No hay duda de que Velásquez es un militante de izquierda y que tiene un pasado controversial en el que se destacan la denuncia de Tasmania, que sostuvo que el nuevo ministro le ofreció beneficios judiciales a cambio de salpicar a Álvaro Uribe, entonces presidente de la República, su visita al Tuso Sierra con el mismo propósito, y su expulsión de Guatemala por, decían sus críticos, actuar de manera parcializada y con claro sesgo ideológico.
Pero, más allá de ello, son sus opiniones sobre la Fuerza Pública las que causan zozobra y deben despertar todas las alarmas. Velásquez, en pleno paro, hablaba de "acciones criminales de la policía nacional”, sostenía que había “policías asesinos” y que “deberían estar presos”, sostuvo que en Bogotá había ocurrido una “masacre” por cuenta de la Policía, que esta había actuado “de manera idéntica en decenas de lugares distantes” y que tal cosa “muestra que la represión y las muertes obedecen a una política institucional”. Ha dudado de la capacitación y profesionalidad de las Fuerzas Militares y ha sostenido que "la cuarta parte de los “generales del ejército están comprometidos en actos de corrupción” y que tienen “relaciones delictivas con el clan del Golfo y la oficina de Envigado”. Tampoco se frena para afirmar que los grupos armados ilegales vinculados con el narcotráfico son “paramilitares" y que las actuaciones del clan del Golfo "esconden la indiferencia o la complicidad del Estado”.
Lo que dice demuestra de manera inequívoca que Velásquez presume la responsabilidad de los policías y militares en los delitos que se les imputa, que para él los uniformados no tienen presunción de inocencia ni merecen un juicio con todas las garantías del estado de derecho, que cree que los errores y los delitos de algunos uniformados son parte de una política institucional, que son corruptos”, que la Policía comete masacres, que los grupos vinculados con el narcotráfico, como el clan del Golfo, son “paramilitares" y que el Estado es cómplice de ellos. En cambio por ningún lado se encuentran condenas al Eln o a las Farc.
Por otro lado, Velásquez no sabe nada sobre los oficios y cultura de militares y policía o sobre los asuntos de defensa y seguridad, los ejes del Ministerio, aunque para ser justos esa ignorancia ha sido la constante de la mayoría de los civiles nombrados en ese despacho, con algunas excepciones.
Ese es el nuevo ministro de Defensa. Un hombre que no solo no respeta ni admira a la Fuerza Pública sino que está lleno de prejuicios sobre ella, que le tiene inquina a la Policía y malquiere a los militares, ignorante de su tarea, y a quien, en cambio, los descomunales crímenes de las guerrillas no le merecen reproche.
El nombramiento de Velásquez es una clave y un pésimo presagio. Para despejar cualquier duda que hubiera, devela que, más allá del discurso del "acuerdo nacional” (en realidad un pacto clientelista y corrupto, de acceso al presupuesto y a la contratación), la agenda de Petro es extremista y vindicativa. Mientras que engatusa a los medios y a la opinión con su aparente disposición al diálogo, pone radicales en posiciones fundamentales para el desarrollo de su agenda.
Velásquez, ya lo ha dicho, va a trabajar para sacar a la Policía del Ministerio de Defensa. A estas alturas, será el menor de los daños. Más complicado es el mensaje de que los policías son asesinos, ellos y los militares corruptos, y todos están vinculados con los paramilitares.
Aún más graves serán los efectos sobre la Fuerza Pública, la defensa nacional y la seguridad ciudadana: la ruptura profunda de la confianza de militares y policías y el gobierno, ya afectada por el hecho mismo de que sea Petro el presidente; la picota pública para generales y oficiales superiores, retirados y en activo, que serán acusados de los más diversos delitos y retirados de las Fuerzas sin fórmula de junio (una “depuración” que querrán aparecer como ética pero que será política e ideológica); la ausencia de defensa institucional para los uniformados; el intento de adoctrinar a los uniformados; el desmantelamiento de lo poco que queda de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia; la paralización de las acciones militares y policiales.
Si a todo ello se suman las políticas de “perdón social” y negociación con los criminales, de suspensión de la erradicación forzada y la extradición, y de legalización de las drogas, el panorama será devastador: fortalecimiento del narcotráfico, del Eln, de las Farc y de los grupos armados ilegales, y un disparo de la violencia, del homicidio, del despojo de tierras y propiedades, de la delincuencia en general. Los ciudadanos desprotegidos y a la merced de los bandidos.
