Para marchar, los colombianos tenemos suficientes razones, entre ellas:

Para protestar por la grave situación de inseguridad, zozobra e indefensión que vive la nación dado el aumento de la delincuencia, la violencia y el vandalismo, como resultado de la falta de autoridad de un gobierno que se muestra más cercano a los delincuentes que a los ciudadanos.

Marchar, para exigir que se hunda el proyecto de reforma tributaria, por ser absolutamente innecesaria, regresiva, recesiva e inflacionaria, y que antes que hacer más justa y equitativa la tributación, la convierte en causa de más desempleo y pobreza, e impacta y castiga sin compasión y rudeza los sectores más vulnerables, y en nada, combate la elusión, la evasión y la corrupción.

Marchar, para exigir respeto por la propiedad privada y protección para quienes de manera lícita y con justo título la ostentan.

Marchar, para pedir judicialización, condena y castigo de quienes invaden tierras, queman cultivos, y destruyen y arrasan lo que no les pertenece.

Marchar en repudio a la indiferencia y tolerancia del Gobierno, ante el asalto y saqueo de camiones con productos agrícolas provenientes del campo y de bienes de fábricas y puertos.

Marchar, en rechazo a la pretensión de Petro, de utilizar el ahorro de los colombianos depositados en los fondos de pensiones, para financiar el indelicado, abusivo e irresponsable gasto de un gobierno sin norte.

Marchar, en defensa del sistema nacional de salud, en rechazo a la intensión de abolir las EPS y en señal de reprobación de la llegada de frustrados médicos cubanos, caracterizados por su desactualización e inexperiencia-

Marchar, para repudiar la conducta dócil y obsecuente de la mayoría de los miembros, de un Congreso plegado a las obtusas ocurrencias de un gobernante errático, que no cesa de demostrar su incapacidad y torpeza.

Marchar, contra la desvergonzada pretensión de Petro, de hacer de Colombia un narcoestado, donde se legalicen los cultivos ilícitos, se despenalice la producción de cocaína y se legalice el blanqueo de capitales del narcotráfico-

Marchar, en rechazo a la mal llamada paz total, que pretende perdonar crímenes, premiar delitos y gratificar fechorías, lo que incentivaría la violencia y la delincuencia.

Marchar, en protesta por el indulto que Petro pretende dar a la banda narcoterrorista del ELN y perdón a sus atrocidades y delitos de lesa humanidad.

Marchar, en rechazo a la complicidad de Petro con la criminal, ruinosa y moribunda dictadura cubana, así como con los regímenes dictatoriales de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua.

Marchar, para protestar por la ayuda económica que Petro pretende darle a Maduro, importando gas de Venezuela a pesar de las holgadas reservas que tiene la nación.

Marchar, contra la política exterior de Petro, que insulta y agravia a la comunidad internacional, maltrata las naciones e irrespeta a organizaciones internacionales que tanto han ayudado a Colombia.

Marchar, en señal de protesta por la decisión de Petro de nombrar a Maduro, como garante de un nuevo sometimiento de la democracia a los criminales, esta vez, a la pandilla terrorista del ELN.

Por estas razones, y por muchas más, la nación debe marchar en demostración de rechazo a un gobernante, que, en menos de dos meses, ha dado suficientes muestras de estar perturbado y de ser incapaz y mezquino, así como huérfano de nobleza y grandeza, y obsesionado por destruir la democracia.

Por mi parte, con profunda convicción cívica, jurídica y académica, marcharé en defensa de la democracia y sus instituciones republicanas, hoy, amenazadas por el remedo de presidente que padecemos; también marcharé, en señal de rechazo a los múltiples despropósitos y desvaríos de su gabinete, conformado en su mayoría, por cuestionados e incapaces ministros, y por varios funcionarios que han sido destituidos, investigados y condenados por corrupción.

Las Fuerzas Armadas y la Policía, tienen la obligación de proteger a todos los ciudadanos que marchen, y de repeler y neutralizar a quienes por vías de hecho pretendan impedirlo. Es previsible que muchos no lo hagan, por temor a la violencia o a las represalias de Petro. Es claro que la nación ya se siente amenazada e intimada por Petro y su horda vandálica.

Nunca antes como ahora, la continuidad de la democracia se había visto tan seriamente comprometida.

*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.