No habían terminado de cerrar en Caracas el “primer ciclo de conversaciones” de paz con la narco-guerrilla ELN, sin haber llegado a acuerdo alguno, cuando ésta, sin  avisar a sus agentes en Caracas, decretó una “huelga armada indefinida” contra las poblaciones chocoanas de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Sipi et Novita, donde cerca de 10 000 colombianos, sobre todo de origen africano e indígena, se encuentran ahora aislados, sin poder trabajar, transportarse, recibir alimentos y servicios de salud. El ELN justifica su salvaje “paro armado” diciendo que unos “paramilitares” no identificados asesinaron a Santiago Cáceres, uno de sus milicianos.

El 4 de diciembre pasado, Gustavo Petro había anunciado que el ELN aceptaba que los pobladores de amplias regiones de Chocó y Risaralda regresaran a sus tierras de donde habían huido hacia Bogotá ante la violencia ejercida contra ellos por el ELN y otros grupos armados. Con la historia del nuevo “paro armado” tal acuerdo se fue a tierra, así como el clima de pseudo confianza que existía para el diálogo de “paz total” en Caracas. Ahora los diálogos seguirían en México sin que nadie haya decretado un alto al fuego. ¿Qué nuevas sorpresas prepara el reacio ELN?

El gobierno no hablaba de paz con esa banda (2 500 miembros, según los expertos) desde el 17 enero de 2019. Ese día, un feroz y súbito ataque en Bogotá del ELN, con un carro-bomba, mató a 22 estudiantes de la escuela de Policía General Santander.

El nuevo “paro armado” del ELN ha desatado críticas de la oposición y del mismo gobierno izquierdista. Según los estudios de la Ong Indepaz, sólo unos 20 grupos armados de los 90 que existen en Colombia están dispuestos a participar en lo de la «paz total». Lo que ocurrió en Caracas no invita a participar en esa movida. Paz total habrá si los 90 grupos firman y dan pasos serios de desmovilización. Por ahora, el ELN muestra no querer ni lo uno ni lo otro. El botín es enorme para abandonarlo.

El cese bilateral de fuego, promovido por Gustavo Petro, fue rechazado por el ELN y emerge como otro obstáculo a un acuerdo. Incluso surgió una divergencia entre el Palacio de Nariño y su embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien resultó estar de acuerdo con la postura del ELN. Este quiere, además, convencer a Washington, a través de las negociaciones, de levantar las extradiciones que existen contra sus jefes por narcotráfico, que ellos llaman “persecuciones judiciales”, lo que parece difícil.

El régimen petrista tampoco logró convencer a la opinión pública, ni al sistema judicial, que es una muestra de buen gobierno poner en libertad, mediante decretos de dudosa legalidad, a 130 incendiarios y homicidas del grupo llamado “primera línea”, encarcelados por jueces de la República por las atrocidades cometidas durante los violentos alzamientos urbanos de 2021que dejaron cientos de heridos, mutilados, torturados y muertos en varias ciudades. Ese episodio puede haber abierto una onda de choque en la sociedad que se podría reforzar en el futuro, sobre todo entre Petro y el poder judicial. El nuevo jefe de Estado quiere borrar de un plumazo el trabajo de los jueces y crear, además, por encima de la Constitución y del poder legislativo, una misteriosa fuerza represiva a su disposición con esos energúmenos.

Es un proyecto secreto. Nadie conoce los detalles. La revista Semana solo evoca la integración de un grupo de 120 000 “gestores de paz” asalariados (un millón de pesos mensuales cada uno). ¿Esas falanges estarán armadas?  ¿Que “derechos” sobre la población tendrán? Averígüelo Vargas. Llama la atención un punto: 120 000 es el número actual de miembros de la Policía Nacional. Semana teme que Petro esté formando una fuerza paralela de choque, similar a los “colectivos” que el dictador Maduro lanza contra todo gesto de inconformidad popular.

Ello muestra no la fortaleza sino la debilidad del plan petrista. La desconfianza y la bronca crecen en el país mientras el nuevo régimen fabrica solapadamente un gran garrote contra la población e incluso contra la fuerza pública. “Los 100.000 ‘gestores de paz’ serán activistas políticos (y muchas milicias políticas) al servicio de la eternización de Petro en el poder, pagados con los impuestos de los colombianos”, resumió Enrique Peñaloza, ex alcalde de Bogotá.

