El combate contra el desmantelamiento del orden constitucional --que Petro y sus grupúsculos locales buscan con el apoyo de los poderes extranjeros que dirigen la ofensiva global contra Colombia--, incluía hasta ahora a una parte de la clase política, a la oposición parlamentaria y a los editorialistas y formadores de opinión en las redes sociales moderadas. Esa resistencia cuenta ahora con dos altos funcionarios, valientes y firmes. Esa aparición es saludada por muchos, pero, sobre todo, merece la solidaridad militante y activa de todos los que se oponen a la destrucción de la civilización en Colombia.

Por pura convicción jurídica y por un alto sentido de la función pública, los ciudadanos Cabello y Barbosa no aceptan ser convertidos en un instrumento ciego de Gustavo Petro. Este pretende hacer de la presidencia de la República, un poder absoluto, omnímodo, ante el cual  el poder judicial y el poder legislativo, así como la prensa, la empresa privada, los gremios económicos y el mundo intelectual deben inclinarse devotamente.

Esa terrible visión de Colombia, que Gustavo Petro quiere hacer pasar como una simple “reforma política”, es inaceptable. Los actos que tal visión proyecta serán rechazados por las mayorías.

La Constitución colombiana reposa sobre dos principios tutelares: la libertad política y la separación de poderes, los cuales son limitados y controlables. En Colombia ningún poder es una rueda suelta, ni es ilimitado, ni puede aplastar a los otros poderes, ni a la sociedad. “No hay trazas de libertad si el poder que juzga no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. (…) Entre los turcos, esos tres poderes se concentran en la mesa del sultán, y reina allí un afrentoso despotismo”, escribía Montesquieu en 1748.

Petro se tumba físicamente sobre los destinos del país como si una siniestra Constitución le autorizara tal conducta. Aunque esa Constitución no existe, Petro pretende que el Fiscal y la Procuradora general, y detrás de ellos todo el andamiaje institucional, deben validar sus órdenes arbitrarias. Por ejemplo, la de dejar en libertad a delincuentes, encarcelados y condenados o en vía de ser juzgados por haber cometido crímenes mayores durante años y no solo durante la insurrección extremista de 2021. El exige la excarcelación de 16 integrantes y voceros de bandas de derecho común: de las “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada” de “Los Pachencas” y de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, también conocidas como “Clan del Golfo”. Esas órdenes petristas, las más bochornosas hasta ahora, no serán las únicas si los poderes judicial y legislativo, y el pueblo, aceptan que las reglas de derecho sean reemplazadas por absurdas movidas y actos de corrupción de ese calibre. 

El menor acto de cobardía institucional, de hecho y de derecho, será capitalizado por esa administración. No ponerle freno a ese liquidacionismo logrará la destrucción de Colombia. Nada más, pero nada menos.

“La paz no está por encima de la Constitución”, respondió a tales designios Margarita Cabello. Ella, en buena hora, rechaza la suspensión de las órdenes de captura contra los delincuentes detenidos de la llamada “primera línea” y otros que Petro quiere premiar tres veces: dejándolos libres, fijándoles unos magníficos sueldos y dándoles el grotesco título de “voceros de paz”.

“No voy a pasar por la historia de este país como aquel que le validó [a Petro], sin razones jurídicas y sin ningún tipo de consideración, la liberación a personas que, en este caso, son parte de organizaciones criminales y también son los que han matado a los líderes sociales y a los reincorporados. No voy a firmar ningún tipo de solicitud”, afirmó por su parte el Fiscal General Francisco Barbosa, el 18 de enero.

Desde Davos, Petro les respondió con altanería y trató de hacer valer sus fantasías. Él estima que la procuradora incurre en una “profunda equivocación, porque quien ordena la paz como un derecho fundamental es la Constitución de Colombia”. En ese sentido, advirtió que “todos los funcionarios públicos, incluidos ella y yo, debemos obedecer” ese mandato. Y remató con el estribillo de siempre: el Fiscal y la Procuradora son partidarios “del odio y de la guerra”.

Todo eso no es más que un sofisma: “El artículo 22 de nuestra Constitución nos ordena hacer la paz”, dice el presidente. Inexacto: la Constitución no ordena hacer la paz a cualquier precio. Ella proclama: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Petro interpreta eso erróneamente: dice que “Todo servidor público debe guiar su actuación en función de hacer la paz”. Falso.  Cumplir el deber de la paz exige el respeto de un marco jurídico. La paz emana de la Constitución. La Constitución no es un residuo de la idea de paz. La vía para “hacer la paz” no puede ser la violación de la Constitución. ¿Qué podríamos decir de un presidente que, para “hacer la paz”, desmantela las defensas del país y les abre avenidas a los enemigos de la paz? ¿Qué paz alcanza él de esa forma? La paz de los sepulcros, la paz de la opresión.  

Dar a criminales el título de “gestores de paz” es agregar fuerza a la violencia, a la destrucción de la paz. Un criminal no puede ser jamás un mediador, un árbitro, un conciliador. Ese actor debe inspirar respeto y confianza. El objetivo de Petro es movilizar facciones atroces para imponer sus reformas.

Hay otro elemento de lenguaje en el planteamiento de Petro destinado a ocultar la gravedad de lo que ocurre. El llamado de atención al jefe del ejecutivo de parte del Fiscal General y de la Procuradora General es descrito por algunos como un “choque de trenes”. Lamentablemente, la prensa cándida traga entero. Esa fórmula impropia banaliza el intento de Petro de avasallar el poder judicial. Un choque de trenes es un accidente, no un crimen. Allí prima el error sin intención. La ofensa de Petro al derecho público es algo muy diferente. No es un accidente. Es un acto político y un frío uso de instrumentos. No hay choque de trenes pues no hay colisión de dos proposiciones: solo hay un abuso de poder y un acto para corregir ese abuso. Barbosa y Cabello no discuten con Petro, no buscan convencer a alguien que debería conocer la Constitución. Un presidente sin claridad constitucional que se atreve a todo debe ser vigilado de cerca.