
Es también un problema porque distrae, hace perder el foco de las soluciones reales: primero, fortalecer a militares y policías y hacer uso legítimo de la fuerza, combatir hasta derrotar a los violentos, mostrando a todos que el crimen no paga y sí tiene sanción, y, segundo, luchar contra el narcotráfico sin cuartel. El narcotráfico, no deberíamos olvidarlo jamás, no es solo la razón de ser de todos los grupos violentos sino además la fuente inagotable de su financiación, lo que les permite sobrevivir y los fortalece. Y Petro, so pretexto de la paz, se entregó a los narcos.
Finalmente, es un problema porque las negociaciones y los beneficios para los violentos van en contra de la razón fundamental del Estado, proveer justicia y seguridad a sus ciudadanos, socava el estado de derecho y erosiona la democracia, rompiendo el principio de igualdad frente a la ley, que se expresa también en el axioma de igual sanción para igual delito, para premiar al criminal. En semejante términos no hay civilización posible.