El otro episodio que pone en evidencia el carácter pernicioso y destructor del gobierno estalló hace unos días: David Fernández Soler, un elemento de la “primera línea”, discípulo del senador extremista Gustavo Bolívar, envió un video desde el monte. Dice que ingresó a las FARC y que invita a los jóvenes a hacer lo mismo. Y aprovecha ese llamado para amenazar de muerte al periodista opositor Gustavo Rugeles, director del portal web El Expediente. Las redes sociales muestran decenas de fotos de Fernández con el presidente Petro y con la vicepresidenta Márquez y con las otras eminencias del nuevo gobierno. Conclusión: la intoxicación ideológica que esos líderes ejercen está llevando jóvenes a la guerrilla, no a ninguna “paz total”. Gustavo Bolívar fue quien difundió el video donde Fernández declara objetivo militar a Rugeles. El buque petrista hace agua por esa otra tronera.

Tres senadoras de oposición, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, acaban de radicar una demanda. Le piden a la Corte Constitucional que declare inexequible de ley de “paz total” por pisotear los derechos de las víctimas y favorecer a los victimarios. Esa ley tiene dos artículos descaradamente inconstitucionales.

La “paz total” tampoco convence en el exterior. Hace días, 20 expresidentes latinoamericanos firmaron un comunicado en el cual condenan el intento de Gustavo Petro de indultar a los miembros de la “primera línea”: “Se estará configurando un debilitamiento progresivo de la independencia de poderes”, dicen.  La defensa que hace Gustavo Petro del depuesto golpista peruano Pedro Castillo deterioró aún más la imagen del colombiano ante los pueblos latinoamericanos.

El debilitamiento del orden público interno es evidente. Los robos, atracos y asesinatos suben en forma dramática en el país y las matanzas de líderes y actores civiles continúan sin que Petro y su impopular ministro de Defensa quieran formular una estrategia para quebrar esa pesadilla. La fuerza pública está prácticamente maniatada por el nuevo gobierno y las consecuencias son gravísimas. En noviembre pasado, la Defensoría del Pueblo reveló que, desde el comienzo de 2022, 199 líderes sociales o defensores de derechos humanos fueron asesinados lo que es “una cifra muy superior a los 136 casos reportados en el mismo periodo de 2021”. Y las exportaciones clandestinas de narcóticos siguen creciendo, como lo prueban los crecientes decomisos de drogas en Europa.

A finales de noviembre pasado, una vasta operación internacional desbarató un “súper cártel” de drogas que controlaba un tercio del tráfico de cocaína en Europa y arrestó a 49 sospechosos en varios países. Según Europol, ello condujo a la incautación de 30 toneladas de cocaína, con arrestos en Francia, España, Bélgica y Holanda. Las autoridades calculan que, si bien en 2020 fueron decomisadas 215 toneladas de cocaína en Europa, otras 500 toneladas llegaron a manos de los narcos instalados en el Viejo Continente.

Y mientras eso ocurre, la destrucción de la economía colombiana sigue discretamente su curso. Este 1 de diciembre, la prensa reveló la existencia de un contrato entre Ecopetrol y una firma española (Eversheds Sutherland Nicea) para facilitar la importación de gas de Venezuela lo que significa arruinar la explotación del gas colombiano en beneficio de la dictadura de Maduro. La representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, advirtió que ese contrato prueba que el Gobierno de Petro –con su ministra Irene Vélez– “no tiene intención de escuchar las alertas que se han hecho sobre el perjuicio que causaría traer gas venezolano cuando Colombia aún goza de autosuficiencia”. Arbeláez concluyó: “Lo que pretenden es que dependamos del gas y de los hidrocarburos de Venezuela”.

Así Colombia va perdiendo libertad, fuerza económica, prosperidad y concordia por cuenta de la acción gubernamental ideologizada que pretende ocultar sus peores acciones tras la quimera de la “paz total”.

En todo caso, eso de la “eternización de Petro en el poder” está por verse. Castillo también lo quería hacer en Perú y terminó en una cárcel.