DIPLOMACIA Y MORAL

El pasado 12 de agosto, Colombia y Nicaragua estuvieron ausentes de la sesión extraordinaria que culminó con una sanción de la OEA a Managua por su violación a los DDHH, especialmente contra la iglesia católica, 7 de cuyos sacerdotes siguen retenidos por la dictadura mientras 18 monjas teresianas han tenido que buscar refugio en la vecina Costa Rica.

El Palacio de Nariño en Bogotá informó de una orden directa y expresa de Petro y su canciller Leyva para tal ausencia, “por razones humanitarias”: 21 presos políticos, entre ellos cuatro aspirantes a la Presidencia y unas 200 organizaciones humanitarias purgadas, entre ella la Academia Nicaragüense de la Lengua. Se habló en el momento de una censura del nuevo canciller, con quien nos encontramos en Lima recientemente. La misma se hizo a puerta cerrada el pasado septiembre 09 y, retractándose, el canciller aclaró que “Se va a firmar una moción de condena en Ginebra junto a 52 países y Colombia va a firmar. Hay que condenar al señor Ortega” “El obispo encarcelado en Nicaragua (monseñor Rolando Álvarez) no tiene nada que ver con el caso de La Haya», remató el diplomático. No mencionó su interés en firmar una carta posterior que adhiriera a la condena mayoritaria de la OEA. En el entretanto, la justicia argentina investiga a la dictadura centroamericana por crímenes de Lesa Humanidad.

Desde el pasado 21 de septiembre, Ortega-Murillo había nombrado su embajador en Colombia, un veterano diplomático con experiencias en Irán, Yugoslavia, Ecuador y Costa Rica. El 3 de octubre, el recientemente nombrado embajador de Colombia en Managua, se posesionó. Algo turbio pero discreto, corre entre Petro y Ortega-Murillo, vía Leyva y Muñoz.

EL ASUNTO GEOPOLÍTICO

El 4 de octubre, la Corte Internacional de Justicia de La Haya conminó tanto a Colombia como a su contraparte nica, a que eviten consideraciones estrictamente técnicas sobre la solicitada extensión de 200 millas de Zona Económicamente Exclusiva adyacente a los cayos e islas circundados por el nuevo mar nicaragüense, lo que podría extender la soberanía del país centroamericano a proximidades a Cartagena. La misiva, dirigida a Arrieta y su coagente Cepeda, quienes renunciaron a los pocos días de la llegada de Petro a la presidencia, deja al canadiense Donald M. McRae, juez ad hoc de Colombia ante la CIJ, como el pilar visible de la defensa jurídica del país frente al embate consistente de Nicaragua. A escasas semanas de una nueva ronda de alegatos, no se sabe aún quiénes serán los designados para representar a la nación en La Haya, generando una gran incertidumbre sobre los intereses geoestratégicos de Colombia en su soberanía marítima.

En una charla con el Almirante en retiro Roberto Serrano, nos explicó los eventuales aportes novedosos que su hijo, establecido en La Haya desde que dejó la Escuela Naval, podrían hacer gracias a la aplicación de un artículo de la reglamentación de la misma Corte, que permite revisar fallos a la luz de nuevos descubrimientos. Escuchado por Almirantes retirados asesores del grupo legal autocesado, no parece que tales hallazgos hayan sido lo suficientemente sólidos para convencerlos. El fallo de los 75 mil kilómetros cuadrados de mar quedará en firme el próximo mes de noviembre.

Tanto Petro como su canciller oportunista, guardan silencio mientras los militares retirados y activos, primeros interesados en la soberanía nacional y la ciudadanía en general, miran con preocupación el futuro inmediato. ¿Perderemos la soberanía económica de esa parte marítima del Caribe? ¿Se armará un rifirrafe aeronaval, ahora que Rusia hace fuerte presencia en Nicaragua, con el apoyo de Cuba y Venezuela? Aprovechando la afinidad ideológica con Petro, Maduro, Díaz-Canel y Ortega-Murillo, ¿“dejarán así” este litigio estratégico?

Aislada moral y diplomáticamente, la dictadura no pasa por su mejor momento y será difícil encontrar en el futuro una Nicaragua más propensa a ceder en sus intereses geoestratégicos en el mar caribeño. Difícil perspectiva para la geopolítica regional, decidida desde Europa, desde donde se insiste en un Tratado binacional.