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Alfonso Monsalve Solórzano

A medida que avanza este torbellino que es el gobierno del presidente Petro, el caos se apodera de Colombia. Directivas políticas incendiarias sustituyen las leyes de la república y paralizan las instituciones que deben garantizar el orden requerido, para que el país funcione con la normalidad que se requiere para que haya paz social. El gobierno de la paz total, contrario a su prédica, está incubando, en mi sentir, de manera calculada, el enfrentamiento violento entre los colombianos y la destrucción del país, mediante la permisión de la agresión de los derechos de distintos sectores sociales o, incluso, de la comunidad toda, para generar la crisis total que imponga la revolución, en aplicación del adagio leninista–maoísta, según el cual no hay construcción sin destrucción; versión simplificada de la dialéctica hegeliano–marxista, según la cual la lucha de contrarios, y el triunfo del nuevo sobre el viejo, es el motor de las cosas y de la historia.

Por ejemplo, ha puesto en práctica lo que Mao Tsetung llamó “retozos” populares, por allá en los años veinte del siglo XX, cuando justificó los excesos de campesinos quienes ajusticiaron a los propietarios de las tierras que invadían, y destruían sus bienes, bajo la dirección del Partido Comunista Chino, con el argumento de que siglos de opresión y explotación bien valían tales acciones violentas. Solo que, en nuestro caso, es el gobierno mismo quien propicia las situaciones de hecho, impidiendo que las autoridades actúen, con la directiva de Petro y su ministro Velásquez, de que no se puede actuar en defensa de los ofendidos hasta que el diálogo entre propietarios  -cualquier cosa que esto signifique cuando una turba enardecida se está apoderando de los predios de alguien a quien amenazan con retaliaciones- e invasores se dé, sin término definido, mientras la mancha de las tomas se expande en el campo colombiano y ya está llegando a las ciudades, dejando en claro  que no se trata de acontecimientos espontáneos, sino de una estrategia, en la que se dice, participan grupos armados de todas las marcas, vinculados al narcotráfico.

Y los “retozos democráticos” están ya presentándose, como no, en la minería ilegal, que en el Bajo Cauca antioqueño bloquea y saquea los camiones de carga e impide el paso de las ambulancias que transportan heridos graves, mientras esperan el consabido diálogo, ante la mirada impotente de la policía, como en los escabrosos tiempos de los bloqueos, de Buenaventura, por ejemplo, en este caso, con el visto bueno implícito del gobierno. Todo en el contexto de un gobierno que se dice enemigo de la minería y de la destrucción de la naturaleza; claro, con mirada selectiva, porque hay que ver la destrucción atroz de los mineros ilegales, reyes del mercurio, que ahora, con gracia progresista, los funcionarios llaman los “territorios”, en el lugar mencionado, pero también en el Chocó y la selva amazónica.

Y, a propósito de esta, los narcotraficantes están felices, porque en su catilinaria en la ONU, Petro acusó a los venenos imperiales de destruir la Amazonía con químicos para combatir la coca, pero se le olvidó el pequeñísimo detalle de que quienes desde siempre han contribuido a destruir, y no de manera menor, esa selva, pero también, los parques naturales, los resguardos, los bosques tropicales y los “territorios” destinados al pan coger, son los narcotraficantes encarnados en los grupos ilegales de todas las denominaciones; quienes, además, son los generadores de la muerte, la violencia, el despojo, el reclutamiento de menores y la violación de nuestra infancia, adolescencia y generadores de la adicción, en esos lugares, para no hablar de la muerte y la tragedia que se sufre en las ciudades a causa de las guerras del microtráfico y la adicción progresiva de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, que no hay mayor ciego que el que no quiere ver.

La paz total, dice Petro, es con los narcotraficantes, disfrazados de todas las siglas. Y ya sabemos cómo. Dependiendo del acrónimo, desde justicia a la carta de la JEP y participación en el poder, hasta sometimiento con todos los fierros: hoteles comunales, devolución de parte del botín, etc. Yo he defendido, como lo hizo hace muchos años, Álvaro Gómez Hurtado, que hay acabar la guerra contra la cocaína y para eso se debe legalizar la siembra de la coca y la marihuana. Pero hay que hacerlo de manera inteligente y por etapas; la coca, en un principio, para fines comerciales distintos al uso como cocaína. Esto permitiría liberar a las comunidades agrarias del control brutal de los narcotraficantes, utilizar los cultivos para fomentar la industria y la innovación de productos legales, y concentrar el esfuerzo en la persecución de los agentes armados, responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad; todo, mientras la comunidad internacional, incluida Colombia, decide una estrategia común, que puede incluir su legalización. Esto evitaría que nos convirtiéramos en un narco estado aislado del mundo -salvo, claro está la Venezuela madurista y sus aliados internos, es decir, los narcotraficantes colombianos.

Pero lo que ocurrirá ahora, sin ese paso previo, es el aquelarre “democrático”, el “retozo “democrático” por la “paz total” de grupos narcotraficantes llegando al poder, lavando sus enormes activos y asegurando las rutas del narcotráfico, porque jamás renunciarán al tráfico si se mantienen las condiciones actuales. Mientras negocian”, el “territorio” se verá asolado por ajustes de cuentas y aseguramiento de cultivos y de rutas, porque jamás renunciarán ni a aquellos ni a estas, si el control de la situación está en sus manos y sin la participación real de las comunidades involucradas en las siembras. A lo sumo, en algunos casos, habrá un cambio de guardia, como aconteció con la paz de Santos.

No se acabará la violencia, ahora será oficial. Paz total para criminales y pobreza y caos para la mayoría de los colombianos, que perderán, como si fuera poco su sistema de salud. En efecto, la ministra Corcho aseguró que hay que causar una crisis, de manera que la gente sienta la necesidad de cambiar el sistema, que, entre otras cosas, no sé por qué le molesta, si tiene asegurado a más del 98% de los colombianos en un modelo que, como escribí alguna vez, está montado sobre los dos principios comunistas de distribución: Cada uno da según su posibilidad y recibe según su necesidad. Quien tiene, cotiza de acuerdo con su ingreso, y quien no tiene, no paga, pero recibe el servicio.

Ha sido este un sistema que ha tenido numerosas fallas, pero ha ido mejorándose con el tiempo, y mucho. A la doctora Corcho le enfada que haya intermediarios privados, algunos de los cuales han cometido robos y abusos. No obstante, el modelo ha ido depurándose y la competencia y la vigilancia estatal hacen que se vayan mejorando los servicios, contrario a lo que piensa la ministra, que desea volver al control estatal de los recursos, que produce un barril sin fondo de burocracia y amiguismo, como ocurrió con el antiguo Instituto de Seguros Sociales. La salud de los colombianos a punto de una crisis inducida por una activista que pone la ideología por encima de los hechos, como quien pone unos zapatos 36 a un pie 42. Los retozos “ideológicos” de la siquiatra Corcho.

La suma de todos los retozos -falta incluir la reforma pensional y la reforma tributaria- es la suma de todos los desastres. Los colombianos debemos pensar en cómo detener esta avalancha y organizarnos para resistir para no perder nuestro sistema democrático, claro, está, de manera pacífica y en los términos de la Constitución.

 
Publicado en Columnistas Nacionales

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